“Casos condenables”: Martínez envía oficio a comisión investigadora en último intento por evitar eventual informe negativo

Una suerte de advertencia dieron algunos legisladores de oposición a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez (RD), a raíz de las eventuales responsabilidades políticas y administrativas que le podrían ser asignadas por la Cámara de Diputados ante los irregulares traspasos de dineros públicos desde seremis, gobiernos regionales y otras reparticiones públicas a fundaciones ligadas a sectores políticos.

Al iniciarse la discusión de la Ley de Presupuestos 2024, la bancada del Partido Republicano no dio la unanimidad para que la jefa de la Dipres pudiera ingresar a la Sala de la Cámara.

Si bien hasta la semana pasada, a Martínez se le había permitido participar en la fase inicial del debate del erario nacional que se da en la Comisión Mixta de diputados y senadores, la señal de este lunes podría ser un anticipo del endurecimiento de posturas que se podría manifestar en las próximas semanas.

“Javiera Martínez está involucrada directa o indirectamente en este escándalo de las fundaciones. Pretender que aquí no ha pasado nada... eso no puede ser. Y nosotros vamos a ejercer la facultad para decirle que a lo menos: en Ud. no confiamos”, dijo el jefe de la bancada republicana, el diputado Agustín Romero.

En el gobierno están conscientes de la directora de Presupuestos no ha logrado cerrar este flanco a días de que la comisión investigadora de la Cámara por los traspasos irregulares deba evacuar su informe final.

En vista de que la oposición con grupos no alienados, como el PDG y Amarillos, quedó en mayoría en esta instancia, es altamente probable que las opiniones negativas y críticas predominen en el documento final. A ello se suma que la minoría oficialista actuó de manera desarticulada y dividida en la instancia fiscalizadora, lo que redundaría en un probable contenido adverso para el Ejecutivo.

Hasta ahora las señales públicas, por las mismas declaraciones de integrantes de la comisión, indican que apuntarían a responsabilidades de al menos tres autoridades en ejercicio: el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS); el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi (RD), y de misma jefa de la Dipres.

A pesar de que algunos legisladores de oposición admiten tener una mirada menos severa con ella, debido a la actitud colaborativa que tuvo con la comisión y la disposición que, en general, ha mostrado para abordar materias presupuestarias, en la derecha hay quienes plantean que no debe haber una vara distinta con Martínez.

No obstante, la ofensiva en contra de la alta funcionaria de Hacienda fue congelada por la oposición -que ya había tenido otra manifestación previa con una sesión especial que realizó la Cámara, el 27 de septiembre, para analizar la eventual flexibilización de controles administrativos y financieros- debido a la tramitación de la misma Ley de Presupuestos.

Esa tregua, en todo caso, tiene fecha de término: el 28 de noviembre, cuando culmine el tiempo de tramitación del erario nacional, según los plazos legales y constitucionales.

Anticipándose al juicio crítico, el 8 de noviembre, casi al filo de que la comisión investigadora terminara su período de audiencias, la directora de Presupuestos ingresó un escrito tratando de recalcar que su repartición no flexibilizó traspasos desde gobiernos regionales a fundaciones.

En el oficio, que fue distribuido entre los diputados en la sesión del jueves 9, Martínez, además, expresa su disponibilidad de concurrir nuevamente a la instancia fiscalizadora, haciendo un claro contraste con el jefe de asesores presidenciales, quien se resistió a comparecer en dos ocasiones y solo, tras una pública advertencia de la Contraloría, concurrió a responder preguntas de los diputados miembros del grupo investigador.

A diferencia, Martínez fue una de las primeras en asistir a las sesiones de la comisión. El pasado 24 de agosto expuso sobre la normativa que regía los traspasos a fundaciones e informó las correcciones que había hecho la Dipres, pero que en vista de las irregularidades detectadas era necesario cambiar y mejorar el sistema.

En el nuevo oficio que envió a la comisión, Martínez vuelve tomar distancia de los episodios -a pesar de que han involucrado a militantes de su mismo partido (Revolución Democrática)- y los califica de “condenables” y de “gravedad”.

“En distintas instancias se ha aseverado equivocadamente que, durante 2022, la Dirección de Presupuestos realizó modificaciones que dieron flexibilidad a la asignación directa de recursos de parte de los gobiernos regionales, las que habrían permitido que proliferaran casos condenables como los que hemos conocido y que se llevaron a cabo predominantemente durante 2022, bajo la regulación de la Ley de Presupuestos de 2022. En el presente oficio se explicará por qué dichas alusiones son incorrectas y se contrastarán algunas afirmaciones equivocadas que se han levantado durante las sesiones de esta Honorable Comisión”.

En su fundamentación, la jefa de la Dipres señala que, al contrario, en su gestión se fortaleció la normativa de los gobiernos regionales, que antes no tenían reglamentación para estos traspasos a privados. Además, se propició desde el mismo Ministerio de Hacienda que las autoridades regionales tuvieran capacidad de ejecución y priorizaran transferencias de recursos fiscales a otras entidades públicas en vez de privados.

Según los antecedentes de Martínez, ello permitió que los gobiernos regionales no solo mejoraran su ejecución presupuestaria, también redujeron significativamente los traspasos a organizaciones.

“Los datos sustentan que estos cambios han dado resultados positivos: durante el primer semestre de 2022, el 44,1% de las transferencias realizadas por los gobiernos regionales fueron a instituciones privadas y, en similar período del año en curso (2023), dichos traspasos se redujeron a un 20% del total”, dice el oficio de la jefa de Presupuestos.

El presidente de la comisión investigadora por los traspasos a fundaciones, el diputado José Miguel Castro (RN), dijo que “el caso de Javiera Martínez es bochornoso”, ya que a su juicio ella “bajó los estándares” en rendiciones de platas fiscales.

Según Castro, “el nuevo oficio (de la directora de Dipres) sigue la línea discursiva que ha mantenido el Ejecutivo: tratar de escudarse en las debilidades institucionales, a modo de culpar a los gobiernos anteriores, pero no se hace cargo del modus operandi a nivel nacional y a su vez, como vimos en la comisión, para el caso de los gobiernos regionales, en donde existió laxitud en el control”.