Aviso de bomba en cierre de campaña de Galilea: exdiputado Camilo Morán es imputado y formalizado por supuesto boicot al timonel de RN

En los partidos políticos es sabido que al momento de tener elecciones internas, siempre aparecen sorpresas, jugarretas y cuando se enfrentan las listas para quedarse con el control del partido los militantes pueden ser capaces de todo. Eso, que suele ser casi que una historia cliché, en RN se transformó en un caso judicial y que llegó directamente hasta el Juzgado de Garantía de Linares.

Esta es la historia de cómo un aviso de bomba en el cierre de campaña del entonces candidato a presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, terminó con un exconcejal y exdiputado RN imputado y formalizado por el delito de dar falso aviso de bomba.

El caso se remonta a agosto de 2023. Eran cerca de las 19.00 del 17 de agosto cuando el senador Galilea se encontraba en pleno acto de cierre de campaña en el centro de eventos del Club de La Unión de Linares.

Lo que se supone iba a ser el hito más importante del candidato que buscaba ser el sucesor del expresidente Francisco Chahuán terminó en un caos. La tarde de ese jueves se recibió un llamado anónimo por teléfono que dio la peor alerta posible: la presencia de un artefacto explosivo en el club.

Con la supuesta bomba, el club se desalojó de inmediato y se generaron una serie de “graves desórdenes públicos, dada la conmoción causada por la aglomeración de público presente”.

El desastre del cierre de campaña culminó en una denuncia en Carabineros y luego Chahuán presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Linares. El caso lo tomó en primer lugar la policía uniformada, pero luego cuando la Fiscalía abrió la causa y envió la orden de investigar a la Brigada de Robos de la PDI.

El caso terminó en manos de la fiscal jefa de Linares, Carola D’Agostini. Para sorpresa de RN la persecutora en vez de dejar morir el caso en uno de los cajones de su oficina, se propuso seguir la pista del número telefónico que dio el aviso de bomba y reconstruir paso a paso dicha llamada hasta llegar al responsable del aviso.

La alerta, según consta en los informes policiales de la PDI, lo hizo un hombre que se identificó como Antonio Quiroz, quien dijo que a él le avisaron de la existencia de una bomba por otro número telefónico. Ambos número telefónicos, el del supuesto Antonio Quiroz y el de la otra persona fue la hebra que la fiscal D’Agostini tiró hasta llegar al final.

El número asociado al supuesto Antonio Quiroz, según la PDI, en realidad correspondía a otras personas de apellidos Esparza Esparza. A su vez, el otro número telefónico, del que supuestamente avisó por primera vez de la bomba, la policía civil revisó que correspondía a un número asignado a Pakistán.

La fiscal revisó los números IMEI asociados a cada celular y con eso pudo ir trazando el historial de quienes habían tenido ambos números. Con todo eso sobre la mesa, el Ministerio Público ofició, a través del Juzgado de Garantía de Linares, a la empresa WOM para que entregara “los tráficos de llamadas, de antenas, datos de subida y bajada, Azimut, conexiones Wap-Web, MMS, tasa residual de datos de geolocalización” de uno de los números “a partir del mes de enero del año 2023 y hasta la fecha en la que sea proporcionada la información”.

Cuando Wom entregó la información de vuelta, la Fiscalía pudo constatar que ese celular estaba asociado con llamadas recibidas de otros tres números: uno de Entel, otro de Nextel y un tercero que era CENCO, la Central de Comunicaciones de Carabineros que fue la que activó el procedimiento policial cuando se recibió el aviso de la bomba.

Cuando la PDI rastreó el número Entel que apareció en el mapa, la Fiscalía obtuvo su primera respuesta. “Se estableció la pertenencia de estos teléfonos a una persona determinada, identificando que corresponde a Camilo Morán, chileno, 33 años, casado, administrador público”. El otro celular Nextel “corresponde a César Vega, chileno, 44 años, soltero”. Luego, en uno de los escritos de la Fiscalía se menciona que “a través de las redes sociales se pudo observar que Camilo Morán participa activamente en el partido Renovación Nacional, que estaba apoyando a Paulina Núñez, contrincante de (Rodrigo) Galilea en las elecciones internas de este partido, y que ha mantenido contacto con César Vega”.

