Chile Movilizado: la fundación “fantasma” que creó Oliva y que ofrece servicios a sus candidatos y parlamentarios

Un total de $ 120 millones facturó el centro de estudios Chile Movilizado en el marco de la campaña a gobernadora de la Región Metropolitana de la hoy cuestionada candidata a senadora Karina Oliva (Comunes).

A través de dos boletas de $ 60 millones cada una, la organización -ligada al partido- saltó a la luz luego de que Ciper revelara que las rendiciones de gastos de Oliva durante su campaña a gobernadora metropolitana presentaron boletas de pagos a siete de sus asesores por $ 137 millones de pesos. La denuncia ocasionó una crisis en Apruebo Dignidad y en el Frente Amplio, quienes terminaron quitándole el respaldo a su candidatura al Senado. Incluso, su colectividad decidió suspender su militancia.

Según constató Ciper, los servicios que prestó la fundación se refieren a la rendición por asesorías de despliegue territorial y comunicacional. En uno de los documentos se entrega un análisis electoral según las elecciones a concejales de 2016 y 2017, comparado con el plebiscito de 2020. Respecto del informe comunicacional, explicaron que sirvió para diseñar la campaña a partir de encuestas y focus groups. Según el mismo medio, los montos cobrados por esos estudios eran mayores al valor promedio.

En la organización se repiten algunos de los nombres cuestionados. La Fundación Chile Movilizado se creó en 2014. Según el acta de constitución y estatutos, al que accedió La Tercera PM y que se puede ver al final de esta nota, la organización fue fundada por cuatro personas: Karina Oliva, José Manuel Robredo, Camilo Navarro y Cinthya Vergara.

La fundación, dice el documento de la 43 Notaría de Santiago, es administrada por un directorio al cual le compete “la dirección superior de la fundación”. Los estatutos establecieron que el directorio dura dos años, sesiona de forma ordinaria una vez al mes y es designado por los fundadores, es decir, por la misma Oliva. El directorio consta de siete cargos: presidente, vicepresidente, secretario general, director de finanzas, director de comunicaciones, director de investigación y director de arte y extensión. Los estatutos, además, incorporan la existencia de un consejo consultivo y de miembros colaboradores

El primer directorio de la fundación, el de 2014, quedó conformado de la siguiente manera. Vergara fue la primera presidenta y Oliva quedó como vicepresidenta. El secretario general fue Rubén Vílchez, el director de finanzas Pablo Méndez, el director de investigación fue Navarro, el cargo de director de arte y extensión quedó en manos de Francisco Campos y Robredo quedó designado como director de comunicaciones.

Pese a que durante sus primeros años la fundación registró diversas actividades, en el último tiempo no hay rastro de su existencia. Incluso, al interior de Comunes sus propios militantes desconocen saber cuál es el objetivo de esta fundación y aseguran no tener información respecto de su funcionamiento. Uno de ellos, fuera de micrófono, asegura que la fundación es uno de los espacios “más ocultos” del partido y que viene heredado de la estructura del expartido Poder, que dirigió Oliva.

La Tercera PM pudo corroborar que, al menos en el papel, la personalidad jurídica está vigente. Además, este medio accedió al último directorio informado por la fundación al Registro Civil, el cual fue notificado el 3 de octubre de 2020. Ese directorio estaba conformado por: David Castillo, presidente; Juan Pablo Sanhueza, vicepresidente; Felipe Parada, director; Guillermo Barra, director; Francisco Medina, director; Martín Miranda, secretario de finanzas, y Estefanía Campos, secretaria general.

Pese a que en este último directorio no aparece Oliva, según los registros de redes sociales de la propia fundación, desde 2014 hasta la fecha la excandidata a gobernadora y actual candidata al Senado ocupó los cargos de vicepresidenta, presidenta y directora ejecutiva. Esta última posición estuvo a su nombre al menos hasta antes de octubre de 2020 de acuerdo a la propia información publicada por la entidad en sus redes sociales.

