Boric sorprende y opta por Valencia para fiscal nacional, pese a resistencia de ministras

“Esto no es un gallito entre el gobierno y el Senado”, había dicho el Presidente Gabriel Boric el lunes pasado, confirmando las tensiones que había entre ambos poderes del Estado para la nominación del nuevo fiscal nacional.

Si bien hasta la mañana de este miércoles la carta más probable era Juan Agustín Meléndez -quien se desempeñaba como fiscal regional de Los Ríos, pero asumió en forma interina la jefatura nacional del Ministerio Público-, a la hora del almuerzo varios legisladores del oficialismo y la oposición comenzaron a ser contactados por personeros del gobierno para notificarles que el Mandatario daría un giro en su intención inicial de nombrarlo y optaría por el abogado penalista Ángel Valencia, cuyo nombre era promovido por un grupo de senadores.

José Miguel Insulza (PS), Jaime Quintana (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD-Apruebo Dignidad), Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Manuel José Ossandón (RN) fueron algunos a los que se les comunicó la noticia, la que rápidamente se difundió entre las bancadas al inicio de la sesión, pasadas las 14 horas. El tema fue comentario obligado en la sala, donde varios transmitieron sus reparos a la decisión.

La información que circuló como trascendido provocó la sorpresa y malestar de algunos legisladores, más aún cuando algunas ministras como Antonia Orellana (Mujer), Marcela Ríos (Justicia), Carolina Tohá (Interior) y Ana Lya Uriarte (Secretaría General de la Presidencia) tenían reparos con Valencia o derechamente se la jugaron para que Boric no lo nominara. De hecho, estas objeciones fueron cruciales para que el Mandatario lo descartara en los dos intentos anteriores con las proposiciones de José Morales y Marta Herrera, que fueron rechazados al no contar con el quórum necesario del Senado.

Los reparos se basaban en las aprensiones de grupos feministas por la anterior representación jurídica de Valencia en casos de delitos sexuales, lo que llevó incluso a la ministra Orellana a plantear su preocupación por la presencia del abogado penalista en la quina elaborada por la Corte Suprema, según reveló la titular del Justicia, Marcela Ríos.

Sectores de parlamentarios de izquierda igualmente tenían objeciones con él, pues le atribuían vínculos con grupos económicos.

Además, en el gobierno aseguraban que el hecho de que haya sido parte de la oficina de abogados que defendió a la ministra Tohá en el caso Publicam -que destapó una serie de delitos tributarios y venta de facturas falsas- era un tema sensible y algo que no querían reflotar.

También en el Ejecutivo veían como una complicación su lazo de amistad con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS). De hecho, ambos son “compadres”, es decir, cada uno es padrino del hijo menor del otro.

No obstante, un grupo transversal e influyente de senadores, especialmente los que integran la Comisión de Constitución, venía dando una fuerte pelea con las ministras para que el Presidente lo propusiera.

Incluso, cuando el Presidente se refirió al “gallito”, sus palabras fueron entendidas transversalmente como una alusión a este grupo de senadores que, a juicio del Ejecutivo, querían imponer un nombre. “Lamento que algunos senadores prefieran hacer gallitos con el gobierno o pongan por delante sus apreciaciones personales”, dijo Boric desde Brasil tras asistir a la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

“No se puede forzar al Presidente a tomar una decisión que no es la que le parece correcta”, había dicho previamente Tohá el 22 de diciembre, en alusión a la misma contienda.

Sin embargo, la lectura que había entre senadores es que el actual contexto político (con una acusación constitucional en ciernes contra la ministra Ríos, el golpe que se le dio a la agenda de seguridad ciudadana de Tohá con los indultos y las tensiones con la Suprema) terminó debilitando la posición de La Moneda frente a la presión de los senadores.

En particular, al gobierno le complicaba la postura de dos senadores oficialistas: Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (independiente PPD), quienes se negaban a apoyar un nuevo fiscal nacional que proviniera desde el mismo Ministerio Público, con la apuesta de que solo alguien externo podría provocar un remezón dentro del sistema de persecución penal.

Ambos senadores, además, eran críticos de la gestión de Ríos, por lo tanto, eran dos votos sensibles si es que el libelo contra la ministra de Justicia llegase a la Cámara Alta.

En el caso de la Suprema, la decisión de Boric de optar por Valencia también fue interpretado como un gesto a los magistrados. El abogado penalista obtuvo 17 votos del pleno del máximo tribunal y junto a Morales fue uno de los que obtuvieron más respaldos en ese proceso de selección del Poder Judicial.

En todo caso, el anuncio final demoró más de la cuenta. En la tarde, algunos senadores de RN, entre ellos Ossandón, informaron al gobierno que no apoyarían a Valencia, lo que llevó a algunas ministras a reponer sus objeciones.

