Carabineros vs. Contraloría: jueza ordena paralizar proceso de suspensión de generales cuestionados en estallido social

Las relaciones entre Carabineros y la Contraloría comenzaron a tensionarse en septiembre de 2020. El 2 de ese mes, el ente contralor levantó cargos contra siete generales de la institución uniformada por su presunta responsabilidad administrativa en el control y orden público durante el estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019. Esta notificación cayó como una bomba en la policía y hoy, seis meses después, suma un nuevo capítulo, y que es considerada la primera batalla que la policía uniformada le “gana” al organismo dirigido por Jorge Bermúdez.

La Contraloría formuló cargos contra seis generales activos del Alto Mando de Carabineros y un general en retiro de la policía uniformada -Jorge Valenzuela, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística, y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Los generales acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago reclamando la ilegalidad del actuar del ente contralor, pero recibieron un portazo del tribunal de alzada, rechazándose su acción judicial el 13 de octubre de 2020. El caso llegó a la Corte Suprema, que también desestimó el recurso de protección de cada uno de los oficiales sumariados. Pero la defensa de los policías -patrocinada por el abogado Jorge Martínez y Camila Motta- aún tenía una carta por jugar.

El 15 de diciembre de 2020, los generales ingresaron un nuevo recurso, esta vez ante el 22º Juzgado Civil de Santiago, interponiendo una demanda de nulidad de Derecho Público. “Los cargos levantados por la CGR en contra de los generales resaltan por su falta de precisión, certeza, exactitud, lo que lo hace constituir una imputación general, abstracta, exenta de toda determinación en cuanto a los hechos y la normativa propia de Carabineros de Chile que se estima infringida”, señalaba el texto.

Con eso aún pendiente, Carabineros recibió una nueva noticia desde Teatinos 60: el 3 de marzo de este año, el ente contralor absolvió a cuatro de los siete generales investigados: Jorge Valenzuela (quien era el jefe de Operaciones Policiales, pero pasó a retiro en el último cambio de mando); Enrique Monrás, jefe de la Zona Metropolitana Este; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Aysén, y Jean Matus, jefe de la Zona Metropolitana Este. Pero no era gratis, pues solicitó la remoción de sus cargos al subdirector de la institución, Mauricio Rodríguez, y al jefe de Operaciones Policiales y tercero en el mando, Enrique Bassaletti.

La decisión final estaba en manos de Yáñez, quien pidió incluso una prórroga para resolver, pues debía leer las más de 1.800 páginas del sumario. El general y su abogado estaban en eso cuando el 22º Juzgado de Garantía de Santiago les sacó una sonrisa.

Ayer, el tribunal civil resolvió acoger a trámite la acción judicial de los Carabineros y ordenó la suspensión del proceso, hasta conocer el fondo del caso. “La aplicación de las sanciones propuestas, como resultado a la actividad administrativa, son inciertas, desconociendo si efectivamente son aplicadas y su magnitud y alcance; lo cierto es que de aplicarse con anterioridad a que este tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la validez o nulidad de derecho público impetrado, podrá redundar -eventualmente- en hacer imposible de cumplir lo que se resuelva en definitiva, por cuanto en el supuesto de acogerse la demanda, las sanciones propuestas a consecuencia de la formulación de cargos realizadas en el procedimiento en cuestión podrán ser dejadas sin efecto, ocasionando además un perjuicio irreparable a los demandantes”, estableció la resolución de la jueza María Cecilia Morales.

Jorge Martínez, abogado del Alto Mando de Carabineros, explicó que “el juez, teniendo en vista los antecedentes, protegiendo los derechos fundamentales del debido proceso, decidió ordenar que la Contraloría no puede seguir adelante con el proceso sancionatorio, mientras no se conozca el fondo de lo reclamado por los generales. Estamos muy contentos con esta resolución que, por supuesto, tendrá que ser revisada por la Corte de Santiago”.

En Contraloría ponderaron la decisión del tribunal y adelantaron sus próximos pasos. “La Contraloría solicitará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que ejerza las acciones de revisión en el tribunal de alzada”, sostuvieron.