Boric evalúa fórmulas para levantar el secreto Valech en el marco de los 50 años del golpe

“El ambiente está eléctrico, está cargado”, dijo ayer el Presidente Gabriel Boric a solo días de un nuevo 11 de septiembre, fecha en que se conmemorarán 50 años del golpe de Estado.

Las próximas jornadas tendrán un carácter especial para el Jefe de Estado y su gobierno, desde donde se preparan para -pese a los contratiempos y salidas de libreto del propio Presidente- marcar hitos que estén a la altura de este medio siglo desde el quiebre de la democracia.

Quienes han conversado con él en los últimos días aseguran que está “conmovido” ya por el peso de los números y los ritos que tendrá que liderar como Presidente de la República. Y uno de los gestos que prepara para el 5 de septiembre es la presentación de una agenda legislativa en derechos humanos que contenga avances en materia de verdad, justicia y reparación.

Dentro de esa agenda, según distintas fuentes del gobierno, el Presidente apuesta a anunciar una fórmula que permita -en algún grado- levantar el secreto de los testimonios que en 2003 quedaron plasmados en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como comisión Valech, instancia que por un periodo de seis meses escuchó a más de 36 mil personas y calificó a 27.225 como víctimas de prisión política y tortura.

El Estado asumió en aquella oportunidad, con las personas que dieron cuenta de las distintas formas de prisión y crímenes de lesa humanidad que sufrieron durante la dictadura, un compromiso de no publicidad respecto de los vejámenes a los que fueron sometidos, una determinación que ha sido históricamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y que han pedido reiteradamente revertir.

De hecho, en la Ley 19.992, en su artículo 15, se establece que el secreto del informe será por 50 años. “Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes (...). El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”, dice la normativa.

La idea de levantar el secreto de la comisión también fue planteada por familiares de víctimas de la dictadura, en el marco de los encuentros participativos organizados por el Ministerio de Justicia respecto del Plan de Búsqueda, el que fue presentado esta semana por el Mandatario.

El propio Boric, en su época de diputado, patrocinó una iniciativa que buscaba levantar el secreto de esos archivos en medio de la resistencia de figuras como Ricardo Lagos Escobar, quien promovió la comisión Valech durante su mandato y quien advirtió en 2021 que hacerlo implicaría “quebrar un compromiso del Estado de Chile” y pasar por encima “del respeto que debemos a miles de compatriotas en sus opciones de vida, tras cruzar por los horrores de aquel tiempo brutal”.

Quienes han conocido el contenido de lo que anunciará el Jefe de Estado, aseguran que -hasta ahora- el Mandatario está explorando tres alternativas. Unas con más viabilidad que otras.

La posibilidad de un levantamiento total del secreto es una de ellas. Pero apenas se menciona, fuentes que han conocido del debate interno del gobierno, aseguran que “probablemente no flote”, al ser la opción “más radical”.

La segunda alternativa, según las mismas fuentes, es “anonimizar” los testimonios -vía reglamento-, lo que implicaría una publicidad parcial de esa información con el objetivo de utilizarla como insumo para, por ejemplo, investigaciones judiciales.

Y una tercera, que es la que hasta ahora cobra más sentido para el gobierno, aseguran fuentes de La Moneda a este medio, es que se abra una vía legislativa que permita al Estado de Chile establecer un mecanismo mediante el que las víctimas puedan decidir si quieren o no que sus testimonios sean públicos.

Y sobre esa opción hay -además- un precedente jurídico relevante, sostienen las mismas fuentes. En el gobierno recalcan que ya en diciembre de 2015 la Corte de Apelaciones de Santiago, de forma unánime, acogió un recurso de protección interpuesto en contra de la directora del Instituto de Derechos Humanos de la época, Lorena Fries, a fin de que se entregaran antecedentes de una víctima que había sido reconocida por la Comisión Valech I.

En esa oportunidad, el fallo del tribunal de alzada estableció que la interpretación literal de las disposiciones fijadas por el informe permiten concluir que el secreto no es absoluto, ya que incluye la excepción en favor de los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios.

Se agregó, asimismo, que “la calidad de titular de estos antecedentes por parte de la afectada, emana de la circunstancia de haber sido incluida en la nómina de víctimas elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, como dan cuenta los antecedentes aportados”. O sea, cada persona que declaró o que aportó antecedentes -como se desprende de la resolución- es “dueña” de aquello y puede decidir si quiere o no que esto se divulgue.

Producto de este mismo pronunciamiento, además, en 2018 Consuelo Contreras, en su rol de directora del INDH, también hizo presente que, a esa fecha, ya habían entregado 2.600 carpetas de las comisiones Valech I y Valech II, de un total de 77 mil, a declarantes que las solicitaron.

Aquello responde, como detalló en esa oportunidad, a que algunas de las víctimas reconocidas requieren sus antecedentes para entregarlos a tribunales para aportar en sus respectivos procesos judiciales o iniciarlos, para compartirlos con su familia, y otros simplemente porque quieren guardar sus testimonios.

En medio del debate, en Palacio recuerdan que si bien hay al menos tres proyectos de ley en el Congreso que apuntan a levantar el secreto Valech, hay uno en particular que durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet avanzó hasta segundo trámite constitucional, y que es precisamente el que fue suscrito por el entonces diputado Gabriel Boric, Hugo Gutiérrez, Guillermo Teillier, Matías Walker, Leonardo Soto, Sergio Aguiló, entre otros.

La moción, en concreto, buscaba levantar, parcialmente el secreto de Valech 1: “Mientras rija el secreto previsto (50 años), ninguna persona, grupo de personas ni autoridad tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo (documentos, testimonios y antecedentes), a excepción de los tribunales de justicia, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

Y ante ello, a solicitud de la Cámara y del Senado, la Corte Suprema emitió un informe donde advirtió que “un intento de anonimizar la identidad de quienes sufrieron prisión política y tortura u otros delitos durante el gobierno de facto, más que constituirse en una protección a dichas víctimas, podría erigirse en un nuevo atentado estatal en su contra y la memoria de lo efectivamente ocurrido”.

Eso sí, los ministros también hicieron presente que debería evaluarse requerir el consentimiento de la víctima para la divulgación de su identidad. Aunque de todas maneras insistieron que ello, “teniendo en consideración que con la comisión de crímenes de lesa humanidad, el ofendido es la humanidad toda y existe, por lo tanto, un bien superior y un derecho de la comunidad a conocer la verdad con todos sus detalles”.

Pero aunque en el gobierno reconocen que el levantamiento del secreto vía consentimiento previo es el camino más factible hasta ahora, porque abrirá la opción de recopilar nuevos antecedentes, también dicen estar conscientes de que puede haber dificultades.

Esto, como detallan fuentes de Palacio, porque varias de las personas que declararon ya han fallecido y porque saben que otras no querrán, de ninguna manera, que sus testimonios sean divulgados.

En todo caso, autoridades consultadas por este medio aseguraron que, con cada antecedente nuevo que se pueda levantar, se abre una ventana que permitiría cruzar información y, probablemente, identificar nuevos sitios de interés para búsquedas y recuperaciones.