Caso relojes: cuáles son y cómo operaban las bandas que la Fiscalía vincula con Parived

Por más de seis años se ha extendido la investigación del Ministerio Público en torno al denominado caso relojes, donde se indagan presuntos delitos de asociación ilícita para el contrabando y comercialización de artículos de lujo robados. En coordinación con detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía ha llevado adelante allanamientos, seguimientos, interceptaciones telefónicas y una serie de otras diligencias, determinando la existencia de dos estructuras criminales -vinculadas entre sí- y la participación de 29 imputados, entre ellos, Marco Antonio López, conocido públicamente como Parived.

Pero aunque recientemente se han conocido los mayores hallazgos de las diligencias encabezadas por el fiscal Eduardo Baeza, el origen del caso, como comentó a La Tercera PM la comisaria Rosario Muñoz de la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales, se remonta a mediados de 2017. En ese momento, se detuvo a un sujeto por el robo de celulares, pero los funcionarios advirtieron que había algo más. Comenzaron a tirar de las distintas hebras del relato del hombre que hoy permanece como testigo protegido, y llegaron a un nombre que se convirtió en la pieza clave de esta la investigación: Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.

La mujer fue seguida, se “pincharon” sus conversaciones telefónicas y así los detectives comprobaron que la denuncia del denominado lanza era verídica. Dinamarca, a través de su joyería ubicada en Santiago Centro, estaba comercializando productos que posiblemente tenían origen ilícito, y para lograrlo, contaba con una serie de colaboradores. Entre ellos, sus tres hijos, su yerno, un secretario operativo, dos joyeros, y un financista: Domingo Elías Jalil Allel, conocido también como el “Sultán del Artificio”.

Ella, además, mantenía frecuentes contactos con otro blanco que resultó llamativo para los PDI que estaban atentos a sus contactos telefónicos, Leonardo Patricio Álvarez Álvarez. Él tenía a su nombre una mueblería, y producto de las diligencias, se estableció que en los muebles que enviaba a distintas partes del país, escondía joyas presuntamente robadas para su posterior comercialización. Asimismo, se pudo determinar que trabajaba codo a codo con su sobrino, una secretaria y que tenía como financista al hijo del dueño del conocido restorante Donde Augusto, Luis Vásquez Carraha.

Como indicó el fiscal Baeza durante las audiencias de formalización de los imputados que ya han sido detenidos, se trata de dos organizaciones estructuradas y jerárquicas, cada una con un liderato, y donde cada integrante desempeña roles o funciones específicas y concretas encaminadas funcionalmente a la plena realización del programa criminal. Se mantenían operando, según se estableció, al menos desde 2016.

Adquirían, según manifestó, especies de origen ilícito, específicamente joyas, relojes y accesorios de alto valor, robadas o hurtadas por bandas vinculadas a delitos violentos en Chile y en el extranjero. Gracias al modelo que establecieron, complementó el persecutor, lograron recaudar por años importantes ganancias.

En el caso de la banda encabezada por Estrella Dinamarca, se estableció que esta tenía un rol protagónico “en todas las etapas del negocio”. Buscaba y seleccionaba joyas, relojes y otras especies, tomando contacto con “proveedores”. Si bien su gente de confianza podía realizar a veces dicha labor, era siempre ella quien daba el visto bueno a los elementos a adquirir, como consta en los análisis de los investigadores. Una vez adquirida la “mercancía”, la entregaba a los joyeros que trabajaban con ella, Luis Rodrigo Chávez Acevedo y Domingo Antonio Lupallante Morán, para que hicieran las modificaciones necesarias, como borrado de inscripciones o eventuales reparaciones. Listos para la venta, la mujer coordinaba a sus brazos operativos para que materializaran las transacciones.

Jaime Antonio Quiroz Jara fue identificado como su mano derecha, siendo el encargado de comunicarse y reunirse con los proveedores, varios de ellos lanzas internacionales, y negociaba el precio de las joyas.

En paralelo, Dinamarca contaba con el apoyo de sus tres hijos: Cristia Belén Venegas, Carla Estrella Venegas y Juan Carlos Venegas, quienes la acompañaba en viajes donde iban en búsqueda de especies y las internaban al país escondiéndolas en sus ropas y pertenencias. Mismo rol en la que la apoyaba su yerno, Nicolás Ignacio Moreno López (pareja de Cristia). En su caso, viajaba principalmente a Argentina.

Domingo Jalil era su financista, y de acuerdo con datos de la causa, le entregaba efectivo a cambio de cheques de los receptadores finales, cobrando un porcentaje por la transacción. Además, participaba en la compra de especies de origen ilícito directamente a proveedores que cometen delitos en el extranjero.

