Contraloría saca la lupa para las Cajas de Alimentos: Examina contratos en todo Chile y fiscalía de Arica abre causa por presuntas irregularidades

Uno a uno se están examinando en la Contraloría los contratos que se han suscrito entre el servicio público y los proveedores de canastas de alimentos en el marco pandemia. Se trata de las 2,5 millones de cajas de alimentos comprometidos por el gobierno.

En detalle, se están fiscalizando las transferencias de recursos en todo el país para la compra de comida y los tratos directos de los gobiernos regionales e intendencias para la entrega de las unidades.

La alerta se dio a raíz del contrato suscrito por la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, por trato directo, con la empresa Tobar y Tobar Ltda. para la entrega de canastas familiares.

El 5 de junio, el senador José Miguel Insulza (PS) y el diputado Luis Rocafull (PS) denunciaron en la Contraloría que hubo hechos irregulares en esta contratación, ya que no tenía giro en el rubro de alimentos.

Asimismo, acusan al administrador regional Giancarlo Baltolu de llegar a un acuerdo previo con la empresa de Pedro Tobar el pasado 11 de mayo. Se trata de 18 mil cajas avaluadas en $900 millones.

Además, se apunta que entre esta empresa y otra más que postuló, había un acuerdo, debido a que usaron el domicilio de esta última para la entrega de cajas. En total, eran cuatro oferentes: Tobar y Tobar Ltda, Sociedad Comercial gastronómica e inversiones cifras MC-Conell Ltda, Aylin Janet Briceño Chávez y Walmart Chile S.A..

Los parlamentarios acusan al intendente Roberto Erpel de ordenar la contratación de la empresa el 15 de mayo, haciendo un trato preferente, y aseguran que en el registro de proveedores y antecedentes adjuntados por el proveedor adjudicado, Tobar y Tobar Ltda, aparece como su domicilio en Arica la Calle 01 N°450, Población Tarapacá Oriente, el cual verificado en terreno no existe.

El 12 de junio, a través de la resolución 42, la Contraloría declaró ilegal el contrato con la empresa Tobar y Tobar Ltda. para el suministro de cajas familiares, ya que dijo que no se encontraba ajustado a derecho y el lunes inició un sumario administrativo.

La contratación, de acuerdo al organismo, fue financiada con recursos provenientes del 5% de emergencia del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, transferidos con ese objeto al Ministerio del Interior, contando con el acuerdo del consejo regional.

La Contraloría resolvió que en consideración a la entidad de los hechos denunciados por los parlamentarios, los hechos verificados en el trámite de toma de razón, la cuantía del objeto contratado, y además, por ser este último una materia de suma importancia, en el marco de las medidas adoptadas por el Estado en relación con el Covid -19, investigará las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Así, el lunes la Fiscalía de Arica le pidió los antecedentes a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Tras recibir la información de la Contraloría el pasado martes, ayer en la tarde el Ministerio Público decidió abrir una causa penal para investigar eventuales delitos. El ilícito a investigar sería posible fraude al Fisco.

Al respecto, el presidente del CDE Juan Antonio Peribonio dijo que “por medio de nuestra procuraduría fiscal en Arica hemos tomado contacto con el Ministerio Público y con la Contraloría y, de acuerdo a la información que se ha conocido a la fecha, vamos a solicitar una serie de diligencias al ente persecutor de modo de colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos que aparecen como de la mayor gravedad”.

Agregó que “una vez estudiados los antecedentes, si se establece la existencia de hechos que revisten caracteres de aquellos delitos que el consejo está facultado a perseguir, presentaremos querella criminal. Hoy más que nunca, debemos resguardar la probidad y el buen uso de los recursos públicos”.