Aún no hay acuerdo: ministro Elizalde confirma nueva prórroga para Comisión para la Paz

A menos de un día para que la Comisión para la Paz y el Entendimiento termine su trabajo, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde confirmó a La Tercera que la instancia acogió una nueva prórroga para extender su funcionamiento.

La idea para alargar el plazo, argumentó el ministro, es para que “se arribe a un acuerdo sustantivo. De hecho, ya se ha avanzado mucho, y esta es una materia que se va a resolver a través de la vía reglamentaria”.

“La comisión debe tener todo el tiempo necesario para arribar a un acuerdo, y la verdad es que podríamos decir que hay un acuerdo sustantivo, pero ya centrado en ciertas ingenierías y detalles que requieren un poco más de tiempo, porque si finalmente la comisión hace propuestas que sean transversalmente apoyadas, vamos a sentar el primer paso para resolver un tema y un problema que se ha postergado desafortunadamente por mucho tiempo, por décadas, incluso por siglos”, agregó.

Eso sí, entendidos en el tema sostienen de que el nuevo plazo que se dará para redactar un acuerdo deberá ser definido durante los próximos días por los propios comisionados, puesto que las decisiones deben ser tomadas por unanimidad y según las necesidades de la comisión.

Aún así, hasta la tarde de este jueves la instancia no había llegado a un acuerdo. Es más, los comisionados se encontraban definiendo la manera en cómo se haría oficial la extensión de su trabajo. Una de las razones centrales sería debido a que no habría consenso en cuanto a la restitución de tierras.

Quienes conocen los pormenores del debate de los comisionados señalan que este es el factor más importante que incidió en la prórroga de la instancia, y el mismo que ha generado los debates más candentes de la instancia en su año y siete meses de funcionamiento.

Quienes saben del debate sostienen que la comisión cuenta con un catastro de las tierras comprometidas en al menos cuatro regiones. Según datos a los cuales tuvo acceso La Tercera, en las conversaciones se ha cifrado en 358 mil hectáreas las tierras que deberían ser restituidas, las que -en todo caso- incluyen las 320 mil hectáreas que ya cuentan con un certificado de aplicabilidad de la Conadi.

Las mismas fuentes señalan que el gasto fiscal que tendría el plan propuesto por la comisión asciende a los US$ 3.200 millones y que la cifra ya fue conversada con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Uno de los problemas que han advertido a algunos de los comisionados es que la cifra de restitución de tierras no considera las llamadas “tierras ancestrales” que son demandadas por las comunidades y que dispararían el número de hectáreas consideradas para la restitución.

La extensión eso sí ya había sido solicitada anteriormente por la senadora Carmen Gloria Aravena (republicanos), quien a través de una carta dirigida al secretario ejecutivo de la instancia, Víctor Ramos, y los dos copresidentes, el senador Francisco Huenchumilla y el excanciller Alfredo Moreno, buscaba tener más tiempo para revisar el documento final que se entregará al Presidente Gabriel Boric.

Una acción más tajante fue la presentada por el también comisionado Sebastián Naveillán (presidente de la Asociación de Agricultores Malleco), quien solicitó extender el trabajo de la comisión hasta marzo, con el propósito de involucrar a todos los actores, refiriéndose a la industria forestal, a la que según expone solo se ha invitado a dialogar dos veces.

“Hasta la fecha no hemos alcanzado acuerdos concretos; únicamente hemos avanzado en conversaciones preliminares que no nos permiten aún ofrecer una propuesta sólida y acorde con las expectativas que los habitantes de la zona sur tienen respecto de nuestra labor”, se lee en la misiva a la cual tuvo acceso este medio.