“Estimados: Considero que acá se configura causal de dejar sin aplicación la ley, para acusar constitucionalmente a la canciller. Si no hacen lo que tienen que hacer, pido que avancemos en esa dirección”. Ese fue el mensaje que envió ayer en la tarde el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, al grupo de WhatsApp de los diputados de su partido.

En ese chat, Schalper además adjuntó una imagen de una declaración a la prensa del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, en la planteó que “nosotros estamos calculando dentro, idealmente, de este año o sino el próximo” que se cumpla el plazo de respuesta de las cartas laterales del TPP11″, lo que forma parte de la estrategia de La Moneda antes de promulgar el acuerdo que ya fue despachado del Congreso.

El TPP11 es una iniciativa que molesta a una parte del oficialismo y que se ha vuelto un dilema en La Moneda, por lo que la decisión del Presidente Gabriel Boric es esperar a las cartas laterales -o side letters- que son acuerdos paralelos en los que el gobierno busca despejar algunos puntos que no les gusta del tratado, por ejemplo, el mecanismo de solución de controversias entre los inversionistas y el Estado.

Sin embargo, desde la oposición han acusado que ello podría demorarse mucho tiempo y que el Mandatario no está respetando la autonomía del Congreso al no promulgar un proyecto que fue despachado a ley. Por lo mismo, el tema molestó al punto que algunos senadores de oposición amenazaron con paralizar las conversaciones por el proceso constituyente si el gobierno dilataba el asunto.

Así, Chile Vamos decidió pasar a la ofensiva por el tema e iniciaron gestiones para analizar una eventual acusación constitucional. El propio Schalper se contactó con el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, con quien analizó la situación. El diputado RN también habló con gente de Evópoli, la DC y el PDG para buscar apoyos. Y si bien hasta ahora no hay completo ánimo en la coalición de acusarla, también se analizan otras medidas como una potencial interpelación.

En la UDI toma más fuerza esta última arremetida y no tanto un libelo. De hecho, en la colectividad ya anunciaron otra acción fiscalizadora y dijeron que iban a condicionar aprobar la glosa del Presupuesto a cambio de que se ratifique el TPP11 en un plazo máximo de 30 días.

De todas maneras, en RN hay varios que tienen ganas de acusar a la titular de Relaciones Exteriores, en base a lo contemplado en el artículo 52 de la Constitución que establece que se pueden acusar a los ministros de Estado “por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución”. Pero, hasta ahora, lo que se comenta es que una acusación iría solo si es que el gobierno no da certezas de ratificar el tratado en los próximos días. De todas maneras, en RN algunos desestiman este principio jurídico, pues en la práctica el que estaría dejando la ley sin ejecución por no promulgarla es Boric y no Urrejola. En todo caso, en el sector descartan impulsar un libelo contra el Jefe de Estado.

Desde Evópoli, su jefe de bancada, Francisco Undurraga, sostuvo, respecto de una acusación, que “yo espero que el gobierno no nos obligue a tener que apoyar medidas como ésta”, mientras que Schalper indicó que “hemos sido cautos con la instalación del gobierno, pero esto sobrepasa los límites y pone a la Cancillería en contraposición con el Congreso. Exigimos respeto y que cumplan las leyes aprobabas y los tratados ratificados. No puede ser que el subsecretario Ahumada y sus visiones ideológicas se impongan a los intereses de Chile”.

En la oposición dicen que además amerita un libelo contra Urrejola por todos los problemas que ha habido en la rama diplomática. Por ejemplo, se mencionan las polémicas del embajador de Chile en España, el impasse que hubo con la aceptación de las credenciales del embajador de Israel en Chile, entre otros. Existe la interpretación jurídica en la derecha de que el tratado debería ser promulgado en un plazo máximo de 10 días -al igual que las leyes- y que si no lo hace el gobierno, impulsarían la acusación.

En la oposición han endurecido el tono también apuntado hacia la figura del Presidente Boric, pues el manejo de las relaciones exteriores finalmente recae en el Mandatario. Así, ayer el senador Luciano Cruz-Coke escribió en Twitter: “‘Respeto las atribuciones del Congreso’, dice Gabriel Boric, sin embargo Ahumada señala que no lo promulgarán ni depositarán en Nueva Zelandia sino el próximo año. artículo 75 de la Constitución obliga promulgar antes de 10 días. Si se incumple ley se expone imprudentemente institución presidencial”.

Mientras que el senador de la Comisión de Relaciones Exteriores Iván Moreira (UDI) dijo que “me parece que el Presidente tiene que ordenarle a sus ministros y especialmente a la vocera que no sigan provocando en tono desafiante al Congreso y a la oposición. De seguir así, pone en riesgo acuerdos legislativos y también constitucionales, dado que están tensionando los ánimos”.

No es la primera vez que en la oposición se analizan acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, pero lo cierto es que muchos de los anuncios han quedado en nada. Dentro de Chile Vamos, algunos sienten que han sido muy blandos como oposición y que ha faltado un rol fiscalizador, en el sentido de que la mayoría de tropiezos del gobierno han sido parte de autoerrores del Ejecutivo y no producto de arremetidas fiscalizadoras del sector.

Una de las últimas acusaciones en anunciarse fue la de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por el manejo que dio el gobierno a la crisis en Angol. En esa ciudad, se permitió a unos reos mapuches cambiarse de un recinto a otro, luego de que el alcaide del penal fuera amenazado de muerte. Ello provocó protestas del personal de Gendarmería.

Y si bien esa ofensiva estaba casi lista, lo cierto es que hasta ahora no se ha avanzado más, y algunos dicen que puede que no se concrete, mientras que otros recalcan que están esperando los antecedentes en Contraloría para ver si la acusan, por lo que tampoco se descarta.

Tampoco se acusó constitucionalmente a la exministra del Interior, Izkia Siches, pese a que toda la oposición reconocía que habían méritos para un libelo en su contra.

En ese sentido, en la derecha han descartado ser blandos y recalcan que lo que buscan es ser constructivos, no como, califican, fue la oposición en el gobierno de Sebastián Piñera.