La semana pasada la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evopoli), citó uno a uno a los concejales de la comuna a su oficina. En la conversación les detalló que su equipo detectó una serie de irregularidades en los programas funcionales denominados Vita, les pidió reserva del caso y les aseguró que haría público el hecho en la próxima reunión del concejo. También les dijo que en cuanto se enteró de lo ocurrido puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

El caso pone en una situación incómoda a la jefa comunal que asumió el pasado 28 de junio. No sólo porque deja en entredicho la pulcritud de la administración de su antecesor Raúl Torrealba (RN) -quien se mantuvo en el cargo durante 25 años, desde el 6 de diciembre de 1996 al 28 de junio de 2021-, sino también porque no habría buscado que el caso estallara públicamente a tan pocas semanas del cambio de mando en el municipio.

Tras recibir una serie de denuncias de eventuales irregularidades, la municipalidad puso en revisión los programas funcionales Vita mediante una investigación interna que lleva adelante la División de Control con el apoyo del área jurídica que encabeza Mauricio Irarrázabal, exfiscal de la Superintendencia de Educación. Esta, según reveló Merino, detectó irregularidades en firmas presentadas por Domingo Prieto (75), expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes de Vitacura y exrepresentante de Vita Salud y Vita Deportes. Tales hechos están hoy en la mira de la Fiscalía Oriente.

Por lo mismo se citó a Prieto -un cercano colaborador de Torrealba- a una reunión a finales de julio. En ésta, el funcionario habría reconocido que su rúbrica había sido falsificada, tras lo cual Merino presentó una denuncia ante el Ministerio Público por “malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales”.

¿Qué son los programas Vita? ¿Cuál es el presupuesto que manejan? ¿Cuál es el objetivo que persiguen? ¿Cuáles son sus controles de seguridad?

Los programas Vita no son figuras municipales, sino que entidades privadas. Se trata de organizaciones comunitarias funcionales, como una serie de agrupaciones que conforman la sociedad civil, entre ellas, centros de madres y juntas de vecinos. En esa lógica es que el municipio puso en marcha este tipo de iniciativas que cuentan con millonarias subvenciones anuales.

El problema es que -según cuentan conocedores del caso- estas figuran generan una mayor “opacidad” y dificultan el actuar de entidades que buscan una mayor fiscalización. Por ejemplo, el municipio de Vitacura se ve limitado a exigir una rendición de gastos, pero no a conocer los detalles sobre el destino de los fondos entregados. Dichas entidades, además, quedan fuera de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Según expuso Juan José Lyon, director ejecutivo de Fundación América Transparente, “desde el 2015, Vitacura ha transferido a Vitasalud más de $ 7.000 mil millones; a Vitaemprende más de $ 1.600 millones; a Vitapass más de $ 1.200 millones; a Vitadeportes $ 600 millones y Vitajoven la misma cantidad”. “Sobre la ejecución de esos recursos, alguna de esas entidades hacen un informe anual, pero en términos de transparencia es bastante vago. No sabemos con quiénes firmaron contratos, ni el monto, ni los precios, ni los involucrados, pues solo hacen un desglose general”, acotó.

Sólo a modo de ejemplo, en 2020, según la cuenta pública efectuada por el municipio, nueve programas de estos recibieron en total $ 3.398 millones. Entre estos estaban Vita Club, Vitamayor, Vitaniños, Vitajoven, Vitadeportes, Vitaemprende, Vitavecino, Vitaintegración y Vita Botica. Alguno de los programas que están siendo indagados datan de 2008.

Posteriormente a la sesión del concejo municipal de ayer, se discutió el crear instituciones más fuertes para un mayor control y fiscalización. A modo de ejemplo, la alcaldesa Merino propuso en tabla la creación de la Corporación Municipal de Deportes.

En este punto algunos concejales -entre ellos Felipe Ross, Tomás Kast y Felipe Irarrázaval- solicitaron tener una mayor injerencia de parte del concejo en la creación de los estatutos de la futura corporación de deportes. En efecto, dieron su visto bueno sólo si se los consideraba en el debate interno sobre cómo operará esta entidad, para imponer mayores cláusulas de fiscalización.

“Creemos que hay que fortalecer la institucionalidad y por eso urge que creemos una corporación. Solamente lo que estamos pidiendo es que aprueben la idea de crear una corporación. Nosotros mandamos los estatutos de esta corporación y entiendo que ustedes no han tenido el tiempo de leerlos. Queremos recoger todos sus comentarios. Queremos hacerlo con ustedes y esto es que le demos celeridad a la creación de esta corporación”, sostuvo la alcaldesa Merino.

Hoy, la Municipalidad de Vitacura entrega un financiamiento municipal a VitaDeporte de $ 560 millones por 45 talleres. Al Consejo Local de Deportes $ 180 millones por 11 talleres, mientras la Corporación Cultural ejecuta 60 talleres con foco deportivo por $ 112 millones. Es decir, $ 800 millones destina el municipio a distintas organizaciones.

Consultado si con la figura de los programas Vita existe una mayor opacidad en la fiscalización de los recursos, el concejal Felipe Ross (Republicanos) respondió: “El manejo de fondos públicos siempre será más vulnerable a la corrupción si se hace fuera de la municipalidad. Si bien ese manejo puede ser más eficiente, es más vulnerable. Por lo mismo, creo que cualquier ente privado que administre fondos públicos, sea una organización funcional como los Vita o una corporación, como se hace en el caso de la Corporación Cultural, debe hacerse con plena fiscalización de la administración y del concejo. Es por eso que he insistido muy fuertemente a la administración en que permita al concejo incluir estrictas facultades de fiscalización en los estatutos de la nueva Corporación de Deportes para así no tener las mismas vulnerabilidades, si no se hace de este modo, una corporación y una organización funcional son igualmente vulnerables”.

En la misma línea, el concejal Felipe Irarrázaval (RN) sostuvo que “lamentablemente, por ley nuestro rol fiscalizador como concejal ha sido históricamente muy limitado. Sin embargo, tengo plena confianza en que esta administración, caracterizada por su transparencia, logre generar confianza con los vecinos, al auditar todas las organizaciones funcionales y corporaciones, confirmando o descartando supuestas irregularidades, montos e involucrados”.