¿Casa de herrero, cuchillo de palo?: decisión de Fiscalía de no entregar chats de jueces deja sin piso a Comisión de Ética de la Suprema

Una semana se demoró el fiscal nacional, Ángel Valencia, en responder el oficio que le había enviado el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien además lidera la Comisión de Ética que él mismo reactivó de oficio en medio de lo que se ha denominado el caso de “tráfico de influencias” que afecta a algunos integrantes del máximo tribunal. A las 11:00 horas de este jueves ingresó al despacho del magistrado el documento que, en resumen, rechaza sus pretensiones, recordándole que las investigaciones penales tienen carácter de secretas ante la ley. La situación cayó como un balde de agua fría en el segundo y tercer piso del Palacio de Tribunales.

Y es que para los magistrados del Poder Judicial que se especializan en materias criminales, el mero hecho de pensar en solicitar acceso a los chats que ha publicado Ciper era un descriterio. De hecho, no pocos recuerdan que Blanco es un juez de carrera y que se inició y especializó en juzgados del crimen. Entonces, ¿Cómo era posible que realizara una petición de este tipo teniendo en cuenta que ellos no son parte de las causas a las cuales querían acceder? El portazo de Valencia se sintió incluso más allá del edificio ubicado en las céntricas calles de Morandé con Compañía.

Que el fiscal nacional no respondiera de inmediato había dado una pequeña luz de esperanza a la instancia, que también integran la ministra Adelita Ravanales y -como suplente- Gloria Ana Chevesich. Sin embargo, el “no” fue rotundo y basado en artículos del Código de Procedimiento Penal, ese mismo texto que los propios supremos deben aplicar día a día por ser la última instancia judicial en Chile en esas materias y otras.

Quienes conocen del tenor de la respuesta de Valencia aseguran que fue escueta. Sostuvo que por ley no puede entregar copia de las comunicaciones realizadas por WhatsApp contenidas en las investigaciones penales que involucran al exjuez Juan Antonio Poblete y al penalista Luis Hermosilla. El objetivo que buscaba Blanco era tener los chats que han sido publicados y en base a ellos establecer si los ministros mencionados han tenido algún tipo de falta a la ética.

En las tramas judiciales, según develó Ciper, aparece mencionada la ministra María Teresa Letelier con Poblete. Este último haciendo “lobby” con políticos como Mario Desbordes (RN) para apoyarla en su carrera al máximo tribunal. También el ministro Mario Carroza, que solicita votos para una aspirante a notario, y -finalmente- el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. Asimismo, el mismo medio ha vinculado al caso Hermosilla -en que se indaga presunto cohecho- supuestas ayudas que habría hecho el penalista para el ascenso de jueces como Jean Pierre Matus, que llegó como abogado externo al cupo en el máximo tribunal.

Blanco además quería acceder a las conversaciones que tuvo Gonzalo Migueles, esposo de la ministra Ángela Vivanco, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Según Ciper, un pantallazo de una conversación entre ambos está en el celular incautado a Hermosilla y devela una supuesta petición de que apoye a otro candidato a fiscal nacional a cambio de un doctorado y de ser electo como fiscal regional Centro Norte. Esto abrió una investigación por presunto soborno y que sigue adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Por tal motivo, y para preservar el secreto y éxito de la investigación, es que Valencia -y la unidad anticorrupción liderada por Eugenio Campos- rechazó la petición de la Comisión de Ética.

Apenas se supo que la respuesta del Ministerio Público no era positiva, los propios supremos -que a esa hora estaban escuchando alegatos en sala- comenzaron a difundir la noticia. Algunos de los magistrados ya habían advertido que la jugada era muy arriesgada y que Valencia rechazara lo solicitado convertía la petición en un “bochorno”. Sobre todo porque la respuesta del fiscal nacional se basa en lo que dice la ley, la misma ley que los supremos deben aplicar en sus labores cotidianas.

Otros insisten en que todo se trataría de una estrategia. Con la negativa de la Fiscalía, la Comisión de Ética queda en fojas cero y a la espera de cómo avancen las investigaciones penales. En ese escenario quedan sin piso, pero “se hizo lo que se pudo”.

Lo que sí, al menos cuatro supremos que contestaron los llamados y mensajes de La Tercera aseguraron que el mayor riesgo fue volver a debilitar la figura de la cabeza del máximo tribunal, que pese al respaldo que varios de sus pares dicen tener, no estaría en posición de volver a dar “un golpe Blanco” al interior del pleno. Esto ya que ni un supremo está por sobre la ley, comentan desde el Ministerio Público.