Boric suma querella en su contra por millonario contrato de su abogado en indagación por fallida compra de la casa de Allende

La Fundación Fuerza Ciudadana, ONG que persigue casos de corrupción, presentó una nueva querella contra el Presidente Gabriel Boric. En esta ocasión, por el delito de malversación de caudales públicos, acusándolo de “dañar las arcas fiscales”.

Lo anterior, a raíz del elevado costo que tendría la defensa del Mandatario en la causa penal donde se indagan eventuales irregularidades en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, y en medio de cual el mandamás fichó al abogado Jonatan Valenzuela por un valor que superará los $ 13 millones.

Por medio de la acción, interpuesta ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y a la cual accedió La Tercera, se cuestiona la utilización de fondos públicos para la contratación -por trato directo- “por el monto de 350 UF (más de 13 millones de pesos)”, lo que fue propuesto como honorarios por el mismo profesional.

Y es que además, como se releva en la querella -que fue declarada admisible durante la jornada de este miércoles-, en el contrato se estipula que “la propuesta de honorarios no incluye los gastos necesarios que se devenguen durante el transcurso de los servicios, tales como gastos notariales por la confección de un mandato judicial u otros similares”.

Así, como advierte el presidente de la citada ONG, el abogado Raimundo Palamara -excandidato constituyente por el Partido Republicano-, detrás de este acto suscrito por Presidencia se estarían dañando las arcas fiscales y utilizando recursos fiscales para el beneficio exclusivo de Boric. Recalca, en ese sentido, que se está ante hechos que “constituyen el delito de Malversación de Caudales Públicos.

En esta ocasión, como se desprende de la querella, no correría lo estipulado por Contraloría en razón de que la defensa de servidores públicos debe ser asumida por el Fisco en caso de ser indagados por actos realizados en función del cargo, pues como insisten, el acto por el que se indaga al Presidente sería inconstitucional.

“El contrato de compraventa por el cual (el Presidente Boric) es investigado, se realizó al margen de la Constitución y las leyes, por lo que corresponde a una actuación ilegítima, fuera de las competencias y facultades con las que la ley lo invistió al Presidente y los demás agentes del Estado involucrados, por lo que malamente se encontraría al alero de los dictámenes”, se indica en el escrito.

Cabe hacer presente que el pasado 15 de enero, la misma ONG ya había presentado una querella en el marco de este caso. Ahí, responsabilizaban directamente al Mandatario por la cuestionada compra, pidiendo al Ministerio Público indagar el presunto delito de fraude al Fisco.

En medio de la querella, los representantes de la fundación solicitan que el Presidente sea objeto de una serie de diligencias. Entre ellas, que “se le requise su o sus teléfonos celulares, y se le requiera toda documentación y antecedentes por los cuales celebró contrato a honorarios, vía trato directo con el defensor privado”.

A su vez, en el documento se pide que “se tome declaración al defensor penal privado Jonatan Valenzuela, en calidad de imputado, dado su calidad de beneficiario de las 350 UF con cargo a los caudales públicos”.

Igualmente, solicitaron que “se oficie al Gobierno de Chile a fin que acompañe la Resolución Exenta Nro 75 del año 2025 y toda la documentación que sirvió de antecedente para dicho decreto, así como para que informe sobre el pago al defensor penal privado de Gabriel Boric, don Jonatan Valenzuela”.

La compra de la casa del expresidente quedó al descubierto el pasado 31 de diciembre del año pasado, cuando el gobierno expuso públicamente que adquiriría el inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, en Providencia, a través del Ministerio de Bienes Nacionales por $933 millones. Todo, bajo la idea de que sería parte de las inversiones patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, instituidas en la Ley de Presupuesto para el Sector Público para 2024.

Sin embargo, la compra fue ampliamente cuestionada. Por una parte, se reprochó el costo que tendría, pero lo más grave que se advirtió fue lo referente a la ilegalidad que escondía, ya que dos de las dueñas del inmueble, Isabel Allende y Maya Fernández, están impedidas de celebrar contratos con el Estado por ser senadora y ministra, respectivamente.

Así, en solo cuestión de días, la adquisición se vino abajo. El 4 de enero el Presidente Gabriel Boric señaló: “debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”.

Y agregó que “nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado”. Luego, además, pidió la renuncia de la entonces ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval.