El 2 de septiembre de 2011, el avión CASA 212 de la Fuerza Aérea de Chile se precipitó al mar en un accidente que cobró la vida de 21 personas, entre ellos conocidas figuras de la televisión, como el animador Felipe Camiroaga y el empresario de la Fundación Desafío Levantemos Chile, Felipe Cubillos.

Tres años después de la tragedia, 18 familias presentaron millonarias demandas en una serie de acciones legales en Valparaíso. Las causas fueron agrupadas en el 3º Juzgado Civil y el 16 de noviembre de 2018, la jueza Andrea Santander decidió rechazar las acciones indemnizatorias, sin costas, por haber existido motivo plausible para litigar. Los familiares exigen al Estado de Chile ser compensados en $22.475.011.674 por el daño ocasionado, incluyendo conceptos de lucro cesante y daño moral. Entre los demandantes están padres que perdieron un hijo e hija y también hermanos. Uno de ellos es Jorge Camiroaga Puch -padre del animador de TVN- y sus hijos Francisco y Soledad quienes exigen cada uno una indemnización de $320 millones. Se trata de uno de los montos más bajos solicitados y el abogado de la familia Julio Pellegrini sostuvo que “esperamos que este juicio sirva para que el Estado reconozca su responsabilidad, adopte el debido cuidado y de esa manera no vuelvan a repetirse tragedias tan tristes y evitables como esta”.

A casi 10 años del accidente, la batalla de los familiares por conseguir ser indemnizados no acaba. Este jueves 29 comenzaron los alegatos de la causa en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y se estima que continúen el lunes, en un proceso que por la emergencia sanitaria a nivel mundial del Covid-19 se postergó durante los últimos seis meses.

Por economía procesal, el tribunal de alzada decidió dividir en cuatro grupos a los demandantes. El primero es representado por el abogado Esteban Ovalle y es integrado por familiares de víctimas que no tenían vinculación con el Estado de Chile, es decir que no trabajaban para el Gobierno, ni tenían calidad de funcionarios públicos. El segundo, es defendido por el abogado Juan Carlos Manríquez y lo componen demandantes por los ex empleados de Televisión Nacional (TVN). El tercero está formado por deudos de víctimas que tenían alguna relación con el fisco como la Fuerza Aérea y el Ministerio de las Culturas, recayendo su representación en el abogado Cristián Arias.

Mientras, el último grupo lo conforman los padres y hermanos de la teniente Carolina Fernández (26), quien piloteaba el Casa 212 al momento de la tragedia, y son representados por el abogado Maximiliano Delgado. Sus padres, María Graciela Quinteros y Jorge Fernández,, exigen ser indemnizados en $1.600 millones. Acusan al Fisco como responsable del ilícito civil que provocó la muerte de la piloto que en el vuelo de ayuda humanitaria iba acompañada del copiloto Teniente, Juan Pablo Mallea (25).

Desde el CDE, el abogado procurador fiscal de Valparaíso Michael Wilkendorf, explicó que “respetando el sensible contexto que involucra este caso para todos los ciudadanos de este país y los personales motivos que legítimamente puedan tener quienes demandan, el Consejo estima que la sentencia del Tercer Juzgado Civil de Valparaíso recoge la abundante prueba producida en esta causa, la que demostró de manera consistente que el accidente no se produjo por una falta de servicio o conducta negligente por parte de la Fuerza Aérea de Chile”. Según el organismo, la sentencia que denegó una indemnización, “se hace cargo de todas y cada una de las imputaciones que realizaron los demandantes, y las descarta a partir de razonamientos sobradamente fundados en derecho y en la prueba producida en el juicio”.

Sin embargo, las familias han emprendido una batalla legal y buscan replicar el último precedente que lo dio ni más ni menos que el máximo tribunal del país. Se trata del fallo de la Corte Suprema del 29 de Mayo de 2020 y que benefició a la familia de Joaquín Arnolds, gerente general del Desafío Levantemos Chile que a diferencia del resto de los demandantes presentó una acción en Santiago. En esa oportunidad se ordenó para su viuda, Macarena Schuster, y sus cuatro hijos, el pago de una indemnización total de $1.286 millones.

El pasado 10 de marzo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó dos informes. En el primero titulado: “Condiciones de operaciones 3 al 15 de septiembre de 2011” se da cuenta de la intensa búsqueda que realizó personal de la Fach en el lugar en que ocurrió el accidente. El escrito sostiene que “no sólo la situación de riesgo no era conocida, sino que tampoco existe una necesaria relación entre el ingreso al canal y la siniestralidad de una aeronave”. Para el órgano a cargo de resguardar las arcas del Fisco el estudio descarta que el sólo hecho de ingresar a la isla por el canal pudiera significar la caída de una aeronave.

El segundo documento, es una presentación denominada “Operaciones de Aeronaves Notificadas por Aeródromos de sus Bitácoras, con Origen o Destino SCIR (AD. Robinson Crusoe), el cual tiene por fuente la información otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. En este escrito se detalla que luego del accidente hubo 257 vuelos, entre aterrizajes y despegues en el aeródromo de Juan Fernández, una suma mucho mayor a las que se realizaron durante agosto (25) y octubre (40), demostrándose así, el inmenso número de operaciones en la Isla derivados del accidente. “No ocurrió ningún accidente ni emergencia, no obstante haberse realizado la mayoría de estos vuelos por la zona del Canal Santa Clara”, acotó el CDE.

Dos días después de las presentaciones del CDE, el abogado Esteban Ovalle lanzó una serie de cuestionamientos a los escritos del organismo, asegurando que los documentos carecen de todo valor probatorio y autenticidad.

“Es absurdo, pues pretender elevar como hecho relevante el que, en los días posteriores a la muerte de las 21 personas, la FACH habría enviado muchos aviones, sin que hubiese habido nuevos siniestros. Tal circunstancia carece de toda relevancia, pues la responsabilidad y negligencias del Fisco no requieren que sigan muriendo personas por nuevas caídas de aviones”, acusó Ovalle en su escrito.

El abogado Cristián Arias, por su parte, aseguró que los documentos no tienen “fecha de elaboración, ni autoría; por lo que son simples aseveraciones de la demandada”. “Este documento además se objeta por falta de integridad, ya que contiene más de diez páginas intermedias en blanco, sin información y desconocemos si en esas páginas existe información suprimida u omitida”, añadió Arias.

El capítulo por el accidente en Juan Fernández aún no se cierra y quienes participan de esta tramitación saben que al final la última palabra la tendrá la Corte Suprema.