Los ecos de la sentencia del Tribunal Constitucional que acogió el requerimiento de inaplicabilidad constitucional del sindicado como ideólogo de la teoría del esquema de Cascadas, Julio Ponce Lerou, aún son comentados por abogados de la plaza.

Se trata de la mayor rebaja a los sancionados por el presunto mayor fraude financiero de la historia. En septiembre de 2014, la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó multas por un total de US$164 millones, pero los parámetros que utilizó son cuestionados por el tribunal, que ha declarado "ilegal y arbitraria" la forma que utilizó el regulador para la fijación de los montos.

En sencillo: Ponce fue multado por la SVS en US$69,5 millones, pero el TC declaró inaplicable el cálculo que hiciera la SVS en 2014. En definitiva, ahora el sancionado arriesga una multa máxima de US$3.2 millones.

Clave al menos en la definición de que termina siendo favorable para Ponce -por 6 votos versus 4 en contra- fue el voto del ministro Nelson Pozo. Altas fuentes ligadas al caso estimaban que en un principio la votación sería 7 votos a favor y sólo 3 en contra. Por lo mismo el fallo tomó más tiempo del esperado, y en total: 1 años, 7 meses, y 9 días desde el ingreso del requerimiento.

¿Por qué votó en contra Pozo, si en los casos anteriores casos optó por acoger los requerimientos?

Las razones las explicó el propio ministro en el fallo. A su juicio, según la Resolución 223 de la SVS, entre los años 2009, 2010 y 2011, se realizaron cientos de transacciones en los mercados bursátiles locales con títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM- B bajo el diseño desarrollado mediante la venta por parte de las sociedades Cascadas de alguno de estos títulos a sociedades ligadas al Ponce Lerou y otros, a precio bajo nivel de mercado y luego la venta (retrocompra) a las sociedades a un valor superior a la cotización del momento.

"Resulta útil para ilustrar el caso que las ganancias del Ponce Lerou, en virtud de la recompra de paquetes de acciones que antes se había vendido, entre los años 2009 a 2011 fue de UF 7.352.300, con su equivalente en pesos a $191.159.800.000, sin perjuicio de otras regalías.

"se encuentra asentado en este proceso que el requirente aparece como acreedor y principal ejecutor de este esquema, constituyéndose en beneficiario de ganancias. (…) Julio Ponce Lerou, encabezó y promovió el esquema de operaciones que hizo posible la infracción por la cual se sanciona", sostuvo el magistrado.

Y al contrario a lo señalado en los casos anteriores, Pozo aclaró que "el déficit de constitucionalidad invocado en aquella parte en que faculta a la referida Comisión del Mercado Financiero para aplicar una multa de hasta un 30% del valor de la emisión u operación irregular, debe ponderarse con las utilidades o ganancias obtenidas en tal cúmulo de operaciones incurridas por la requirente".

"Es posible visualizar que los frutos de las operaciones realizadas ascienden al orden de operaciones por un monto de $191.159.800.000, equivalente en pesos en la cantidad de $40.981.084.000, lo cual implica un parámetro o referente de cálculo de la sanción de 1.700.000 UF., por lo cual se multó", sostuvo Pozo.

Y remató: "El factor de la utilidad obtenida por el requirente con las operaciones por el realizadas inhiben en virtud de las limitaciones y restricciones de los derechos fundamentales a invocar las garantías alegadas por él dado que el elemento limitante".

Perfil hermético

En contadas ocasiones el ministro Pozo ha emitido declaraciones sobre casos de contingencia y en la prensa.

Sin embargo, la última vez ocurrió hace unas semanas. A través de las páginas de La Tercera el magistrado manifestó su disconformidad por los dichos del presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien aseguró que el golpe de 1973 puso fin a "un quiebre institucional".

En esta entrevista el abogado y exmilitante del Partido Socialista aseguró que las palabras de Aróstica constituyeron un "error", haciéndose cargo de las críticas al organismo.