CIDH lleva a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por caso inédito de fiscalización a isapres

El 6 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo una notificación incómoda al gobierno de Sebastián Piñera. A través de un mail firmado por  Marisol Blanchard, secretaria ejecutiva adjunta de Casos y Peticiones de la CIDH, informó su decisión de llevar a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Martina Vera Rojas, una menor de Arica que sufre el síndrome de Leigh -una enfermedad neurológica progresiva- y que desde 2011 está en litigio contra su isapre por denegación de tratamiento domiciliario.

"Tengo el agrado de dirigirme a uds, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de informarles que, en la fecha, la CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso N° 13.039 –Martina Rebeca Vera Rojas contra el Estado de Chile, de conformidad con los artículos 51.1 de la convención Americana sobre los Derechos Humanos y 45 del reglamento de la comisión interamericana", señala la misiva de la CIDH al gobierno y a los abogados que son parte del proceso.

La determinación de la CIDH tiene un caráter inédito: es la primera vez que un Estado deberá responder internacionalmente por falta de fiscalización a una empresa privadas como es una isapre. Se abre así un amplio margen para litigar fuera de Chile contra las aseguradoras de salud.

La decisión de la CIDH de llevar al caso de Martina Vera a la Corte Interamericana, además, se produce cinco meses después de que el gobierno de Chile promoviera junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay una nota diplomática a la Comisión Interamericana (CIDH) en la que pidió al organismo respetar la "autonomía" de los países y donde recalcó que "los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías".

El caso, que ahora deriva en una denuncia contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana surge en 2006 cuando la menor MRV, a ocho meses de ser adoptada por Renato Vera y su esposa Carolina Rojas en Arica, comienza a sufrir los efectos del sindrome de Leigh. Es una condición neurológica degenerativa y progresiva que solo ofrece un 27% de posibilidad de sobrevida después de los 6 años.

La enfermedad de base de la menor y una posterior intoxicación en el hospital con un suplemento especial mal etiquetado obligaron a la familia a activar en 2007 un seguro catastrófico contratado previamente con Isapre MasVida, que incluía un régimen especial de hospitalización domiciliaria (RHD). Frente al progresivo deterioro de la niña -que hoy esta ciega, sin audicion y que es alimentada por gastrostomía- se estableció un régimen especial de cuidado domiciliario que incluía ventilador mecánico, cama espacial y monitores.

Eso hasta el 13 de octubre de 2010 cuando la Isapre notificó por carta a la familia del término del servicio domiciliario. Un informe médico de la aseguradora estableció que la condición crónica de la niña la excluía del RHD. El caso llegó a la Corte de Apelaciones de Concepción que primero acogió los fundamentos de la familia representada entonces por la abogada Karinna Fernández. Luego la isapre apeló ante la Corte Suprema que en mayo de 2011 falló a favor de la aseguradora.

En 2012 el Instituto Nacional de Derechos Humanos se hizo parte del proceso. Apuntó a una "afectación a los derechos fundamentales, dejando en grave situación de vulnerabilidad a los menores".

Después de varias idas y venidas judiciales, el caso llegó a la CIDH que en un informe emitido hace nueve meses apuntó a la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos vulnerados.

"La Corte ha encontrado que existe un deber de regular y fiscalizar a las entidades que prestan los servicios de salud, como clínicas, bancos de sangre o instituciones siquiátricas. La Comisión considera que estas obligaciones pueden extenderse a las empresas privadas de seguros  que conforme a sus funciones puedan incidir en el derecho a la salud y a la vida e integridad de las personas…."

El texto añade que "las isapres son entidades de derecho privado de acuerdo a la normativa interna pero, conforme se describió en los hechos probados, tienen atribuidas funciones que pueden ser determinantes respecto de los servicios de salud que una persona puede recibir. Si bien las isapres como aseguradoras no prestan el servicio de salud directamente, son las encargadas de la administración de las contribucionespara el paciente reciba la mencionada prestación…"

"La comisión encuentra que la Isapre Masvida S.A, entidad privada, fue autorizada por el estado para la administración de las cotizacines de los trabajadores en materia de salud…Por consiguiente, analizará los actos de la isapre en relación con la decisión de retiro del RHD a la luz de los deberes de regulación y fiscalización en cabeza del Estado", insiste la CIDH en el documento reservado al que accedió La Tercera PM.

Bajo las anteriores consideraciones, la CIDH concluyó que "el estado es responsable por la violación de los artículos 4.1 (dercho a la vida) y 8.1 y 25.1 (garantías judiciales y protección judicial) de la Convención Americana sobre los derechos humanos en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y2 del mismo instrumento".

La decisión de la CIDH de acudir a la Corte interamericana de derechos humanos responde a la consideración de que Chile no cumplió las recomendaciones entregadas al estado de Chile que pidió  adoptar medidas de compensación económica; atención física y mental para los padres de la menor y asegurar el régimen de hospitalización domicialiaria para Martina.

Despues de solicitar varias prórrogas, el 4 de septiembre la cancillería entregó a la CIDH un informe dando cuenta de las medidas adoptada por Chile para cumplir con las recomendaciones del órgano internacional que no fueron consideradas suficientes.

En el oficio enviado a la comisión por el director de derechos humanos, Juan Pablo Crisóstomo -al cual también tuvo acceso este medio- el gobierno detalla que "no sería procedente una indemnización por daño material. Ello por cuanto los gastos realizados por los padres en el periodo de suspensión del servicio de hospitalización domiciliaria fueron reembolsados por la Isapre Masvida y Nueva Masvida…se estaría produciendo un enriquecimiento sin una causa justificada a favor de las víctimas".

El Estado sí se comprometió a adoptar medidas una vez que las partes firmaran un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de la CIDH como la entrega de una silla de ruedas neurológica; la compra de un columpio para discapacidad y la construcción de un patio de juegos para niños con discapacidad en el patio del Hospital de Arica.

La propuesta del Ejecutivo a la CIDH también considerada la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, pero no en el palacio de La Moneda como se sugirió inicialmente.También se comprometió a la fiscalización del cumplimiento del procedimiento de hoopitalización domiciliaria para la menor.

En el informe a la CIDH, el gobierno descata el envío de un proyecto de ley con el nombre de la menor afectada, pero compromete la emisión de una normativa que vele por el correcto servicio de hospitalización domiciliaria.

El proceso que inició la CIDH en la corte interamericana obligará al gobierno a acudir dentro de un año a Costa Rica para defender el Estado en la audiencia donde declararán las víctimas.