La cuenta de Twitter, Instagram y Facebook de Chile Movilizado están inactivas. Lo último que publicaron fue en septiembre de este año. Su página web no existe. Este medio trató de revisar dicha web en el pasado, a través de la herramienta Wayback Machine, pero los pocos registros que hay son escasos y en ellos nada se decía sobre su directorio, colaboradores o las actividades que realizaban.

La fundación tiene registrado ante el Registro Civil como dirección Santo Domingo 1569 departamento A-01 en la comuna de Santiago.

Desde el círculo de Oliva aseguraron que la hoy candidata a senadora no tiene “participación” en la fundación y que Robredo no habría mantenido ninguna continuidad con la organización desde el 2014. No obstante, no contestaron más consultas enviadas por este medio.

Quien sí respondió las preguntas de La Tercera PM fue Juan Pablo Sanhueza, que aparece como vicepresidente en el directorio de 2020. Este aseguró que las respuestas entregadas son a nombre de la fundación. Sanhueza fue candidato a alcalde por Quinta Normal y actualmente compite por un escaño en la Cámara por el distrito 9.

“Actualmente la conformación del directorio legal de la fundación se encuentra desactualizada, ya que se encuentran en proceso la formalización de tres renuncias al directorio de personas que se encontraban inactivas por varios meses. Por lo tanto, al revisar la vigencia actual de la fundación se encontrará información desactualizada apareciendo como miembros de esta Juan Pablo Sanhueza, Francisco Medina, David Castillo, Felipe Parada, Guillermo Barra, Martín Miranda. Sin embargo, estos últimos tres habrían presentado su renuncia el día 2 de noviembre de 2021, tal como consta en acta extraordinaria que será ingresada la próxima semana para su actualización. En el caso de Martín Miranda, esta fue justificada en que asumiría con exclusividad la jefatura de campaña de Karina Oliva y, por lo tanto, solicitó que se le excluyera formalmente de cualquier vínculo con la fundación”, respondió por escrito ante la consulta de este medio.

Pese a que fue solicitada, Sanhueza no entregó dicha acta. Dijo que solo se podría hacer una vez que fuera ingresada ante el sistema del Registro Civil, lo que podría ocurrir el lunes.

Sobre la inexistencia de una página web, agregó que el sitio “está migrando a Plebeya, que es una de las definiciones que se tomaron en la última sesión de directorio, ya que, tal como se ha señalado, la fundación está viviendo un proceso de reconfiguración, lo que ha significado diversos cambios en su interior, tanto en las personas que la conforman como en su tránsito a Plebeya”. Plebeya es una revista digital que también está ligada a Comunes.

Finalmente, complementaron con lo siguiente: “La fundación se ha dedicado los últimos dos años a realizar asesorías, estudios territoriales y comunicacionales, asesorías parlamentarias sobre políticas públicas y a la investigación y desarrollo teórico y crítico de los debates contemporáneos en torno a las izquierdas”.

Por su parte, Parada -quien figura como vicepresidente- comentó que no tiene “participación en la fundación desde octubre de 2020″, fecha en la que aseguró que presentó su renuncia, y que tampoco tiene “conocimientos sobre las decisiones de la fundación desde esa fecha en adelante”.

Además de Oliva, la única persona que registra públicamente haber contratado servicios de la Fundación Chile Movilizado es la diputada de Comunes Claudia Mix y lo hizo en la rendición de gastos electorales del Servel correspondiente a la elección parlamentaria de 2017.

Esa vez, Mix logró su escaño para llegar a la Cámara representando al distrito 8. Según el archivo del Servel, la diputada rindió ante el organismo un gasto por $ 15 millones cuyo proveedor era la Fundación Chile Movilizado. En la glosa del documento de dicha rendición solo se consignó lo siguiente: “Factura Fundación Chile Movilizado”.

La relación de Mix con esta fundación no solo se queda ahí. Es la única diputada del Frente Amplio que ha contratado a esta fundación como parte de los servicios de asesoría externa. De acuerdo a la información de transparencia de la Cámara, Mix ha pagado casi $ 20 millones por informes en los años 2019 y 2020.

