“Autorizo total acceso a mis cuentas y solicito tener calidad de imputado”: presidente de Democracia Viva reaparece en tribunales y ficha a cuatro abogados defensores

Fue la tarde del pasado 20 de junio cuando desde la Fiscalía Regional de Antofagasta confirmaron la apertura de una investigación -de oficio- respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la misma región con la Fundación Democracia Viva, lo que desencadenó una serie de acciones y diligencias con miras a esclarecer si hay hechos que reviertan características de delito.

La causa que generó un verdadero terremoto político al interior del oficialismo, se mueve entre Antofagasta y Santiago, pues es en estas ciudades donde se cerraron los tres contratos entre Democracia Viva y el Serviu por un total de $ 426 millones. Y es en la capital donde reapareció uno de los principales actores del caso: Daniel Andrade Schwarze, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), y representante legal de la ONG.

Ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el ingeniero civil presentó un escrito para solicitar ser parte en la investigación, en calidad de imputado, y también poner a disposición de tribunales las copias de los cuestionados contratos.

“Atendida la existencia de una querella criminal interpuesta en este procedimiento en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de cohecho agravado y fraude al Fisco, en cuya relación de hechos se alude directamente a mi persona, debido a que, en mi calidad de representante legal y presidente de la fundación sin fines de lucro denominada ‘Democracia Viva’, suscribí, entre los meses de septiembre y octubre del año 2022, con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta (SEREMI Antofagasta) y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta (SERIVU Antofagasta), tres convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria y diagnósticos socio territoriales y planes de intervención de diversos campamentos ubicados en la ciudad de Antofagasta, por este acto solicito a que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales”, parte diciendo, el también militante RD.

Andrade le pidió al tribunal accediera lo solicitado y ser considerado como interviniente en la causa que tramita la Fiscalía en calidad de imputado. Además, manifestó su voluntad de colaborar con la indagatoria. Por lo mismo, expuso en el escrito, al que accedió La Tercera PM: “Ofrezco poner a disposición del Ministerio Público todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación, autorizando desde ya y de forma expresa el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas bancarias que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado, tales como depósitos, transferencias, captaciones u otras operaciones”.

Andrade se había mantenido al margen de la polémica, y no había aparecido desde que estalló la causa. Es más, una vez que el escándalo escaló, tomó la decisión de renunciar como asesor del Ministerio de Defensa, donde trabajaba desde octubre del año pasado.

En su presentación ante el tribunal, quien también fuera dirigente estudiantil adjuntó las copias de las escrituras notariales en que se constituyó la Fundación Democracia Viva, como también las resoluciones de los contratos entre la ONG y el Serviu de Antofagasta.

Además de eso, adjuntó la “copia de documento denominado ‘Protocolo para suscripción convenios con instituciones privadas sin fines de lucro’, elaborado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta para fijar criterios que propendan a la eficiencia, eficacia y correcto uso los recursos públicos, en las transferencias efectuadas a terceros, en particular a las instituciones privadas sin fines de lucro, fijando ciertos requisitos mínimos necesarios para la suscripción de convenios y transferencia de recursos”.

Para su defensa, Andrade también hizo presente la designación -a través de un patrocinio y poder- de cuatro abogados que conformarán su defensa: José Figueroa Elgueta, Germán Cueto Etcheberry, Juan Pablo Roncone Muñoz y Diego Sporman Uribe.

En paralelo a la presentación de Andrade, la Fiscalía sigue derivando diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI , entre ellas, una solicitud de antecedentes al Ministerio de Vivienda, sobre cómo se llevó a cabo el proceso de trato directo que sellaron los millonarios aportes.

Pero, además, el fiscal a cargo de la indagatoria, Cristian Aguilar, notificó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a fin de que emprenda las acciones que considere necesarias.

“Fue puesto en conocimiento, respecto de la apertura de la investigación, el Consejo de Defensa del Estado, para los efectos de que ellos adopten las medidas que sean pertinentes de acuerdo a la esfera de sus competencias”, comunicó el persecutor junto con confirmar que se indagan presuntos delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

De esta forma, el fiscal también remitió los primeros antecedentes que han podido recabar, los que ya están en manos de los abogados que integran el Comité Penal del organismo encabezado por Raúl Letelier.

Según comentan fuentes de dicha instancia, los profesionales se tomarían alrededor de dos semanas para ponderar los antecedentes y luego exponerlos ante los consejeros del citado comité: María Inés Horvitz, Daniel Martorell y Alberto Espina. Así, posteriormente, serán ellos quienes definirán si el CDE se hace parte en la causa que hoy tiene a Revolución Democrática en el ojo de los cuestionamientos.

Con los elementos disponibles hasta ahora, de acuerdo a antecedentes recabados por La Tercera PM, los consejeros estarían mirando con ojos críticos lo ocurrido, puesto que al menos en las formas, “todo sería muy extraño y grave”.

Si bien los profesionales aún no hacen un análisis acabado de los antecedentes, como advierten altas fuentes del organismo, lo más probable es que se hagan parte, pues estiman que hay indicios de tráfico de influencias que los obligarían a tener que actuar.

Les llama la atención, de acuerdo con los mismos personeros, que Democracia Viva -comandada por la ahora expareja de una influyente diputada RD, Catalina Pérez- se posicionara con gran rapidez, “de la noche a la mañana” y que se le asignara una gran cantidad de recursos sin que demostraran, como comentan profesionales a este medio, experiencia en el área.

Además de allanamientos en distintos puntos de interés para el caso, el fiscal a cargo de la indagatoria también solicitó documentación al ministro de Vivienda, Carlos Montes, que podría resultar clave para dilucidar quiénes estarían involucrados en la trama de los aportes hechos a Democracia Viva. Por lo mismo, a las 9.30 horas de mañana miércoles el secretario de Estado se reunirá con el persecutor.

Y como informó este medio, el militante socialista entregará el detalle de los funcionarios contratados por la Fundación Democracia Viva y que, de manera anómala, prestaban servicios al mismo tiempo a la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Aquello, como informaron desde la cartera, como parte de los detalles contenidos en un informe que solicitó la semana pasada el ministro a un equipo especial de la repartición que encabeza y entre quienes estuvieron el director del área jurídica, profesionales de la contraloría interna del ministerio, del equipo de finanzas y especialistas en asuntos vinculados a campamentos.

Eso, como él mismo detalló, además de dar a conocer “todos los antecedentes y contratos suscritos por el Minvu desde que se suscribieron los primeros convenios. Esto es desde 2019 en adelante”. El plazo para entregar lo requerido, vence el jueves.