Buen vivir, buen morir

Durante los últimos meses hemos visto cómo se ha acelerado la discusión de la eutanasia en Chile, pudiendo convertirnos en el octavo país del mundo que la legalice, incluyendo el suicidio asistido. A nadie debería sorprender esto, en tanto según encuestas de opinión pública un 78% de la ciudadanía y un 77% del Colegio Médico apoya legalizarla. Ante todo, ayuda subrayar que se discuten distintos procedimientos. La Ley de Derechos y Deberes de 2012 le permitió a los pacientes desistir de tratamientos médicos aun si ello pudiera devenir en su muerte, lo que se conoce como eutanasia pasiva.

Esta ley permitiría a las personas en estado terminal y de dolor físico o psíquico insoportable solicitar a su médico tratante que termine con su vida, inyectándole sustancias letales (eutanasia activa) o proveyéndoselas para hacerlo por sí mismo (suicidio asistido). Sin esta ley, ambos hechos son constitutivos de los delitos de homicidio y auxilio al suicidio, respectivamente.

Un argumento común entre sus opositores es una pretendida inviolabilidad de la vida, en el sentido de preservación de la existencia biológica, en tanto se privaría a la persona del valor absoluto que tendría su vida pues que no importaría sólo a la persona sino a la sociedad toda. Esto le impondría un deber de soportar padecimientos extremos en nombre de un interés público, pudiendo en otra posición – no institucionalizado – terminar su vida por sus propios medios. Algunos matizarán diciendo que lo ideal serían cuidados paliativos en vez de eutanasia, pero esta falsa dicotomía les impondría igualmente seguir sufriendo contra su voluntad. ¿La dignidad humana se reduce sólo a la mera existencia biológica o involucra alguna consideración por la calidad de vida?

La eutanasia libre y voluntariamente requerida puede ser un legítimo ejercicio de la autonomía individual, pero desde el reconocimiento del valor fundamental de la vida, el Estado debe ser responsable al definir sus hipótesis y procedimientos, porque está constitucionalmente obligado a proteger la vida y se requiere una causa legítima para renunciar castigar el provocar una muerte. La experiencia comparada debería invitar a reflexionar. En el caso de Holanda, causales muy vagas, como la causal de dolor psíquico en la ley en discusión, han conllevado su aplicación a personas autistas, drogadictos y víctimas de agresión sexual. Con buena técnica legislativa es posible establecer causales médicas bien definidas. También, considerando que en Holanda un 45% de las solicitudes no se llevan a cabo, por improcedencia de la causal específica o retracto del paciente, conviene considerar una segunda comisión médica que ratifique su procedencia o establecer un período de "congelamiento", en que una vez solicitada el paciente debe el paciente ratificar su decisión luego de un período, en caso de poder arrepentirse.

Sin embargo, la solicitud no será ni tan libre ni tan voluntaria si el dolor del paciente es tal que la condicione. Si bien en Chile el cáncer es la segunda mayor causa de muerte y existe cobertura pública para los cuidados paliativos para pacientes oncológicos, y la experiencia holandesa muestra que la gran mayoría de los solicitantes son por cáncer, es imprescindible extender la cobertura a pacientes no oncológicos, pues sólo desde el cuidado médico y psicológico integral la decisión será libre e informada. Los cuidados paliativos no significan sólo mitigar dolores sino ofrecer al paciente medios para vivir lo más dignamente posible hasta su muerte, sin acelerarla ni posponerla. La eutanasia debería, así, admitirse como un recurso de última ratio frente a una muerte inminente o dolores insoportables.

Este debate involucra tanto la libertad individual como la compasión por el otro. Un liberalismo mal entendido se abanderizaría por la mera facultad de decidir sobre la propia vida, en nombre de la autonomía individual. En tanto las condiciones médicas apremiantes son tragedias que nadie elegiría, esta se ve condicionada por el propio sufrimiento, por lo que si la preocupación honesta es la dignidad humana, no podemos avanzar en eutanasia sin discutir conjuntamente los cuidados paliativos. No renunciemos a la compasión por el dolor ajeno en nombre de una libertad incompleta.