La senadora Núñez se enfrentó en septiembre de 2023 al senador Galilea en un reñido balotaje, luego de que en la primera vuelta perdiera la lista que encabezaba Carlos Larraín y la de la senadora María José Gatica.

La mención a Morán remeció las filas internas de RN. El administrador público fue concejal por Lo Prado entre 2016 y julio de 2020. Milita en el partido desde los 18 años y forma parte de su comisión política. En 2017 fue el jefe de campaña del exdiputado Mario Desbordes y desde 2018 se desempeñó como su jefe de gabinete. Por eso cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera llamó a Desbordes para que asumiera como ministro de Defensa, fue Morán quien ocupó su escaño en el Congreso.

Actualmente, Morán es director de Desarrollo Comunitario y Social de la Municipalidad de La Florida, que encabeza Daniel Reyes.

Con todo eso, el Ministerio Público volvió a pedir más información a las compañías telefónicas, con la intención de revisar el tráfico de llamadas. Cuando esa información se remitió a la Fiscalía, la persecutora tuvo más pistas, tal como lo consignó en un escrito que está alojado en el expediente judicial: “Se ha verificado el registro de llamadas salientes y entrantes del 17 de agosto de 2023, lo que ha permitido identificar a la mayoría de los individuos relacionados a los números telefónicos que interactuaron con el sujeto bajo investigación, entre los que se encuentran el nombre de Paulina Núñez, actualmente senadora y que correspondía a la otra opción en las elecciones para presidir el partido Renovación Nacional del año 2023″.

Con todos esos antecedentes la fiscal D’Agostini se formó la convicción de que Morán era el responsable del falso aviso de bomba que afectó el cierre de campaña del senador Galilea. Por eso, a fines de diciembre del año pasado, ingresó un escrito al tribunal de Linares para “disponer la realización de una audiencia en fecha próxima a objeto de formalizar la presente investigación en contra de Camilo Morán por la participación y responsabilidad que le cabe en el delito de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad previsto y sancionado en el artículo 268 bis del Código Penal”.

Cuando Morán fue notificado de que estaba imputado, a inicios de enero, fichó al penalista Eduardo Riquelme para que lo defendiera en la causa. El exdiputado fue formalizado este miércoles en una audiencia que llevó la jueza Paula Sánchez. Ahí el Ministerio Público expuso todos los hechos y antecedentes que llevaron a concluir que “quien hizo ese llamado fue el imputado Camilo Morán”.

Pese a los antecedentes de la Fiscalía, la defensa descarta cualquier tipo de participación en los hechos que se investigan. “Mi cliente señala que es completamente inocente de los cargos que se le están formulando, que no existe ninguna prueba que lo vincule y está dispuesto a llegar un juicio oral para acreditar su inocencia”, afirma Riquelme a La Tercera.

Lo mismo es reafirmado por Morán: “Aunque es naturalmente doloroso e injusto verme sometido a esta acusación sin sustento, tomaré con total seriedad y disposición, esta instancia de formalización para desacreditar la acusación. Quiero ser claro y no dejar ningún manto de duda: soy absolutamente inocente de los cargos e imputaciones hechas por el Ministerio Público. Tal y como lo he señalado, tengo una trayectoria pública intachable y de servicio público, como concejal, diputado y funcionario público. No me cabe duda que hay gente tratando de sacarme del camino, pero con una imputación tan ridícula no lo van a lograr”.

La magistrada fijó en cuatro meses la duración de la investigación y decretó las medidas cautelares de firma mensual ante Carabineros y la prohibición de salir del país. En RN, en tanto, declinaron emitir comentarios sobre la situación que afecta -al menos en esta etapa procesal- a uno de sus militantes, pero fuentes del partido dicen que remitieron los antecedentes al Tribunal Supremo.