Bermúdez nuevamente ante la corte: Consejo de Alta Dirección Pública acusa al contralor de atentar contra la "libertad de trabajo"

El contralor Jorge Bermúdez otra vez se enfrenta con el abogado Ciro Colombara en la Corte de Apelaciones de Santiago. En esta ocasión ya no es la pérdida de confianza con la subcontralora Dorothy Pérez lo que obligará a Bermúdez a dar cuenta de sus resoluciones en sede judicial, sino que la decisión de no dar luz verde al nombramiento de María Soledad Velásquez como directora del Instituto de Salud Pública (ISP), quien llegó al cargo vía Alta Dirección Pública.

Fue a finales de noviembre cuando la Contraloría "luego de revisar exhaustivamente los antecedentes, representó (rechazó) el nombramiento de la directora del ISP por conflictos de intereses". La Contraloría rechazó el nombramiento de Velásquez por la relación que tiene con empresas farmacéuticas. Según el organismo, Velásquez se desempeñó desde 2014 hasta el momento de asumir sus funciones en cargos de gerencia de dos empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de productos farmacéuticos. Además, el ente contralor reparó que Velásquez ejerciera como lobbista representando al holding Sofocar, matriz de Farmacias Cruz Verde.

Sin embargo, Velásquez no quedó conforme. La exdirectora del ISP fichó a Colombara e ingresó a inicios de diciembre un recurso de protección en el tribunal de alzada de Santiago. En su escrito, Velásquez acusa que el actuar de Bermúdez fue "ilegal y arbitrario" y que "afecta la igualdad ante la ley", ya que el contralor estaría interpretando las normas "de manera extensiva, aplicándolas a casos que no están expresamente definidos en la ley", reemplazándolas por "meras consideraciones personales".

A solicitud de la corte, Alejandro Weber, director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, remitió un informe en el cual argumenta cuál es la postura del organismo respecto de la decisión de la Contraloría en el caso de Velásquez.

En el documento, el organismo asegura que el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) ha "permitido que un 50% de los nombrados provengan del sector privado" y que "cientos de los profesionales que accedieron a los cargos de ADP en los últimos años se desempeñaron previamente en empresas o entidades productivas reguladas y/o relacionadas con los servicios públicos a los cuales ingresaron por medio de un proceso de selección". Pero, dice el informe, "sin duda que su labor profesional en las referidas empresas se ejerció sobre la base de favorecer sus intereses generales" y que esto "no representa necesariamente una contraposición ni con el ordenamiento jurídico ni con las bases éticas de nuestra sociedad".

Respecto del caso de Velásquez, el consejo de ADP manifiesta su "preocupación" respecto de la "interpretación que el Sr. Contralor ha dado a las normas que regulan el conflicto de interés en nuestra legislación". También agrega que "el pronunciamiento referido del órgano contralor no indica ni califica el tipo de actividad laboral o contractual que vulnera la normal legal y, a su vez, define que el solo hecho de ejercer la actividad de lobbista o de gestor de intereses particulares permite presumir un actual o futuro comportamiento reñido con la probidad".

Por eso, plantea Weber en su escrito, la decisión de Bermúdez "dificulta el rol de este organismo respecto de la calificación y ponderación que debe hacer de las actividades laborales y contractuales previas de los candidatos a cargos regidos por el sistema de ADP". De aceptarse el criterio, sigue el informe, "la sola circunstancia de que una persona haya sido contratada por dos empresas relacionadas con el ámbito de regulación o influencia de la institución pública a la que postula debe excluirla del certamen de selección". En ese mismo documento se destaca que el trabajo de lobbista es "legítimo" y dada las nuevas leyes "es una actividad pública y visible ante toda la ciudadanía".

La defensa del consejo al trabajo de lobbista continúa: "Las actividades referidas no solo son legítimas, públicas y reguladas, sino que además, no puede afirmarse que el solo hecho de haber desarrollado actividades de lobbista o gestor de intereses particulares genera una causal de inhabilidad para ingresar a laborar a las instituciones a las cuales se desarrolló dicha actividad". Esa interpretación, concluye el organismo, afecta la "libertad de trabajo" y el "derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica".

