Bachelet a Fiscalía por delitos de lesa humanidad tras estallido social: “A partir del 18 de octubre se produjo un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.”

El 2 de octubre del año pasado, la fiscal que indaga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Chile durante el estallido social de 2019, Claudia Perivancich, despachó a Ginebra, Suiza, nueve preguntas para la alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

La diligencia fue una de las tantas solicitudes de información realizadas a distintas entidades vinculadas a la protección de los derechos humanos que pidió la fiscal, quien tramita más de 20 querellas contra distintas autoridades del país por presuntos crímenes de lesa humanidad, a partir del 18 de octubre de 2019: entre ellas el Presidente Sebastián Piñera, los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; además del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas. Varios de ellos ya han declarado en la causa y para marzo está fijado el interrogatorio al general director de la policía uniformada, general Ricardo Yáñez.

Y fue mientras avanzaba con las distintas pesquisas del caso que la fiscal Perivancich recibió la respuesta al oficio enviado a la alta comisionada, el 10 de diciembre de 2020. En 7 hojas, la exmandataria explicó el rol de la oficina que dirige, cómo fue la visita a Chile y cómo se vinculó con las autoridades del gobierno. “La remisión de esta información se realiza de forma voluntaria, sin perjuicio de, y no debe ser considerada como una renuncia, expresa o implícita, a las prerrogativas e inmunidades de las naciones unidades, incluyendo la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, sus funcionarios y expertos en misiones”, partió advirtiendo Bachelet.

En las primeras preguntas, la alta funcionaria internacional explicó el rol de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos y cómo llevan adelante su trabajo, así como también las metodologías utilizadas en sus informes.

Al momento de ser consultada sobre los datos que fundaron el informe emitido por el organismo el 19 de diciembre de 2020, Bachelet explicó las razones de la visita: “La desigualdad socioeconómica y los obstáculos en el disfrute de los derechos económicos y sociales, la discriminación en contra de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas LGTBTI, los casos de corrupción de funcionarios públicos y las penas leves o la impunidad por casos de corrupción; así como las medidas específicas de autoridades a partir del 4 de octubre de 2019, como parte del contexto de la crisis que resultaron en las protestas a partir del 18 de octubre de 2019”.

También se le consultó sobre las recomendaciones que se realizaron a partir del informe de la Oficina que dirige. Bachelet respondió que “entre otras conclusiones, cabe destacar que el informe concluyó que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la región metropolitana y contextos urbanos”.

La fiscal continuó preguntándole, por escrito, a la expresidenta cómo se estaba haciendo el seguimiento a las recomendaciones hechas por las Naciones Unidades. Al respecto, la alta comisionada explicó que está en curso la elaboración de un documento que dé cuenta del cumplimiento de lo propuesto por la Oficina al Estado de Chile. Según dijo Bachelet a la investigadora, este informe será publicado durante los primeros meses de este año.

Enseguida, la fiscal Perivancich le consultó si la Oficina había sostenido alguna reunión o comunicación con autoridades de gobierno, donde se haya tratado la existencia de violaciones de derechos humanos, cometidas por agentes del Estado, desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha. Además, quería saber si se le había comprometido ejecutar alguna “medida concreta” para prevenir estos “ataques”.

Bachelet contestó: “La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur ha mantenido un diálogo con diversas autoridades para conocer sus versiones, perspectivas y datos sobre las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las movilizaciones en Chile, desde el 18 de octubre de 2019 (…). Además de reuniones regulares con la Subsecretaría de Derechos Humanos, la oficina regional sostuvo reuniones con: la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, el ministro de Salud, el contralor general de la República, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la directora de derechos humanos de Carabineros de Chile”.

Pero la alta comisionada advirtió que “la oficina regional no ha podido sostener reuniones con las más altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, por razones ajenas a la oficina”. En esa misma línea, Bachelet agregó: “Por otra parte, la oficina regional intervino en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, en su reunión del 30 de enero de 2020, expresando su preocupación por casos del uso excesivo de la fuerza (incluso, en contra de manifestaciones pacíficas, observadores de derechos humanos y brigadistas de salud). En esta reunión, la oficina regional solicitó, sin éxito, que las autoridades, en particular a la más alta autoridad del Ministerio del Interior, a tomar medidas concretas para garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se realice en estricto respeto de las obligaciones y estándares de derechos humanos”.

Antes de terminar, la exmandataria apuntó al Ministerio de Salud: “Asimismo, el 6 de febrero de 2020, integrantes de la oficina regional se reunieron con la más alta autoridad del Ministerio de Salud y le solicitaron que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar la protección de brigadistas voluntarios de salud, en respuesta a informaciones que indicaban que habían sido reiteradamente agredidos por miembros de Carabineros de Chile. La solicitud no fue aceptada, indicándose que los brigadistas voluntarios no gozan de estatus oficial/profesional y no están autorizados a ofrecer primeros auxilios”.