Casi a mediados de diciembre, el exrector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, acusó que desde la Municipalidad de Santiago se instruyó no aplicar la Ley Aula Segura en los establecimientos de la comuna. Con los días se sumó la directora del Liceo Darío Salas, Lilian Vincent, quien señaló que los rectores que aplican esa ley eran “perseguidos por la alcaldesa Hassler”.

Ante tal escenario, fue la propia edil la que salió al paso y aseguró que “jamás” había instruido “no utilizar la normativa vigente”.

Instruido o no, en ese contexto La Tercera PM revisó el detalle de las veces en que se ha aplicado Aula Segura desde que es ley: promulgada en diciembre de 2018 y vigente desde al año escolar 2019. Hay, por tanto, dos alcaldes a los que les ha tocado dirigir la comuna desde que existe la Ley 21.128. El primero fue Felipe Alessandri (UDI) y ahora es el turno de Irací Hassler (PC).

Los números señalan que, según información entregada por exautoridades de la administración Alessandri, durante ese periodo se recurrió en 76 oportunidades a dicha ley, mientras que, según cifras que aporta la actual administración Hassler, el número durante el mandato actual es cero, aunque con otras acciones legales sí utilizadas.

En detalle, el municipio gobernado por el exalcalde UDI recurrió a la ley mayoritariamente con estudiantes del Instituto Nacional (40) y Liceo de Aplicación (22). Luego aparecen el INBA (6), Darío Salas (6), Isaura Dinator (1) y Confederación Suiza (1).

¿El detalle de esos llamados ‘debidos procesos’? Hubo 42 sobreseídos, 15 alumnos retirados de sus establecimientos y 19 sancionados, de los cuales 13 terminaron expulsados y a seis se les canceló la matrícula (pudieron terminar el año, pero no seguir al siguiente).

Todos estos guarismos corresponden a 2019, puesto que luego vino la pandemia y no hubo casos en que se alcanzó a aplicar Aula Segura. Así llegó, en junio de 2021, el cambio de mando y con ello no se engrosaron las cifras referidas a la ley. Es más: durante 2020 y 2021, acorde a datos que maneja la Superintendencia de Educación, no hubo expulsados en establecimientos de Santiago, ni por Aula Segura ni por otras vías.

“Estábamos dotando a los rectores de una herramienta de la cual carecían al tener como único mecanismo de defensa los Reglamentos de Convivencia, manuales que a todas luces no fueron redactados para hacerse cargo de la violencia que se vivía y que hoy se ha acrecentado en algunos liceos emblemáticos”, dice el exalcalde Alessandri, quien agrega que “el Congreso de esos años -mayoritariamente de izquierda en ambas cámaras- dio respuesta a una necesidad muy sentida de los rectores y de parte importante de la comunidad escolar”.

En Santiago, sin embargo y según se desprende de cifras entregadas por la administración actual, durante el periodo de Alessandri hay otros procesos que ellos también atribuyen a Aula Segura y que suman 41 estudiantes del Liceo Javiera Carrera y otros seis en el Confederación Suiza, aunque, entre otros, cuentan 27 menos en el Instituto Nacional y 21 menos en el Liceo de Aplicación. Con todo, su total es de 70 recurrencias a Aula Segura.

Como sea, las cifras son claras: mientras bajo la administración Alessandri se invocó cerca de 100 veces la ley, durante Hassler aquello nunca ha ocurrido. Lo que sí ha pasado, según han detallado a La Tercera en varias oportunidades desde el municipio, es que han presentado al menos ocho querellas atribuibles al quebrantamiento de otras leyes, principalmente cuando afectan en el interior de alguna comunidad educativa y que ante faltas gravísimas a la convivencia escolar (por las que podría actuar Aula Segura) han abierto casi 600 procesos disciplinarios respaldados en los RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar), con resultado de cinco alumnos expulsados y 14 matrículas canceladas.

El 19 de diciembre Irací Hassler fue invitada a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados junto a, entre otros, Marco Antonio Ávila, ministro de Educación.

La cita, la N° 41 de dicha comisión, tenía por objeto “abordar los hechos de violencia en establecimientos educacionales y la convivencia escolar”, según se leía en la citación que les llegó a los actores invitados a exponer.

Ahí, la edil de Santiago pudo exponer los avances durante su gestión en dicha materia, pero también fue interpelada por algunos de los presentes justamente por el uso de Aula Segura.

“No he dado ninguna instrucción de no aplicar la ley vigente y eso es muy bueno que podamos aclararlo en este espacio, como lo he hecho en otros, porque ustedes son justamente quienes están dedicados a la creación de leyes y su discusión”, dijo en un momento.

Ya sobre el final, el diputado Stephan Schubert (independiente en cupo Republicano) le preguntó directamente cuántas son las causas que se han iniciado con ocasión de Aula Segura durante su administración y en qué estado se encontraban las mismas.

