Camila Jordán, el rostro tras el dictamen de la Dirección del Trabajo que enfrentó al gobierno con la oposición

En la gran mayoría de los casos, la Dirección del Trabajo (DT) no avisa ni informa a la autoridad política -al ministerio del ramo- previamente sobre las resoluciones que emite. Es lo que dicen dos personeros de gobierno con conocimiento en el área al comentar lo que pasa en situaciones como el dictamen Nº 1283-006 emitido por la entidad el pasado jueves 26, y que tiene a la abogada Camila Jordán Lapostol (44) como uno de los rostros de esta primera confrontación política entre el gobierno y la oposición en medio de los coletazos del coronavirus.

El texto estableció a la catástrofe sanitaria como una causal de fuerza mayor que permite exonerar “a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo. A saber, otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración de parte del empleador y asistir a prestar los servicios pactados por parte del trabajador". Y, desde ahí, mientras se han sucedido casos de empresas que se han acogido a éste, parlamentarios del bloque opositor -e incluso oficialistas, como el diputado RN Francisco Eguiguren- han pedido que la directora subrogante de la DT deje el cargo.

Sin militancia acreditada en partidos de gobierno, y con menos de dos meses al frente de la dirección, Camila Jordán -abogada de la Universidad Central y diplomada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Empresa en la UC- encara este conflicto con algunas particularidades. Por un lado, quienes han trabajado con ella destacan que conoce bien el rubro y que ha quemado cartuchos de experiencia desde el primero cuatrienio piñerista, cuando fue directora del Trabajo en la Región de Los Lagos. Incluso cuenta con algunos defensores en la oposición, como el diputado PS Fidel Espinoza.

Pero por otro, la controversia provocada por la resolución -una de las tres que ha emitido la DT durante la pandemia- ha sido cuestionada por miembros del gobierno por haber sido “inoportuna” en momentos en que el margen de maniobra ante sus adversarios es estrecho. No critican el fondo y han reiterado que hasta la administración anterior ha recurrido al mismo criterio, tal como dijo la abogada, “en otras contingencias, como el tsunami”. Lo que les molesta es que vino a caer justo cuando se debate en el Congreso el proyecto de protección del empleo, entrampando su discusión -que revista el carácter de urgente- y regalándole municiones a la oposición.

“Llegó en un momento inoportuno, sin duda, y eso contaminó mucho el debate”, fue precisamente lo que dijo anoche en Estado Nacional el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, argumento que repiten otros personeros de gobierno que la conocen. "Hay direcciones que tienen su propia autonomía, uno no puede enterarse de todo todo el tiempo antes que las cosas ocurran”, agregó. El diputado RN Alejandro Santana, de la Comisión de Trabajo, cree que el dictamen “se ajusta a derecho, pero la oportunidad generó un excusa para que la oposición ingresara al proyecto indicaciones que eran inconstitucionales”.

Por eso algunos ponen el acento, o mejor dicho, la interrogante, acerca de si esta vez Jordán no avisó a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, de una decisión que trajo consecuencias políticas.

“En el 90% de los casos no se consulta”, reitera una autoridad del sector que advierte que la DT es autónoma. Sobre este caso, solo agrega que el contenido mismo, letra por letra del texto, no habría sido conocido por el ministerio ni por la subsecretaría.

Jordán no ha intervenido en esta polémica hasta ahora. Es la más delicada, tal vez, que le ha tocado enfrentar desde que asumiera el pasado 10 de febrero tras la renuncia del hasta entonces director, Mauricio Peñaloza. Éste salió a raíz de otra polémica: un error en los datos administrativos de los despidos tras el cambio de la metodología para contabilizar a estas personas por parte de la DT.

En esa ocasión, aclaran en el Ministerio del Trabajo, Peñaloza no informó a la cartera, provocando la molestia -recalcan todavía hoy- de las autoridades. Jordán era entonces la subdirectora, y el relato de algunos en el gobierno cuenta que el entonces ministro Nicolás Monckeberhg (hoy embajador en Argentina) apoyó que la ficharan en el cargo, ya que recordaban su gestión en Los Lagos. La abogada asumió a través de un concurso realizado en el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

A su vez, en el primer gobierno de Sebastián Piñera la había reclutado el entonces intendente Juan Sebastián Montes. Allá le tocó encarar rubros laboralmente complejos, como las salmoneras, y dejó buenos recuerdos incluso en la oposición, recalca el diputado PS Fidel Espinoza. Tanto, que él es de los que cree que Jordán no articuló el dictamen sino que más bien le ha tocado poner la cara en este conflicto.

Allá en Los Lagos se le recuerda cercana a RN y a lo que más tarde fue conocido como Evópoli, pero en ambos partidos dicen que no milita en sus filas.

De vuelta el piñerismo en La Moneda, Jordán asumió la subdirección y en Trabajo la describen con un estilo distinto al de Peñaloza, “más técnico”. Ahí le tocó, recapitulan, negociar con los funcionarios un proyecto que modificaba la planta que devino en una breve paralización. Pero lo que le subió los bonos, dicen, fue cuando Monckeberg la mandató en agosto de 2018 a ella -y no al entonces director- para mediar entre Minera Escondida y su sindicato ante una posible huelga.

Al gobierno le interesaba evitar el conflicto, dicen, por el impacto que podía tener en la economía. Jordán estuvo unas dos semanas, recuerdan, y la gestión se cumplió. Un éxito alejado de las complejidades que ha tenido el ahora famoso dictamen.

Sobre este último no hay un solo juicio. Francisco Díaz, ex subsecretario del Trabajo del gobierno de Michelle Bachelet, asevera que "los anteriores dictámenes bajo hechos de fuerza mayor fueron emitidos en un contexto muy distinto, con interrupciones que no superaban algunos días, que en todo caso siempre dejaron claro que se debiera analizar caso a caso el impacto de la fuerza mayor en la relación laboral. Por lo tanto, creo que este dictamen se aleja de este criterio mucho más restrictivo”.

Luis Lizama, socio de Lizama Abogados, piensa que “efectivamente es un criterio que la DT ha sostenido durante el tiempo, pero la pregunta que surge es: si ya estaba clara la posición clara sobre este tema, probablemente haber emitido el dictamen no era necesario. Uno podría decir que no hay ninguna duda que si ya este criterio estaba indicado en casos anteriores y además que esto es sin perjuicio de lo que puedan responder los tribunales de justicia, no era necesario emitir ese dictamen”.

Y Marcelo Rodríguez, abogado socio de García Rodríguez Abogados sostiene que el texto “lo que hace es complementar una serie de dictámenes que ha ido dictando desde que comenzó la crisis e incluso antes que se decretara el estado de catástrofe. No hay nada nuevo o excepcional a lo que señala la ley y a lo que el propio organismo ha dictaminado en el último tiempo”.