La teleserie en que se ha transformado el cierre de la Universidad de la República (Ulare) sumó otro capítulo, esta vez con Carabineros, cambios de cerraduras y nuevos recursos judiciales.

Para entender el tramado hay que remontarse a mayo de 2021, cuando el Consejo Nacional de Educación acordó quitarle el reconocimiento oficial a la casa de estudios por petición de la Superintendencia de Educación Superior (SES), donde habían detectado graves falencias financieras y administrativas. Ahí comenzó un proceso de cierre marcado por sucesivas polémicas.

Y es que, luego de revocado el reconocimiento, Jorge Torrealba fue designado como administrador de cierre. Pero su trabajo, según ha constatado en más de una oportunidad, no ha podido concretarse, toda vez que las autoridades de la institución, asegura, han obstaculizado sistemáticamente su trabajo, ejerciendo sus funciones directivas sin autorización.

Las razones que esgrimen una y otra vez los directivos, con el rector Fernando Lagos a la cabeza, es que entienden que el cierre es ilegal y que, mientras siga habiendo instancias judiciales, no se puede llevar a cabo. Hasta aquí, eso sí, las han perdido todas, aunque ahora están a la espera de la última, presentada a inicios de año en la Corte Suprema.

La misma, reiteran las autoridades de la Ulare, es motivo suficiente para que el trámite de cierre esté suspendido. O eso al menos entienden ellos, y bajo esa premisa se siguen rigiendo. Aquí es donde nuevamente chocan los dos lados del conflicto, porque para el Ministerio de Educación el cierre debe seguir su curso.

De hecho, justo antes de acudir a la Suprema, la Ulare había recibido un fallo en contra unánime de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el que desestimaba su alegato que intentaba declarar ilegal el proceso.

En esa oportunidad, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, ya anunciaba que endurecerían su postura y que se veían obligados a tomar “otro tipo de medidas que permitan dar cumplimiento a la decisión de cierre y que implicarán eventualmente el uso de la fuerza pública”.

Y eso, justamente, fue lo que ocurrió el 25 de enero, cuando el administrador de cierre logró ingresar por primera vez a las dependencias de la universidad en compañía de Carabineros y funcionarios del Mineduc. Ahí procedieron a cambiar las cerraduras, las que fueron modificadas tiempo después por, según cercanos al conflicto, alumnos que se tomaron la universidad.

“El ingreso del administrador se hizo por solicitud del subsecretario de Educación Superior, se hace sin presencia del rector, sin autorización judicial, con Carabineros, rompen las chapas, ingresan a la fuerza y toman posesión de todo, dejando afuera a toda la plana mayor, y ese actuar es ilegal y arbitrario”, explica Carlos Espinoza, abogado del rector Lagos, quien agrega que la acción “no está avalada por ningún tribunal, hay recursos pendientes, hay órdenes de no innovar pendientes y entonces todo lo que han hecho podría quedar en nada”.

La acción del cambio de cerraduras por parte del administrador llevó a que los directivos de la Ulare interpusieran una querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de prevaricación, con el que dicen que se le ha ocasionado “un inmenso daño a nuestra institución” y que se ha perjudicado el avance normal en áreas como títulos y grados, ocasionando a nuestros estudiantes egresados un daño innecesario e irreparable”. Además, se presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago por el auxilio de la fuerza pública.

Pero el ingreso a las dependencias de la casa de estudios no fue lo único que logró hacer Torrealba, el administrador de cierre, toda vez que el pasado 9 de febrero tomó posesión y bloqueó las cuentas bancarias de la Ulare, lo que derechamente impide a los directivos administrar los recursos que se perciben por concepto de pago de aranceles, lo que, según explican desde la misma universidad, limita el proceso de pago de remuneraciones de funcionarios y docentes.

En medio de todo, la sede de Los Ángeles de la Ulare se sumó esta semana a las manifestaciones que llevan adelante distintos funcionarios y alumnos por el cierre de la institución y que incluyen una toma del recinto en Santiago. ¿Qué exigen? La salida del administrador de cierre y que se ejecute una mesa de trabajo con las nuevas autoridades de Educación del gobierno de Gabriel Boric, dado que, según dicen, las actuales se han negado a recibirlos.

“No se cierra. No se vende. No se entrega. Ministro de Educación, cuente su negocio detrás del cierre”, rezan algunos lienzos de la toma en la capital.

A pesar de todo, la Ulare ha seguido funcionando casi normalmente. De hecho, se dispuso el inicio del proceso de matrícula de 2022 para los alumnos antiguos e incluso 2021 se terminó con clases presenciales. “Esa ha sido nuestra posición: mientras haya recursos pendientes el proceso no ha terminado y seguimos funcionando normalmente. Lo único que no podemos hacer es matricular alumnos nuevos, porque tenemos una prohibición”, dice el rector Lagos.

Por tal razón es que, incluso, se ha aventurado con comunicados hacia la comunidad, en los que firma como rector de la institución. El último de ellos decía que “ya resuelta la admisibilidad por la Corte Suprema del recurso de queja presentado y próximos a finalizar el feriado colectivo de nuestros funcionarios, esperamos continuar con nuestras labores de la forma más normal posible, aun en la adversidad”. Y agrega que espera que “el máximo tribunal de justicia revierta las ilegalidades y arbitrariedades cometidas” en el proceso de cierre.

De todas formas, desde la vereda de la SES aseguran que la Suprema no se ha pronunciado sobre dicha admisibilidad y que el comunicado falta a la verdad.