El 2 de noviembre de 2020, Trilinc Global Impact Fund Cayman Ltda (TGIF) -sociedad domiciliada en Islas Caimán- presentó una demanda en contra de Itelecom, la empresa vinculada al escándalo de corrupción de luminarias led que investiga la Fiscalía y que involucra a una veintena de municipios, entre ellos Recoleta que encabeza el precandidato presidencial PC, Daniel Jadue.

En la acción que se tramita en el 23º Juzgado Civil de Santiago, exige a Itelecom el pago de US$1.645.705 ($1.291 millones), luego que esta última obtuviera fondos para desarrollar su plan de expansión. “Solicitamos acoger en todas sus partes la presente demanda y disponer, en su caso, se siga adelante la ejecución hasta el entero pago de la cantidad adeudada, sus intereses y costas de la ejecución”, expuso en su escrito TGIF representada por los abogados Pedro Pablo Gutiérrez y Alfredo Waugh.

Todo comenzó luego que el 5 de diciembre de 2018, TGIF acordara con Itelecom un préstamo por US$8.063.150 para financiar la adquisición de luminarias LED, las que se instalarían como alumbrado público en diversas municipalidades de Chile.

El acuerdo establecía un calendario de pagos con seis cuotas que se extendía hasta el 6 de junio de 2021. Por medio de un pagaré suscrito en la Notaría de Eduardo Avello Concha, Itelecom se comprometió “al pago incondicional de intereses sobre el saldo insoluto del pagaré, los cuales se devengarían día a día a una tasa de interés anual de un 11%, el que se pagaría de forma mensual en conformidad al calendario de pagos acordado, el que forma parte integrante del contrato”.

El problema es que -según detalló en su demanda el fondo- Itelecom no cumplió con sus compromisos de pagos desde el 6 de mayo de 2020 hasta la fecha y luego de presentar más e seis meses de mora, TGIF solicitó el cobro en tribunales.

A fin de conseguir los fondos, Itelecom constituyó prenda sin desplazamiento en favor de TIGF sobre los derechos que tenía el demandado sobre tres contratos celebrados con diversas municipalidades, los que incluían el derecho a recibir pagos por diversos conceptos incluyendo, sin limitación, por concepto de remuneraciones, comisiones, multas, indemnizaciones, gastos, costos, garantías, entre otros.

Uno de los contratos relevantes sobre los cuales Itelecom constituyó una prenda en favor de TIGF, es el acuerdo suministro y prestación de servicios celebrado por la demandada con la Municipalidad de Las Condes. En dicho contrato, Itelecom proporcionaría las luminarias LED de acuerdo a las bases de la licitación del 18 de mayo de 2018.

Por su parte, como contraprestación, el municipio estableció un pago mediante una serie de cuotas. A la fecha, todos los suministros y servicios acordados en el contrato fueron prestados por la demandada quedando pendiente el pago por parte del municipio de la última factura emitida por la suma de $1.940.553.528.

Por lo mismo, en su demanda TIGF solicitó al tribunal notificar a la Municipalidad de Las Condes para que “retenga y consigne” en la cuenta corriente del tribunal la totalidad o o parte de dichos fondos que corresponden a la factura electrónica Nº 114 emitida por Itelecom con vencimiento el día 17 de mayo de 2021.

Asimismo, la demandante pidió congelar los fondos que mantiene Itelecom en en el Banco de Chile.

Frente a la demanda, Itelecom -representada por el abogado Daniel Praetorius- presentó el pasado 12 de diciembre un escrito en el que exige la nulidad de la notificación. ¿La razón? Las notificaciones fueron erróneas, puesto que el receptor judicial, Marco Catalán Holuigue, cuando acudió a las oficinas de Itelecom ubicadas en Monseñor Sotero Sanz N° 100, comuna de Providencia dio fe que dicha dirección correspondía al domicilio laboral del fundador de Itelecom, León Marcelo Lefort Hernández.

“Lefort se encuentra imposibilitado de poder asistir a dichas oficinas desde varios meses toda vez que, como es de público conocimiento, se encuentra en prisión preventiva en el penal de Capitán Yáber desde el 9 de mayo de 2020.

En efecto, actualmente Lefort se encuentra enfrentando un proceso penal llevado por el Ministerio Público, siendo investigado por varios delitos debido a licitaciones irregulares y corrupción. Debido al avance del caso, la fiscalía formalizó la investigación en contra del ejecutivo. Posteriormente, el Juzgado de Garantía de San Carlos, decretó la prisión preventiva del acusado, medida cautelar que se encuentra vigente hasta el día de hoy.

El objetivo de la defensa de Itelecom es que el tribunal orden retrotraer el estado del juicio al momento en que se ordena notificar la demanda.