Ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso fue ingresada la querella presentada por el exministro del Interior Andrés Chadwick en contra de 10 diputados oficialistas, quienes, según se detalla, en la acusación constitucional en contra de la magistrada Ángela Vivanco le habrían imputado participación en una serie de delitos, lo que a su juicio debe castigarse con una condena por injurias graves y calumnias.

En paralelo, sus abogados ingresaron un escrito a la Corte de Apelaciones porteña para que desafuere a los parlamentarios y así poder llevarlos a juicio.

“Los querellados son honorables diputados de la República en ejercicio que forman parte, en la actualidad, de lo que se denomina oficialismo, es decir afines al gobierno actual, y que el 23 de septiembre de 2024 ingresaron una acusación constitucional de 49 páginas en contra de la ministra de la Excma. Corte Suprema doña Ángela Vivanco, actualmente suspendida, argumentando supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”, se lee en el relato de los hechos

Asimismo, en el libelo -al que accedió La Tercera- Chadwick plantea que dicha facultad de poder remover a la jueza fue aprovechada por los congresistas para atribuirle la comisión de delitos por lo que pide que sean sancionados.

“Se trata de personas con altas calificaciones académicas, todos profesionales, con plenos conocimientos de nuestro sistema legal. En efecto, se trata, ni mas ni menos, de quienes aprueban las leyes de nuestro país, es decir, en los hechos que se relatarán se debe asumir la plena conciencia de su actuar, del significado de las palabras contenidas en la acusación, en especial de las frases afrentosas dirigidas a mi persona, y de la ilicitud de su actuar”, acusa la otrora autoridad.

Junto con esto, relata que los diputados querellados actuaron en total impunidad. Y es que si bien, se lee en el escrito, ellos cuentan con lo que es denominado como “inviolabilidad parlamentaria”, este fuero para expresarse libremente solo estaría para proteger sus intervenciones en sala y comisiones, por lo que los escritos de acusación constitucional no tendrían la misma prerrogativa.

“(Su actuar) probablemente fue acompañada del convencimiento de actuar en total impunidad, por los honorables cargos que ejercen, por ser cercanos al gobierno que ostenta el poder, y por el clima que remece al país en estos días, lo cual seguramente les llevó a creer que actuaban sobreseguro”, apuntó.

Esto último en base a los chats del celular de su amigo y exasesor Luis Hermosilla, cuya revisión ha permitido la apertura de una serie de investigaciones por delitos de corrupción. Sin ir más lejos, fue la propia Fiscalía Oriente la que ya dio cuenta de que el propio Chadwick será citado como imputado en la arista “Patio Capital”, en que se indaga -a propósito de hechos perseguidos en el caso Audio- un eventual tráfico de influencias.

La querella sigue y apunta a que “la acusación constitucional es un juicio jurídico-político que se concreta contra autoridades o altos funcionarios del Estado por actos propios del cargo que desempeñan por conductas antijurídicas, haciendo efectiva una responsabilidad constitucional que tiene rasgos tanto jurídicos como políticos, por los ilícitos constitucionales que están establecidos taxativamente en la Constitución Política de la República”.

Y en ese sentido la exautoridad, que dejó su cargo de hecho en 2019 tras un proceso de este tipo, emplaza a que “una formulación de buena fe de una acusación constitucional debiera estar referida sustancialmente a los actos funcionarios indebidos de la autoridad que está siendo acusada”.

Agrega, entonces, que la AC a Vivanco debía centrarse en ella y detalla cuáles son los actos funcionarios indebidos y no proferir, como según Chadwick fue el caso, “expresiones e imputaciones en contra de mi persona, en las cuales me imputan delitos actualmente perseguibles de oficio, y se profieren expresiones en deshonra, descrédito o menosprecio de mi persona, las cuales afectan gravemente mi honor, mi honra e imagen pública”.

A juicio de Chadwick, y como plasmó en su querella, los diputados a quienes se dirige la acción introdujeron en el libelo acusaciones injuriosas a su persona, aprovechándose de la amplia difusión que iba a tener el texto en contra de la magistrada.