La alcaldesa no entregó una cifra referida a Aula Segura, pero así se extendió: “Hay procesos que se inician, que son los RICE, que los inician los directores y directoras. Sobre su pregunta, hemos iniciado más de 600 procedimientos de RICE al interior de nuestras comunidades educativas. La ley lo que faculta no es a iniciar o no, sino que todos los que se inician son RICE. Nos parece fundamental el llevar adelante los procesos establecidos en términos de convivencia. Hemos tomado acciones legales, tanto nosotros como en coordinación con la delegación presidencial”.

También detalló que Santiago ha recurrido a otras instancias legales durante su gestión. “Hemos establecido la posibilidad de querellas cuando afectan a la comunidad educativa, por eso hemos presentado al menos ocho cuando afectan a la comunidad internamente y es la delegación presidencial la que presenta querellas cuando se afecta al orden público. Esa es una coordinación que hemos establecido”.

¿Y qué han dicho otras veces desde Santiago cuando se trata de esta ley? “Aula Segura fue sobre todo un discurso político y comunicacional y se terminó ubicando en la arena de la política partidista. No fue una herramienta realmente eficaz para combatir lo que se decía querer combatir, ni mucho menos fue una política educativa relevante en lo formativo. Al menos eso es lo que muestra la experiencia de Santiago que fue la arena donde este constructo político se instaló”, han dicho a este medio.

Contrariamente a eso, han agregado, “los RICE reflejan, por lo menos, un cierto acuerdo dentro de las propias comunidades en torno a las faltas y sus sanciones (...) la lógica de la política de Aula Segura solo dividía el mundo en buenos y malos y en su aplicación muchas veces se cometieron abusos y aberraciones”. Esto lo han justificado con que en “al menos en dos casos” la Corte Suprema ordenó la reincorporación de estudiantes que habían sido expulsados por Aula Segura.

Ejemplos como esos no son, sin embargo, los únicos que desde Santiago se han referido en esos términos a la ley. De hecho, la propia alcaldesa Hassler durante la campaña para el sillón municipal publicaba en sus redes sociales: “Fin a la política de Aula Segura y criminalización a los estudiantes. Fomentaremos la resolución democrática y participativa de los conflictos”.

La Tercera realizó tres preguntas a la Dirección de Educación de Santiago (DEM) referidas a Aula Segura, las que aquí se reproducen íntegramente.

¿Cuáles son los fundamentos para que no se haya utilizado Aula Segura durante su gestión? ¿Es simple coincidencia?

Los RICE de cada establecimiento educacional están actualizados y de acuerdo con la normativa vigente, la cual señala que es responsabilidad de cada director y directora de liceo o escuela el cómo se aplican las diversas medidas y procedimientos ante faltas graves o gravísimas. En cualquier caso, durante este año, hemos llevado cerca de 600 procesos referidos a faltas gravísimas o graves, algunos de las cuales han derivado en expulsión y cancelación de matrícula. A diferencia de 2019, ninguna de las medidas de expulsión o cancelación de matrícula que se han adoptado este 2022 ha sido objeto de cuestionamientos de procedimiento o incluso de la anulación por parte de la Corte Suprema, como sí ocurrió en Santiago en 2019.

Si bien la alcaldesa Hassler ha dicho que no ha dado la orden de no utilizarla, ¿no es lo mismo haber hecho campaña diciendo explícitamente que no se usara?

Es resorte de cada liceo y escuela la aplicación de la normativa vigente y son las y los directores quienes tienen la autonomía para definir la mejor estrategia -de acuerdo a la normativa vigente- para la resolución de los conflictos que alteran la sana convivencia. Insistir en lo contrario es no conocer el funcionamiento de la normativa vigente y su aplicación.

Considerando lo anterior, ¿qué seguridad tienen los rectores de que no tendrán reprimendas por decidir acudir a Aula Segura?

Las facultades de las y los directores de establecimientos educacionales están bastante claras en la normativa, incluida la forma y criterios con los que son evaluados. Hay responsabilidades que no pueden dejar de ser ejercidas, tales como el abrir debidos procesos ante faltas graves o gravísimas de acuerdo con los RICE y la normativa. Lo mismo en cuanto a la comisión de delitos en contexto escolar. En este último caso, siempre han realizado las denuncias correspondientes en las policías. Por su parte, el municipio y la DEM seguirán presentando acciones legales cada vez que corresponda y promoviendo una coordinación efectiva con el Ministerio del Interior, la Delegación RM, Carabineros, PDI y la Fiscalía. En ese marco, esperamos que las policías y la Fiscalía hagan su parte, investigando en profundidad los hechos de violencia, para que la justicia determine las responsabilidades.