Aula Segura, deserción, revisión de beneficios y sistema de admisión: los ejes de una nueva interpelación al ministro Ávila

Un déjà vu. Apenas en julio de 2022 el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, vivía su primera interpelación como secretario de Estado y hoy, poco más de siete meses después, los ojos nuevamente estarán puestos sobre el titular de la cartera: impulsado por la UDI, Chile Vamos avanza para utilizar otra vez esta herramienta. El cuándo no está claro, pero sí que lo intentarán durante marzo. “Será en un par de semanas”, dicen en las huestes de oposición, donde este martes tendrán una reunión de bancada para afinar los detalles de la estrategia para esta nueva ofensiva.

Y si el 20 de julio pasado los principales temas abordados fueron el cierre anticipado del semestre, la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la violencia en los establecimientos educacionales, esta vez los argumentos para interpelar al profesor de Castellano apuntan a la deserción escolar, el Sistema de Admisión Escolar (SAE), Aula Segura y el retraso, a ojos de Chile Vamos, en la instauración de la mesa de trabajo que se fijó en la Ley de Presupuestos que debe convocar el Ejecutivo y que durante el primer trimestre debería entregar un reporte sobre la revisión de las condiciones para acceder a los beneficios de gratuidad universitaria, evaluando especialmente las implicancias de conductas graves de violencia en los últimos años de la educación media o superior, según se lee en el punto 17 de la referida partida.

La indicación original de la UDI señalaba que todos los estudiantes sancionados por Aula Segura no podrían acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior durante el plazo de un año. Esto se rechazó por un voto en la Cámara Baja, pero las negociaciones luego llevaron a que se acordara en la comisión mixta la conformación de una mesa de trabajo que revise las condiciones para acceder a los beneficios.

La no instalación de la mesa, aun cuando según quedó escrito debe presentar sus resultados “al Congreso Nacional durante el primer trimestre”, es lo que acusan ahora desde la UDI los impulsores de esta nueva interpelación, lo que utilizarán como uno de los argumentos para hacerlo. Como el protocolo quedó establecido en la Ley de Presupuesto, creen en la bancada, no cumplir con la mesa de trabajo sería incumplir con la ley. “Lo más probable es que el Ejecutivo -una vez más- termine incumpliendo de manera muy grave esta ley, lo que demostraría la complicidad histórica que tienen con los grupos violentistas que se han dedicado a destruir la educación pública de nuestro país, a vista y paciencia de las autoridades de turno”, expone el diputado Sergio Bobadilla (UDI), el elegido para llevar adelante la interpelación en caso de ser aprobada.

“Los compromisos están para cumplirse y las leyes para aplicarse. Por eso no vamos a permitir que el gobierno se desentienda de lo acordado en la Ley de Presupuesto, donde quedó expresamente establecida la obligación de evaluar la entrega de beneficios en la educación superior para quienes participaron en actos de violencia en sus establecimientos. Esperamos que el Ejecutivo cumpla con lo establecido y no se acostumbren a doblegar el texto expreso”, suma el diputado Eduardo Cornejo (UDI), quien como integrante de la comisión de Educación solicitará que dicha instancia oficie a los ministerios de Hacienda y Educación para conocer en qué fecha se creará la mesa de trabajo.

Pero no lo es todo. Los argumentos para la interpelación también apuntan a la disminución de las ocasiones en que se ha utilizado Aula Segura en casos de violencia escolar y que a ojos de quienes pretenden interpelar al ministro Ávila, él no ha hecho lo suficiente por propiciarla. Incluso, se ha mostrado contrario a ella.

Asimismo, las alarmantes cifras de deserción escolar y los problemas con el SAE que se evidenciaron desde el año pasado con apoderados haciendo largas filas para conseguir un cupo en algún colegio, serán los otros ejes de esta nueva ofensiva, la que, según señalan conocedores de las tratativas, ya cuenta con el respaldo de todo el resto de diputados de Chile Vamos, algo que fue acordado previo al receso legislativo, así como que esta ofensiva la hará la UDI (Jorge Alessandri ya llevó adelante la de julio pasado) y una próxima, Renovación Nacional.

“Lamentablemente, durante el último año (el gobierno) ha demostrado su absoluta complicidad con los overoles blancos, y ahora que tienen una tremenda oportunidad en sus manos de discutir si les quitamos o no los beneficios en la educación superior, pareciera que no les interesa”, dice el diputado Cristián Labbé (UDI). Y cierra: “El ministro de Educación tiene una responsabilidad directa en esta materia”.

Consultado al respecto, Ávila señala que una nueva interpelación “es una atribución de la Cámara y siempre hemos estado disponibles para responder a las inquietudes de los parlamentarios. Hoy estamos enfocados en recuperar los aprendizajes y lograr que los niños vuelvan a clases”.

Vale recordar que la interpelación es una herramienta con la que cuenta la Cámara de Diputados, que no acarrea sanciones y que consiste “en formular preguntas a un ministro de Estado acerca de materias vinculadas al ejercicio de su cargo”. Para ponerla en tabla requiere de 52 firmas, y para ser aprobada, de 52 votos a favor. En ese caso, la asistencia del secretario de Estado interpelado es obligatoria y debe responder directa y personalmente a las preguntas.