Cambio climático y sociedad civil

“¿El mercado puede cuidar el bien común? No.” Con esa tajante afirmación se concluyó la primera charla del reciente ciclo de reflexiones constituyentes. Resultó, sin lugar a dudas, una valiosa instancia de deliberación que nos brindaron la física y climatóloga Maisa Rojas y el arquitecto Alejandro Aravena, pero que ha pasado desapercibida entre tantas otras noticias negativas de la Convención. Una de las advertencias centrales de la ponencia fue el llamado a no desperdiciar la oportunidad única que tenemos de generar los cambios transformativos que sean necesarios para hacer frente a la crisis climática. Como se planteó en la dicotomía inicial, este no puede quedar a las manos exclusivas del mercado y la competencia, pero a mi juicio, tampoco en la mera intervención del Estado.

El mercado es ese espacio de cooperación e intercambios voluntarios que permite a los grupos e individuos satisfacer sus necesidades de manera recíproca, en un marco político y social propicio para que estos se produzcan evitando dañar a terceros, o reparando los efectos negativos sobre las vidas de otros. En este sentido, es justamente la teoría política, económica y social del liberalismo, la que puede dar luces de un bienestar sostenible, no en forma aislada, sino en sociedad y respetuoso con nuestro planeta. Restaurando la dimensión ética como principio fundamental del mercado, promoviendo un Estado moderno a la altura de los retos actuales y del futuro; y, siguiendo a Tocqueville, fortaleciendo a la sociedad civil y acortando la distancia entre el bien individual y el interés colectivo.

Precisamente, el discurso maniqueo de considerar a Mercado y Estado como vías excluyentes del desarrollo solo desvaloriza la posición de la sociedad civil, quien es un actor fundamental para las transformaciones necesarias. Por ello, es menester potenciar a la sociedad civil, botón del pluralismo y de la diversidad de intereses ciudadanos, que buscan contribuir a asuntos públicos, como el medioambiente, y así poder avanzar en la construcción de confianzas necesarias para una mayor cohesión social.

Como bien nos advirtió la comunidad científica (IPCC 2021), nuestro planeta no puede seguir esperando. A pesar de ello, la legislación que enmarca el tratamiento tributario preferencial a las entidades de la sociedad civil, no solo carece de una mirada integral que incentive la filantropía, sino que además la ley discrimina las donaciones cuya finalidad es la protección y conservación del medioambiente. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de revertir esta aberración, legislando el proyecto de donaciones presentado por el gobierno, donde se amplía la lista de fines incluyendo justamente la oportunidad de potenciar aquellas organizaciones que contribuyen en la lucha contra el cambio climático y la protección de nuestros ecosistemas, aportando a la relación entre ser humano y naturaleza; y también al balance entre Estado y Mercado. Con esperanzas, espero también que la nueva Constitución sea capaz de reconocer el desarrollo sustentable como un principio matriz, equilibrando adecuadamente aquella dicotomía y la valiosa sociedad civil.