Incluso, el consejo asegura estar "preocupado" por el hecho de "no contar en nuestro ordenamiento jurídico con normas explícitas que para este caso definan una inhabilidad concreta relacionada con el ejercicio de roles en empresas del rubro, o de lobbista o gestor de intereses particulares".

Consultados por La Tercera PM, la Contraloría volvió a reiterar los argumentos que ya entregó en su resolución en noviembre. "La Sra. María Soledad Velásquez Urrutia se desempeñó desde 2014, hasta el día antes de ser nombrada como directora del Instituto de Salud Pública (ISP), en cargos de gerencia en empresas que se dedican a la producción, distribución y comercialización de productos farmacéuticos y medicinales".

El organismo agrega que "además, ejerció como lobbista o gestora de intereses en diversos asuntos relacionados con el sector salud en general y representó en tal calidad al holding Sofocar, que integra entre otras, a Farmacias Cruz Verde, la cadena farmacéutica con más sucursales en todo Chile".

Por eso, dice la institución que dirige Bermúdez, "dado que, en el ejercicio del cargo le corresponderá ejercer el control sanitario y de fiscalización de los productos farmacéuticos, farmacias y laboratorios, la Sra. Velásquez se vería impedida de intervenir y cumplir en los asuntos inherentes a su empleo". Así, plantea el ente contralor, no se dio curso a su nombramiento ya que "le afectan conflictos de interés de tal extensión o magnitud, que inciden sustancialmente en el ejercicio de sus potestades, lo que hace que en la práctica se haga imposible el normal desempeño del cargo".

De hecho el mismo ministro de Salud, Jaime Mañalich, compartió el razonamiento de Bermúdez. "El Contralor dice que en este caso había un conflicto de interés y yo estoy de acuerdo con él. Él ha analizado el tema y dice 'veo que el ámbito de decisiones que tiene la directora del ISP tiene tanto que ver, influye tanto en las políticas farmacéuticas que una persona que hasta el día anterior se desempeñaba como gerente o lobbista de una enorme compañía farmacéutica va a quedar inhibida y va a ser poco práctica su gestión porque no podrá tomar decisiones'", dijo el titular de Salud el 24 de noviembre en el programa Estado Nacional de TVN.

En el recurso de protección ingresado por Velásquez se solicita a la corte que acceda a una orden de no innovar para dejar sin efecto el actuar de Bermúdez. Sin embargo, el tribunal de alzada lo rechazó. Velásquez, a través de Colombara, insistió con una reposición la cual también fue rechazada.

En la reposición que ingresó Colombara se agrega un anteceente que, según él, refleja que el actuar del contralor fue ilegal. Se trata de la toma de razón del nombramiento de Valentín Díaz Gracia, actual director de la Cenabast, quien también ejerció cargos de gerencia y como lobbista en empresas del rubro. Pero, a juicio de la Contraloría, ambos casos no son comparables.

"La situación de la Sra. Velásquez es diametralmente distinta, ya que su antiguo empleador —Farmacias Cruz Verde— posee el 50% de la participación del mercado. Mientras que el antiguo empleador del Sr. Díaz —Pisa Farmacéutica— tiene menos del 1% del mercado (32 de 15.000 medicamentos registrados). Adicionalmente la Sra. Velásquez registra en Infolobby una serie de audiencias actuando como lobista de Socofar, lo que no ocurre con el Sr. Díaz", afirma el organismo.

Luego agregan que "finalmente, la Sra. Velásquez fue nombrada como directora del ISP, es decir, una autoridad sanitaria con potestades fiscalizadoras que podría incluso cerrar una farmacia. Mientras que la función directiva en Cenabast apunta a ser un intermediador entre los servicios de salud o municipalidades y el mercado de medicamentos".