Caso cero: Fiscalía pide alzar secreto bancario de Comunes y Chile Movilizado en arista “fundación de papel” del caso Karina Oliva

Fue el 18 de noviembre de 2021 que el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura de una investigación de oficio en contra Karina Oliva, por presunto delito de fraude de subvenciones en su declaración de gastos de campaña a gobernadora. Esto, luego de que a través de un reportaje de Ciper, se revelara que el equipo asesor de la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana, presentara rendiciones fraudulentas ante el Servel.

De ahí en más vinieron una serie de diligencias que, a casi dos años, han permitido al Ministerio Público establecer -como reveló La Tercera- que una de las principales figuras del Frente Amplio en las elecciones de 2021 usó la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para triangular dineros que supuestamente gastó en campaña.

Como dan cuenta antecedentes contenidos en la carpeta del caso, el fiscal Milibor Bugueño obtuvo declaración de decenas de testigos y de sujetos que también son indagados en calidad de imputados, observó movimientos de las cuentas de Oliva, pero con miras a identificar cuál fue la trazabilidad de los dineros, también solicitó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago el alzamiento del secreto bancario de las cuentas del Partido Comunes y de la Fundación Chile Movilizado.

En ambos casos se trata de cuentas en el BancoEstado, y como se lee en el documento de 55 carillas, se pidió tener detalles “de todos los depósitos, captaciones u operaciones que hubiera realizado la persona individualizada, en las cuentas que actualmente estén abiertas y las que se hayan cerrado, debiendo acompañarse copia de las cartolas que se hubieran emitido”.

Para esto, Bugueño tenía como antecedentes previos la denuncia que ingresaron en noviembre de 2021 diputados de Chile Vamos, pero también la acción que presentó el Servicio Electoral en contra de Oliva y de Martín Miranda, quien se había desempeñado como el administrador electoral de la candidatura, por el delito de certificación y/o presentación de antecedentes falsos en rendición de cuentas generales de ingresos y gastos electorales.

Una de las cosas que más valora el equipo de investigadores del OS-7 de Carabineros fue la incautación realizada en la entonces sede de Comunes, que generó polémica. En esa oportunidad la policía, con orden judicial en mano, allanó el partido y logró rescatar desde los computadores información vital que tienen ahora a Karina Oliva y su expareja Jorge Ramírez, además de Miranda, ad portas a ser formalizados por fraude reiterado. El CDE además estudia una querella.

De acuerdo con lo expuesto por el persecutor para argumentar su solicitud, hubo funcionarios del Servicio Electoral que fueron claros al identificar anomalías en la rendición de ingresos y gastos electorales de Karina Oliva, puesto que se rindieron para ser reembolsados con dineros fiscales altos montos por servicios supuestamente prestados, lo que no fue resorte del Servel pesquisar.

Se cita, por ejemplo, lo expuesto por Miguel Ángel Baeza, contador auditor que se desempeña en el Servel y que realizó 32 observaciones a lo rendido por la excandidata. “Eran por asesorías o boletas de honorarios abultadas, mismo prestador de servicios en las dos elecciones, además que en la elección son 3 meses de campaña y en la segunda vuelta es un mes, se rendía un monto mayor incluso que la primera vuelta, siendo que el periodo de campaña es más acotado”, sostuvo el profesional en medio de la indagatoria.

Agregó, en el mismo sentido, que le llamó la atención que los fondos de la candidatura incluían poco aporte privado y mucho gasto tanto en la primera como en la segunda vuelta, pese a que esta sólo duraba 20 0 25 días.

“Me llama la atención que hubo la misma forma de operar en ambas elecciones, muy poco aporte privado, mucha solicitud de rembolso tanto por facturas pendientes de pago como por mandato de BancoEstado, y cifras similares, siendo que la segunda votación es de 1 mes y la primera de 3 meses, sumando a que se repetían proveedores en ambas vueltas por servicios con montos elevados”, complementó.

A otro funcionario, Héctor Guzmán, esto también le llamó la atención y lo indicó así: “A mí me llamó la atención principalmente los montos que se pedían por los servicios, pues discrepaba mucho de los otros candidatos, los mismos servicios por otros candidatos eran mucho menor a lo que se estaba rindiendo”.

Lo anterior se repitió con otros profesionales que entregaron su testimonio, pero siempre la conclusión era la misma, no podían ir más allá. En algunos casos, sólo pidieron más detalles que nunca llegaron.

Asimismo, el fiscal hace presente que Oliva había mantenido directa relación con Chile Movilizado, y que uno de sus colaboradores más cercanos durante la campaña, Miranda, aún la tenía, y que pese a ello se contrataron servicios de esta entidad por $ 120 millones.

Y además, quien oficiaba como vicepresidente de la entidad, Juan Pablo Sanhueza Tortella, también se constató que emitió boletas por servicios prestados durante la campaña. Se trata de una boleta emitida con fecha 13 de junio de 2021 a la candidata por $ 5.000.000 y cuya glosa indicaba “Encargado territorial Distrito N°9 Campaña Karina Oliva Por Pagar”. Lo mismo mismo ocurrió con el presidente de la misma, David Heriberto Castillo Palma, quien emitió la boleta de honorarios N°120 de fecha 13 de junio de 2021 por $ 3.000.000 por su supuesto rol como encargado territorial distrito 13.

Es necesario entonces, expuso el fiscal, “conocer por una parte si los servicios informados fueron efectivamente prestados, pero en esta etapa además si dichos servicios fueron pagados con cargo al reembolso fiscal en razón de los votos obtenidos por doña Karina Oliva”. Eso, agrega, porque sí se autorizó el reembolso y se transfirió el dinero a las cuentas de la candidata y del Partido Comunes.

“Es importante, además, saber cuál fue el destino final de esos pagos, pues como se indicó, Martín Miranda es quien aparece como tesorero de la Fundación Chile Movilizado, y a la vez es quien realizó la rendición de cuentas de Karina Oliva como administrador electoral y la rendición del partido Comunes como administrador general”, enfatiza el fiscal.

En el mismo sentido, Bugueño recalca que si bien se cuenta con la autorización del levantamiento del secreto bancario de la otrora candidata, “no existe total orden y claridad respecto a qué pagos efectivamente se habrían realizado y por qué monto, ya que, según se ha constatado en la investigación, varios de estos se realizaron a través de personas distintas de la candidata”.

Se desprende de las declaración de la encargada de cuentas del partido Comunes, Daniela Robledo, sostiene el persecutor, que existían ítems en donde se informaba que se habían hecho pagos a proveedores, siendo que en la realidad se pudo verificar que los dineros eran retirados por caja por miembros de la anterior directiva, donde estaba Jorge Ramírez.

Así las cosas, Bugueño concluyó: “Es necesario contar con los antecedentes bancarios del partido Comunes y de la Fundación Chile Movilizado para realizar un cotejo de la información recabada hasta el momento, teniendo presente la importancia de esta diligencia en razón del gran monto facturado”.