“De esta forma, instrumentalizaron la facultad constitucional que se les ha concedido, utilizando sus cargos y facultades para formularme un ataque mediático infame, para dañar impune e irremediablemente mi honra. Buscan sin duda, en este artero ataque, como en los demás que a diario han proferido en la prensa, cancelar mi persona en el ámbito público y privado, pulverizando lo más posible mi reputación”.

Acto seguido sostiene que la AC fue difundida en puntos de prensa, comunicados y enviado el texto íntegro a medios de comunicación. “De hecho fueron precisamente periodistas a quienes les llegó el libelo y lo leyeron, quienes primero advirtieron el brutal ataque contra mi persona que se contiene en el texto”, aseguró.

El exministro del Interior pide que se persiga la responsabilidad penal de los firmantes de ese texto y que no puedan ampararse en privilegios que les es concedido para legislar y no para calumniar a oponentes políticos.

“Todos los querellados poseen diversos privilegios parlamentarios, como es el caso de la inviolabilidad parlamentaria, que hace excepción al principio de igualdad ante la ley, en el sentido que no podrán ser procesados ni condenados al incurrir en un “delito de opinión”, siempre y cuando se cumplan los supuestos previstos por el legislador”, explica.

Junto con ello profundiza y señala que “dicha inviolabilidad por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos pero en sesiones de sala o de comisión (artículo 58 de la Constitución Política de la República), por lo que en este caso no se encuentran cubierto por aquellos presupuestos, realizando gravísimas afirmaciones en mi contra en la redacción y presentación de una acusación constitucional que va dirigida en contra de otra persona distinta de mí”.

El exjefe de gabinete del expresidente Sebastián Piñera busca una condena ejemplificadora. Ya en su comunicado anunciando la acción criminal aseguraba que en política “no todo vale” y así también lo dejó de manifiesto en la querella.

“Me imputan ser el instigador y motor de tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades. Sostienen que ese personaje abominable siempre soy yo. Su Señoría, ello es absoluta y totalmente falso e injurioso, no he instigado en modo alguno, ni el trafico de influencias, ni menos los delitos y conductas indebidas que se contienen en la acusación, ello es simplemente falso, y son expresiones que cumplen a cabalidad con los contornos del tipo penal de injuria. Son expresiones proferidas en descrédito, deshonra y menosprecio de mi persona, que buscan destruir mi imagen, mi honra y mi reputación, y lo han sido actuando los querellados más allá del riesgo permitido para un parlamentario en el ejercicio de su función constitucional en la materia”, se lee en el escrito.

Chadwick explica que algunas de las expresiones injuriosas son estas afirmaciones:

• “¿Quién solicitaba al abogado Luis Hermosilla averiguar sobre el estado de las causas en que funcionarios de Carabineros estaban procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el estallido, para que aquel, a su vez, se la solicitara a la señora Vivanco? Su jefe, o sea, el Ministro del Interior Andrés Chadwick. El mismo procedimiento ocurría para Exalmar, Dominga, el caso del Director General de la la Policía de Investigaciones”.

Chadwick acusa que “los querellados afirman en el párrafo anterior, extraído de la p47 de la acusación, que le solicité a don Luis Hermosilla averiguar el estado de las causas en que funcionarios de Carabineros estaban procesados por presuntas violaciones a los DD.HH. durante el denominado “estallido social”, para que don Luis Hermosilla se lo solicitara a su vez a la ministra Vivanco. Ello es absolutamente falso, jamás he formulado una solicitud de tal naturaleza, ni al Sr. Hermosilla, ni a la Sra. Vivanco, ni a nadie. Lo mismo me imputan al afirmar que solicité esa clase de información a través del señor Hermosilla a la ministra Vivanco”.

Según la querella, la acción criminal apunta a los diputados:

Daniel Melo

Lorena Pizarro

Mónica Arce

Jaime Araya

Luis Malla

Lorena Fries

Jaime Sáez

Ana María Gazmuri

Nathalie Castillo

Nelson Venegas