En 2019 pagó $ 1.030.000 por un informe de 30 páginas sobre la “elaboración de minuta técnica sobre Comisión de Derechos Humanos”. Ese año, además, pagó $ 6.800.000 por “asesoría político legislativa, elaboración de proyectos de ley y minutas técnicas sobre las comisiones de -Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación -Derechos humanos y Pueblos Originarios”. El detalle son siete informes parciales y un informe final.

En 2020 la parlamentaria volvió a registrar dos pagos a la fundación. El primero fue por una “asesoría político-legislativa: elaboración de proyectos de ley y minutas técnicas sobre las comisiones de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Medio Ambiente y Recursos Naturales”, que costó $ 1.698.548 y tiene como respaldo un informe parcial y un informe final.

Luego pagó por “asesoría político-legislativa: elaboración de proyectos de ley y minutas técnicas sobre las comisiones de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Medio Ambiente y Recursos Naturales y temáticas que la contingencia nacional amerite, minutas de plan estratégico de vinculación territorial con el distrito”, lo cual tuvo un valor de $ 8.492.740. El respaldo de ese servicio son siete informes parciales.

Mix dejó de contratar esta asesoría en 2020. “Hace más de un año tomamos la decisión de terminar el contrato de asesoría externa con la Fundación Chile Movilizado, cuyos informes fueron insumos para nuestro trabajo legislativo y están disponibles en la página web de la Cámara. Tomamos esta determinación en el contexto de una reestructuración para fortalecer el equipo de profesionales que forma parte de nuestra diputación”, sostiene la parlamentaria.

La relevancia de esta fundación está vinculada con algunos de los gastos “por pagar” que declaró Oliva y Comunes como parte de su campaña a gobernadora metropolitana.

Al ser gastos “por pagar” se califican como un ítem al cual sí corresponde un desembolso con plata del Estado a través del Servel. El organismo entrega dinero solo por gastos electorales pendientes de pago, es decir, aquellos que no fueron pagados con aportes propios o de terceros y que se realizaron en la cuenta bancaria del candidato que es controlada por el Servel.

A juicio del abogado y experto en derecho electoral Gabriel Osorio, “hay que detallar si el servicio que se dice que se prestó se haya realizado efectivamente”. Desde el entorno de la campaña muestran dos informes que serían el sustento del gasto, pero técnicamente esos documentos no son evidencia de que el servicio existió, sino que solamente es la justificación que se le envió al Servel. Eso, para Osorio, requiere de “una fiscalización más intensa del Servel, el cual sí tiene las facultades”.

Además, dice que es necesario dilucidar si eventualmente existe duplicidad de funciones. “Resulta extraño, ya que habría servicios muy similares que son rendidos por la fundación y también por personas naturales que también tienen relación con la fundación”, plantea Osorio.

Al ser una persona jurídica sin fines de lucro, la entidad no puede hacer retiro de dineros, pero esa misma figura, eventualmente, podría darse en el caso de que la fundación pague remuneraciones. De ser ese el caso, para el abogado y experto en derecho electoral Jorge Barrera, la situación sería aún más complicada: “Creo que podríamos estar frente a una situación bastante compleja desde el punto de vista legal. Si ella recibe o recibió desembolsos en dinero desde dicha institución, durante o después de la campaña electoral, podríamos estar frente a un retiro encubierto de fondos públicos, los cuales son destinados al financiamiento de las campañas políticas y no al enriquecimiento personal de los candidatos”.

Desde la fundación aseguraron a este medio que “ninguno de los miembros del directorio recibe remuneración y todos son ad honorem”. Este hecho no pudo ser corroborado por La Tercera PM, ya que no se pudo acceder a los balances, memorias o estados financieros de la entidad.

Horas antes de que se publicara esta nota, el Servel anunció que derivará a la fiscalía los antecedentes sobre eventuales delitos electorales cometidos en el marco del financiamiento y gastos de campaña de Oliva para la Gobernación Metropolitana. “Si nosotros recibimos antecedentes, vamos a investigar y haremos las denuncias al Ministerio Público como corresponde”, dijo el director del organismo, Andrés Tagle.