A casi dos semanas desde que estallaran las protestas en distintas localidades en Perú, luego de la destitución del Presidente Pedro Castillo, el departamento de Ayacucho se encuentra en el centro de atención debido a que concentra el mayor número de decesos por la represión de los soldados: hasta ahora nueve fallecidos tras los incidentes ocurridos el jueves pasado.

Ante esta situación, la Mandataria Dina Boluarte anunció en una ronda de entrevistas en la televisión realizada el domingo, que las muertes no solo se investigarán en el fuero civil. “La fiscalía ya ha intervenido, están haciendo las investigaciones pertinentes. Antes de venir a tu programa, me he reunido con el jefe del Comando Conjunto para que las muertes en las protestas se puedan investigar en el fuero militar. Ninguna muerte es aceptada, y me duele…”, dijo la presidenta en el programa Cuarto poder.

Sus declaraciones generaron una controversia, dice el diario La República. Esto porque -según indica el abogado Carlos Rivera, consultado por el periódico- en noviembre de 2004, a raíz del caso Pomatanta, la Corte Suprema resolvió que las violaciones de derechos humanos son de competencia exclusiva de la justicia común (Fiscalía y Poder Judicial). Además, indica que la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también dice lo mismo.

La capital de la región de Ayacucho se convirtió el viernes en la zona más letal de las protestas de Perú, en las que se exige se convoque a elecciones generales, y a varios residentes los acontecimientos de la víspera les evocaron el sangriento pasado de violaciones a los derechos humanos ocurridas en esta región.

En los enfrentamientos del jueves en Huamanga intervino el Ejército cuando algunos manifestantes buscaron ingresar al aeropuerto de Ayacucho. Todas las víctimas murieron baleadas: siete con disparos en el tórax y una con un tiro en la cabeza, según datos de la fiscalía. Mientras que otra persona que estaba con heridas graves, falleció el sábado.

Distintos medios reportaron que en las calles del centro histórico de Huamanga podían verse el viernes fogatas en diversas esquinas. Numerosos grupos de manifestantes chocaron con la policía de esa ciudad en medio de una ola de protestas en diversas partes del país, que hasta el momento suman al menos 24 muertos y más de 200 heridos.

“Estamos volviendo a esos años tan dolorosos”, dijo a The Associated Press Rocío Leandro, lideresa del frente de Defensa de Ayacucho, organización que expone las demandas de la población a las autoridades. Se refería al período sangriento de 1980 a 2000 en que se produjo el conflicto armado interno de Perú, en el que se registraron graves violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de uniformados.

En letalidad le sigue la cercana región de Apurímac, donde han muerto seis personas, la mayoría adolescentes, varios de ellos aún en la escuela secundaria.

El gobierno regional de Ayacucho responsabilizó de las muertes a Boluarte y le pidió renunciar junto a sus ministros de Defensa e Interior. También exigió dejar de usar armas de fuego y cesar a la actual mesa directiva del desacreditado Parlamento, para instalar un gobierno de transición que debe ser asumido por el eventual nuevo presidente electo del Congreso.

Durante la exposición que hizo sobre los hechos violentos en Ayacucho, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas justificó el uso de fuerza en la región, consigna el diario La República. Según los protocolos de necropsia de las víctimas mortales, la mayoría pereció por impactos de arma de fuego en el tórax y el estómago. El Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF), del 15 de marzo de 2020, que define la actuación de los uniformados en situaciones de estado de emergencia, prohíbe el uso indiscriminado de las armas de fuego, indicó el periódico.

“Hemos sido en ese espacio de tiempo, hemos sufrido ataques tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas de parte de estos malos peruanos”, dijo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Manuel Gómez de la Torre.

En medio de este contexto, los ministros de Salud, Justicia y Agricultura del nuevo gobierno peruano viajaron hasta Ayacucho para intentar establecer un canal de diálogo con los dirigentes de los manifestantes. En este sentido, la titular de la cartera de Salud, Rosa Gutiérrez, dijo que supervisarán el traslado de tres pacientes del Hospital Regional de Ayacucho a Lima para recibir atención médica especializada.

Gutiérrez se ha desplazado hasta Ayacucho junto a los ministros de Justicia, José Tello, y de Agricultura, Fabiola Muñoz. “Vamos a establecer un espacio de diálogo con nuestro equipo y queremos llevar lo mejor y sacar buenos acuerdos para la región de Ayacucho”, sostuvo Gutiérrez en declaraciones recogidas por la emisora RPP.

Este viaje se realiza tras una sesión de la presidencia del Consejo de Ministros en la que se evaluaron “acciones desplegadas de atención a la población”.

Ayacucho, dice The Associated Press, formó parte del imperio inca que en el siglo XVI fue conquistado por los españoles. Más tarde fue rebautizada con el nombre que se conoce actualmente, tal vez en referencia a la batalla en la que el Ejército rebelde se impuso en 1824 definitivamente a las fuerzas españolas. Su nombre en quechua se traduce como “rincón de los muertos”, probablemente en honor a las numerosas víctimas de la batalla.

La pobreza de la región -45% de los niños menores de 3 años padece de anemia, según el gobierno- la convirtió en el caldo de cultivo del grupo Sendero Luminoso que aterrorizó a gran parte de Perú. Pero la reacción militar de asesinatos, torturas y agresiones sexuales, todos documentados, ha dejado heridas profundas y rencor en muchos residentes hacia la élite gobernante de Lima, a la que consideran insensible, racista y que no toma en cuenta sus reclamos acumulados desde hace décadas, dice The Associated Press.

En un eco de declaraciones pasadas que estigmatizaban a los ayacuchanos como simpatizantes terroristas, José Williams -quien como presidente del Congreso es el siguiente en la línea de sucesión en caso de que Boluarte dimita- culpó de la violencia a “manos negras” que operan entre bastidores.

“Aparecen en un lugar, en otro lugar y tienen las mismas características”, declaró Williams a la agencia de noticias en Lima. “Hay algo detrás que está tratando de llevarnos a un caos”, añadió el conservador general retirado del Ejército y quien trabajó en Ayacucho en las peores épocas del conflicto armado interno.

El horror de la violencia previa se evidenció hace pocos años, cuando los forenses extrajeron más de 100 osamentas de un terreno junto a la base del Ejército de Ayacucho. Varias habían sido incineradas en un horno que la institución usó durante el conflicto armado para quemar parte de los cadáveres de los que eran asesinados y torturados en la base, casi todos de origen campesino y lengua quechua. Según una Comisión de la Verdad, el conflicto provocó unas 70.000 víctimas.

Justamente ese pasado fue el que recordaron quienes salieron a las calles el viernes para exigir la renuncia de Boluarte, al cantar “Busco a Huamanga”, del grupo Kalamarca, compuesta en 1990 durante la época del terrorismo en Perú.

En el marco de las actuales manifestaciones, el programa de televisión Panorama informó que miembros de Sendero Luminoso y el Movadef, el brazo político del grupo terrorista, habían sido identificados en las protestas. Al menos tres excondenados por terrorismo y otros 30 sujetos vinculados al Movadef estuvieron infiltrados en las protestas desatadas en Lima y otras regiones del país, según la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).