Caso Farmacias Populares: el viaje a Cuba de Jadue, Codina y Cuadrado que la fiscalía puso en su radar

“Gran noticia para nuestros vecinos. Acabamos de firmar el convenio de colaboración y representación entre @Achifarp y Bio Cuba Farma para llevar a Chile medicamentos y dispositivos médicos a precio justo”.

De esta manera, el 26 de abril del 2018, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), celebraba en su cuenta de Twitter el acuerdo entre la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y la organización estatal cubana de biotecnología. El convenio también fue firmado en Cuba por los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina (RN); y de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD).

Jadue, Codina y Cuadrado llegaron como parte de la comitiva de Achifarp, asociación liderada por el alcalde de Recoleta, para buscar la importación de remedios cubanos a bajo costo a Chile. La instancia fue valorada por los jefes comunales, pero cinco años después, podría traer más de algún coletazo.

El viaje forma parte de los antecedentes que hoy investiga la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, y el OS-7 de Carabineros, en torno a los convenios entre la Municipalidad de Recoleta, la empresa Best Quality SPA y también Achifarp. Específicamente se indaga cómo se financió este periplo y la estadía de los ediles en la isla.

La duda que existe entre los investigadores es de dónde salieron los fondos para comprar los pasajes aéreos, dado que -según pudieron recabar hasta ahora- no se ha encontrado el registro de estos respaldos en la contabilidad de Achifarp.

Por lo mismo, el Ministerio Público pidió la rendición de estas cuentas para saber si los fondos salieron desde los municipios, y si hubiera sido así, tener claridad si fueron o no aprobados por los concejos municipales respectivos.

Hasta ahora los investigadores han logrado recabar algunas versiones. En el caso de Codina, se le pidió saber cómo financió el viaje, y este contestó que fue a través de la Asociación Chilena de Municipalidades.

A pesar de que los alcaldes ya entregaron la información requerida, el ente persecutor y la policía siguen haciendo diligencias para comprobar el origen del financiamiento del periplo a la isla.

El alcalde de Puente Alto señaló a La Tercera PM que “en abril de 2018 viajé a Cuba a raíz de una invitación formulada por el comité organizador de la Convención Internacional de Salud Pública: Cuba Salud, como presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Dicha invitación fue cursada paralelamente a autoridades del Ministerio de Salud, Asociación de Municipios con Farmacias Populares y otras personalidades e investigadores chilenos en el campo de la salud”.

En esa misma línea, explicó que el objetivo fue firmar acuerdos de cooperación para buscar traer a Chile medicamentos innovadores y a precio justo que no estaban en el mercado. “Como el viaje lo realicé en mi calidad de presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, los pasajes fueron cancelados por la Asociación Chilena de Municipalidades. Como ha sido de costumbre en mi sello como alcalde, no se utilizaron recursos del municipio de Puente Alto ni para pasajes ni viáticos en la participación en la convención de salud Cuba 2018″.

El alcalde de Recoleta también fue consultado a través de su equipo de prensa, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo versión alguna. Sin embargo, a través de plataforma de Ley de Lobby -disponible en la página web de la Municipalidad de Recoleta- está consignado el viaje a Cuba.

Allí se describe que la estadía en La Habana fue entre el 21 y el 28 de abril del 2018, y que, en total, costó $1.957.835, entre pasajes y viáticos.

En el caso de Cuadrado, tampoco se pudo tener una respuesta. Fuentes de la indagatoria, en tanto, aseguran que ya informó a la fiscalía el método usado para financiar sus concurrencia a La Habana.

El manejo de la contabilidad de Archifarp es una duda profunda en el Ministerio Público y la policía uniformada, pues no existirían todos los respaldos necesarios para justificar los ingresos y egresos de dinero.

Esto ya había sido advertido por Contraloría en el sumario que inició a los convenios de Recoleta y Achifarp y, por lo mismo, se presentaron cargos contra Jadue al respecto.

En la auditoría, Contraloría advirtió que no había respaldo financiero y que la asociación “no puso a disposición los antecedentes relativos a procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”.

Esta es una de las aristas que persigue la Fiscalía Centro Norte. Una de las hebras que investiga es la de un eventual cohecho contra el jefe comunal, debido a una bonificación que pidió para el PC a uno de los proveedores principales de Achifarp en pandemia.

Por ahora, la investigación apunta a dilucidar esos flancos y aclarar cómo se manejaba el proyecto estrella de Jadue a los que adhirieron alcaldes de distintas corrientes políticas.