Caso Democracia Viva: Contraloría le da cinco días al Minvu para detallar todos los recursos traspasados a fundaciones en Antofagasta

La adjudicación de $ 426 millones para la Fundación Democracia Viva por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dejó de ser un tema netamente político. El caso ahora se moverá en dos frentes: el judicial, luego de que la Fiscalía abriera una investigación de oficio para indagar la legalidad del contrato directo entre el gobierno y la ONG -representada por Daniel Andrade, pareja de la diputada RD, Catalina Pérez-; y, ahora, también, en el ámbito administrativo, en Contraloría.

Así lo decidió durante el transcurso de la mañana el organismo presidido por el contralor Jorge Bermúdez, quien instruyó oficial al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que rindiera cuentas sobre cómo se llevó a cabo el proceso que no sólo involucró a Democracia Viva, sino que a todas las fundaciones sin fines de lucro, entre el 2022 y el 2023.

La fiscalización de Contraloría llega en un momento complejo para el gobierno y, especialmente, para el Revolución Democrática, dado que con estos se le abren dos frentes en que se cuestiona la legalidad e irregularidad administrativa de la ejecución de este presupuesto.

Hasta ahora, los dirigentes del Frente Amplio habían descartado implicancias legales y administrativas, relegando todo a la esfera de lo político. Por ejemplo, el martes, el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, había señalado que “no hay nada irregular o ilegal en el convenio (…) el tema y el descriterio está justamente en el vínculo en que se da la sospecha, por el vínculo de cercanía a través de la diputada Pérez, por una parte el pololo de la diputada y por otra parte un seremi que había sido alguien de su confianza en su período anterior”.

Pero la actuación de Contraloría no sólo estará centrada en la entrega de recursos a Democracia Viva, sino que en todos los procesos de entrega de recursos a fundaciones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Además, en Teatinos 56 tomaron otra decisión. Si bien estas solicitudes de entrega de información siempre dan plazos de entre 10 y 15 días, esta vez se hizo una excepción: “Los antecedentes requeridos deberán ser remitidos en un plazo máximo de 5 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio, a través de la plataforma web ‘Ventanilla Única’, de este Organismo Fiscalizador”, dice el oficio ya notificado al Minvu.

Conocedores del proceso dicen que la entrega de información debe ser rápida, dado que se deben tener en cuenta todos los antecedentes, en caso de que haya una entrega en “proceso” y, en caso de detectarse alguna irregularidad, pueda ser frenada para evitar la mala ejecución de recursos públicos.

Entre 2018 y 2023 la Contraloría ha realizado 558 acciones de fiscalización al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como auditorías financieras, investigaciones especiales de obra pública y auditorías de cumplimiento, entre otras.

La petición de información en este caso, sin embargo, no se trata de una solicitud general, pues el ente contralor solicitó una serie de detalles para acceder a la rendición de cuentas.

Por ejemplo, se pidió el detalle de todos los convenios de transferencias suscritos relacionados con el programa de “asentamientos precarios”, identificando los actos administrativos que los aprobaron, la fecha de convenio, la organización receptora, y la identificación del proyecto.

También, se solicitaron los montos pactados, el detalle del dinero entregado, y el estado actual de su ejecución, como también sus estados financieros.

Ahora será el Ministerio de Vivienda quien deberá informar -o bien pedir prórroga- sobre la entrega de fondos a las ONG, los cuales ya están en la mira de Contraloría y el Ministerio Público, quienes también preparan una serie de diligencias enfocadas a investigar un caso que ya se instaló en el gobierno, por todos los frentes.