Como intermediario y comprador habitual de joyas se posiciona a Parived. Según la indagación, éste se relaciona directamente con Estrella Dinamarca, quien lo provee de joyas para su adquisición o posterior venta. Conforme a lo indagado, tiene como financista a Domingo Jalil Allel, y también negocia precios con Jaime Quiroz.

Los proveedores, en tanto, fueron identificados como Juan Cristóbal Pavez Barriga, César José Velásquez Valencia, Tiare Carolina Carrasco Silva, Francisca del Carmen Acuña Flores, Ricardo Javier Parada Neira y Jenny Marilyn Cofré Cofré. Todos, como se menciona en documentos de la carpeta investigativa, cometían los robos de las especias tanto en Chile como en el extranjero y las internaban de forma clandestina.

Tras seguirle la pista a Leonardo Álvarez, los investigadores establecieron que él realizaba la selección y compra de las joyas y relojes para su negocio, adquiriéndolas principalmente de Estrella Dinamarca, con quien mantenía permanente contacto. De acuerdo con lo revelado por la indagación, tenía dentro de sus funciones ordenar la actividad de los demás miembros de la asociación. Contaba con su propio joyero, Víctor Fernando Palma Riquelme, a quien le encargaba la fundición y modificación de las joyas.

Cuenta con dos financistas, Luis Vásquez y Domingo Jalil, quienes sustentaban económicamente las operaciones y con cuatro vendedores. Dos de ellos se encontraban en el norte del país, Norman Alejandro Jiménez Cerda y Jaime Roberto Rivera Castro, y otros dos en el sur, Claudio Andrés González Mermoud y Héctor Ángel Basso. Los cuatro recibían las joyas escondidas en muebles y enviaban las ganancias, principalmente cheques, a través de encomiendas o nuevamente en muebles.

Sus “brazos operativos” eran Jean Franco Álvarez Epul, su sobrino, y Daniela Alejandra Díaz López. En el caso del primero, aparece como el principal testaferro empresarial de Álvarez y figura como el propietario de Milano SpA, la mueblería. Además, acompaña a su tío a las diversas regiones del país para las transacciones, “con pleno conocimiento del origen ilícito de las especies que comercia”, según datos de la causa.

Díaz López, por su parte, se desempeñaba como secretaria de la sociedad, encargándose de llevar toda la documentación de las empresas. Siguiendo instrucciones, como ha reflejado la indagación, se encargaba de enviar las joyas y relojes a los vendedores mediante encomienda y también de recibir los cheques.

Dado que se beneficiaba de los bienes obtenidos mediante transacciones fraudulentas, también se emitió orden de captura contra la hija de Álvarez, Gladys Yolanda Espinoza Castillo. Ambos mantienen residencia en Miami.

Producto de las diligencias realizadas por el equipo investigativo, también se dictó órdenes de detención en contra del círculo cercano de Domingo Jalil. Contra su exesposa, Lorena Patricia Prado Sánchez, su actual pareja, Grace Katherine Morgado Martínez, y en contra de su hijo, Cristian Andrés Jalil Prado. Los tres enfrentan cargos por lavado de activo, ya que tienen a su nombre bienes que fueron obtenidos ilegalmente.

Al analizar las diligencias realizadas, la comisaria Rosario Muñoz detalló que la investigación se extendió por todo este tiempo producto de que era necesario comprobar la asociación ilícita en base a lo sostenidas que eran las acciones de los blancos investigados. Aseguró, asimismo, que la pandemia les retrasó varios de los procedimientos, puesto que durante ciertos meses los imputados dejaron de actuar.

Otro elemento que les jugó en contra, señaló la detective, es que durante la indagación varios de los sujetos cambiaron sus teléfonos porque advirtieron que estaban siendo monitoreados.

Con todo, aseguró que “logramos establecer esta asociación ilícita. Hay harta evidencia que nos puede llevar a confirmar que efectivamente cometían estos delitos en el extranjero y en territorio nacional. Jugó un rol fundamental los nexos internacionales que tenemos, puesto que al no tener denuncias, muchas veces no se podía hacer la trazabilidad de ciertos objetos”.

El inspector Gabriel Madrid, de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, por su parte, relevó que “el trabajo conjunto que se hizo entre distintas unidades logró hacer incautaciones de patrimonios que permitirán, de ser estas personas condenadas, que no tengan bienes con los cuales ‘reinventarse’. Esta es la forma para poder desbaratar realmente organizaciones criminales”.