A eso se sumó que también comenzaron reparos del propio oficialismo, quienes advirtieron que la decisión dejaba en una posición debilitada a las secretarias de Estado y que el gobierno nuevamente daba un giro respecto a “sus convicciones”. Pese a eso, tras un conteo de votos que se le encargó al senador Araya, finalmente Boric se convenció.

De hecho, fuentes de los partidos de gobierno dicen que el propio Jefe de Estado se comunicó directamente con algunos parlamentarios para transmitirles su decisión, a quienes, de acuerdo a las mismas versiones, les dijo que con Valencia estarían los votos y que su perfil externo al Ministerio Público era lo más conveniente.

El Presidente había partido rumbo al sur pasadas las 16 horas. En el vuelo iba a acompañado de varios ministros y del mismo senador De Urresti (PS), para iniciar una gira de tres días por Los Ríos, lo que también fue leído en el oficialismo como una señal de conciliación con uno de los principales detractores de La Moneda.

En el gobierno -en todo caso- explican que finalmente se optó por el pragmatismo. No se podía volver a asumir un tercer revés y el Presidente tenía la convicción de que no se podía perder más tiempo, dicen las mismas fuentes.

La determinación de La Moneda, sin embargo, no se tomó hasta el último minuto. En horas de la mañana varios senadores señalaban que la ministra Ríos había transmitido que el nombre elegido sería Meléndez. Pero el escenario cambió, según acusan en Palacio, porque la derecha se comprometió y luego retiró apoyos para el actual fiscal nacional subrogante.

En el oficialismo, de todas formas, destacaban lo expuesta que quedó particularmente la ministra Uriarte, quien había insistido en que el gobierno no podía ceder ante el intento del Senado por imponerle el nombre de Valencia al gobierno. De hecho, en el PS y en el PPD admitían que quedaba en una posición debilitada, pero que tampoco iba a tirar el mantel, porque entendía que La Moneda no podía arriesgar una nueva derrota. La ministra Tohá también había criticado en duros términos a la Cámara Alta, recordándole que la atribución de nombrar al fiscal era presidencial.

Tras el anuncio, la ministra Ríos dio un punto de prensa en La Moneda, defendiendo la compleja voltereta del Ejecutivo en la materia.

“Creemos que el país necesita que la tercera sea la vencida”, dijo la titular de Justicia tras estar reunida por casi dos horas con su par de la Segegob, Camila Vallejo, y la Secom preparando salidas políticas y comunicacionales.

Pese a eso, la secretaria de Estado no pudo explicar por qué si Valencia estuvo en la quina desde el inicio no lo nominaron antes y arriesgaron dos derrotas previas. “Nosotros acá lo que nos preocupa son los intereses de los chilenos y chilenas. El Presidente ha sido muy claro en este tema. Esto no se trata de un gallito o de quién gana o quién pierde en la esfera política. Esta es una preocupación de los ciudadanos y ciudadanas y nosotros esperamos que esto avance por eso. No tenemos ninguna preocupación que no sea el bienestar de los chilenos y chilenas como primera preocupación”, dijo al ser consultada sobre si La Moneda cedió ante el Senado.

“No podemos hacernos cargo de trascendidos”, agregó ante las dudas que se habían expresado al interior del gobierno sobre lo complejo que sería nombrarlo al haber sido defensor de la ministra Tohá en el caso Publicam y la defensa que hizo en favor de acusados de violencia sexual.

En La Moneda, en todo caso, recalcan que la decisión del Presidente corresponde a que Valencia es el único que tenía los votos. Esto, pese a que senadores transmiten que también estaban para Meléndez y Palma.

En los partidos oficialistas, en todo caso, si bien esperan que esto pueda destrabar el nudo del fiscal nacional, no escondían que la jugada de La Moneda los deja en una posición “errática” y “debilitada”.

La desazón con el nombramiento, en todo caso, se hizo sentir por algunos. El senador Quintana indicó que “el Presidente elige un nombre con bastante experiencia en la defensa jurídica, pero con muy poca trayectoria en la persecución penal, que es lo que importa. No es fácil comprender los motivos para esta decisión”. Su par del FRVS Alejandra Sepúlveda, en tanto, sostuvo que “hay cosas que sin duda nos complican, cosas que son necesarias aclarar”.

Con la nominación ya zanjada, para el próximo lunes quedaron fijadas las sesiones en las que el Senado procederá a evaluar y votar la nueva propuesta del Mandatario para encabezar el Ministerio Público.

Según informó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Matías Walker (Demócratas), se escuchará primero al candidato que proponga el Mandatario y en la tarde el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), citará a una sesión de sala. De acuerdo a los plazos legales, el lunes 15 de enero es el último día para pronunciarse frente a la proposición presidencial que, hasta el cierre de esta edición, aún no se materializaba.