Caso por tráfico de influencias impacta también al Ministerio Público: fiscal regional de los Lagos investigará a Carlos Palma por no denunciar eventual soborno

No era el único tema en la tabla, pero sí uno que genera incomodidad al interior del Ministerio Público. Y es que ayer los fiscales regionales del país se reunieron en sesión extraordinaria para abordar varias situaciones que no podían esperar al próximo encuentro fijado por ley. Hablaron de ciberseguridad y persecución penal, hasta que el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que se había admitido a trámite una querella que involucraba a un jefe regional.

Como establece la normativa interna cuando uno de los integrantes del consejo es blanco de una investigación penal, se debe designar a un par para que lo indague. Por un tema de jerarquías la causa no puede caer en un fiscal adjunto. Fue así como en la reservada cita de ayer se decidió que sea la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, la que dirija las pesquisas. Ella deberá encabezar las diligencias para establecer si el jefe del Ministerio Público de Aysén, Carlos Palma, incurrió en el delito de omisión de denuncia, esto en el marco de las esquirlas que han dejado tanto en el Poder Judicial como en el órgano persecutor penal chats extraídos en las causas judiciales de “Hermosilla” y “Operación Topógrafo”.

El lunes 17 de julio se declaró admisible la querella presentada por el penalista Fernando Leal. Ahí el profesional, basándose en una serie de artículos reportados por Ciper, pidió indagar el presunto tráfico de influencias que afecta a las más altas cúpulas del Poder Judicial, pero además solicitó que en paralelo se indague un cuestionado rol de quien postuló -en el concurso pasado- a fiscal nacional. Se trata del jefe del fiscal Palma.

“El fiscal Carlos Palma envió un pantallazo al celular del abogado Luis Hermosilla con el diálogo que sostuvo con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema doña Ángela Vivanco, mensajes que dan cuenta que Migueles le ofrece a Palma un doctorado y reemplazar en la Fiscalía Centro Norte a Xavier Armendáriz, oferta que se produjo en el contexto de que Palma postuló al cargo de fiscal nacional”.

Junto con esto, el libelo reproduce el reportaje, en particular el intercambio de conversación de Migueles y Palma.

Migueles: Buenos días amigo querido. Doctorado y reemplazo de Armendáriz OK visto bueno.

Migueles: Amigo, puedes hablar? Soy bueno negociando.

Carlos Palma: Estoy en la clínica… operan a mi cuñado ahora. El del accidente de moto. Dame un rato.

Migueles: 👍

Migueles: Amigo te llamarán de la prensa.

Leal en su querella pide que el Ministerio Público responda ciertas interrogantes. “¿Por qué el fiscal Carlos Palma mantenía correspondencia con el abogado Luis Hermosilla en el contexto de la elección de fiscal nacional? ¿Qué relación existe entre ambos? ¿Por qué el fiscal Carlos Palma, que recibe una oferta del todo irregular –ofrecimiento de un beneficio económico a un funcionario público, lo que puede ser constitutivo de un delito de soborno– no cumple con su deber de denuncia siendo un funcionario con años de trayectoria en el Ministerio Público y conocedor de los delitos funcionarios?”.

Por estos días el fiscal nacional pasó los antecedentes de este caso, en el ámbito disciplinario, a la Unidad de Asesoría Jurídica. Con la apertura de la causa criminal, la fiscal Wittwer deberá interrogar a su par de Aysén, tal como lo solicita la parte querellante.

Del consejo de este lunes se supo que Palma ha decidido guardar silencio y que -incluso- no participó presencialmente de la cita, ya que el aeropuerto de su región está cerrado. Sí lo hizo de forma telemática, lo que permitió para el resto del consejo evitar la incomodidad que ha generado su rol en esta causa que hoy complica principalmente a supremos mencionados en los chats del exministro Juan Antonio Poblete, hoy preso por la “Operación Topógrafo”, en que autorizó espionaje a periodistas y exmilitares, pero cuyas esquirlas tocan también a la Fiscalía.

De hecho, el máximo tribunal vive uno de sus peores episodios, y junto con someterse a colaborar en la indagatoria penal que lleva la fiscal regional Claudia Perivancich, ayer -el mismo día que se reunieron los fiscales regionales- el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, reivindicando su cuestionado (por algunos) liderazgo, determinó abrir de oficio la Comisión de Ética para revisar el actuar de sus pares.

Los casos de chats incautados en investigaciones penales arribaron para quedarse en el Poder Judicial y el Ministerio Público.