Caso Putre: la controvertida petición del fiscal general militar para que pleno de la Suprema decida quién investigará

Con gran sorpresa recibieron distintos intervinientes -la noche de ayer martes- el escrito ingresado por el fiscal general militar, Felipe Véliz, en el marco de la disputa de competencias respecto a la indagación del caso de la fatídica marcha de conscriptos en Putre.

Y es que si bien dicho documento de cuatro carillas tenía como foco principal que la investigación recaiga en la Justicia Militar, como también lo había planteado la ministra en visita Jenny Book, incluyó una petición que generó alertas en la Fiscalía, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y entre los abogados que representan a soldados afectados y sus familiares.

Véliz, en concreto, pidió que sea el pleno de la Corte Suprema quien resuelva la contienda y, así, se suspenda la vista por parte de la Segunda Sala del máximo tribunal, lo que traería consigo la cancelación de los alegatos.

“Teniendo en vista la pluralidad de diligencias dispuestas y desarrolladas por la ministra en visita extraordinaria y con el propósito de precaver una eventual dilación en el proceso (…) vengo en solicitar a V.S. Excma. tenga a bien disponer que la contienda de competencia que se encuentra pendiente de decisión sea resuelta por el pleno de este Excmo. Tribunal en el sentido que la ministra Jenny Book Reyes continúe conociendo de la causa”, se lee en el escrito.

Por lo mismo, los mencionados intervinientes no dudaron en ingresar de inmediato sus respuestas, catalogando la petición como grave. Aseguraron, de hecho, que acogerla implicaría un notorio agravio al proceso.

“Dicha solicitud resulta improcedente, por no apegarse a la ley”, manifestó Pablo Campos, director de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional.

En la misma línea, el abogado Fernando Leal, quien representa a tres de los soldados que fueron parte de la cuestionada instrucción militar, expresó que lo mencionado por el fiscal general militar es del todo “inconvencional” y que contravendría derechos y garantías.

“La solicitud realizada por el fiscal general militar del Ministerio Público Militar resulta ser una petición del todo INCONVENCIONAL, que desahucia de facto fallos de la Corte I.D.H. que establecen el Derecho a Contradictorio y el Deber de Exhaustividad, vengo en solicitar el rechazo de la misma, realizando el correspondiente Control de Convencionalidad ese máximo tribunal”, indicó.

Tal como lo fue respecto de las mencionadas partes, la solicitud del fiscal general militar cayó como un balde de agua fría sobre el INDH. Desde ahí el abogado Pablo Rivera, por medio de un escrito a la Suprema, la calificó como “irredargüiblemente improcedente”.

Consultada sobre la materia, la directora del organismo, Consuelo Contreras, agregó que “nos parece muy preocupante, porque esto instala el manto de secreto sobre el caso y nosotros necesitamos transparencia. Este es un caso en que la audiencia ha estado fijada en varias oportunidades y debe ser resuelto, creemos, con alegatos, no a puertas cerradas. Tengo toda la confianza de que el pleno de la Corte Suprema va a tener la sabiduría de enfrentar esta situación con transparencia y con apego a las leyes”.

Sobre si considera que mediante esta acción se busca “proteger” a los responsables de irregularidades, como ha deslizado la mamá del fallecido conscripto Franco Vargas, Contreras se limitó a sostener que “esa, sin lugar a duda, es la impresión que se genera” con el escrito presentado por Véliz.

“Es importante que sepan los querellantes y sepa la ciudadanía qué fue lo que ocurrió. Todos los jóvenes de 18 años en este país, los que actualmente tienen, los que tuvieron, los que van a tener 18 años, tienen que cumplir con el servicio militar y es fundamental que ellos y ellas y sus familias sepan lo que ocurre en ese proceso y que estén protegidos. Tiene que haber esa certeza de que el Estado va a proteger a estos jóvenes estando bajo su custodia”, complementó la directora.

En los mismos términos, el abogado Ignacio González hizo presente que se está ante un requerimiento “ilegal e inconstitucional, ya que hay una actuación establecida, un procedimiento establecido, regulado en la ley, que establece cuáles son los pasos, los ritos procesales que se tienen que verificar para las vistas de la causa. No está contemplado aquello, no está la posibilidad de que se resuelva mediante un pleno extraordinario, sin escuchar ni al INDH ni a las víctimas ni a los imputados”.

“Esta solicitud deja en evidencia de forma muy clara por qué la justicia militar no tiene que seguir conociendo este proceso, porque funciona bajo unas lógicas que son contrarias a los derechos fundamentales y no asegura las garantías mínimas. En este caso, derecho a ser oído, derecho a la tutela judicial de las víctimas, derecho al debido proceso. Pretender que se resuelva un asunto sin siquiera escuchar a los intervinientes, nos parece tremendamente grave”, recalcó.

Considerando que es una posibilidad cierta que la Suprema resuelva que la competencia recae en la justicia militar, desde el INDH aseguran que se evaluará en su mérito qué acciones seguir. Por ejemplo, podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) y también a instancias internacionales.