Cien fotografías, 28 testimonios y una solicitud de cadena perpetua: el juicio a Luis Núñez por homicidio entra en su etapa cúlmine

A Luis Núñez (41 años) le llegó la hora de lo que tanto esperaba, desde hace más de 15 meses luego que fuese capturado en Bolivia tras fugarse del país. El próximo 23 de agosto el exfutbolista de la UC enfrentará el juicio oral tras ser acusado de participar en el homicidio de Juan Pinto, en 2018, durante una balacera ocurrida en La Legua, y de herir a Mario Albornoz, quien posteriormente lo identificó. Su amigo Andrés Vergara, presunto autor material de los disparos mortales, también está privado de libertad.

“Quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente”, decía Lucho Pato, en conversación con El Deportivo hace unos meses. La espera por recibir una sentencia lo tuvo mal. Incluso, estuvo varias semanas en huelga de hambre acusando malos tratos y exigiendo tener fecha para su juicio.

Hoy, sobre la mesa ya están todas las cartas. Mientras la parte querellante, representada por Claudia Araya, solicita la pena de presidio perpetuo simple, que le permitiría acceder a beneficios una vez cumplidos los 20 años de prisión, la acusación del Ministerio Público exige la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más las penas accesorias legales del artículo 28 del Código Penal. Esto es la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por el delito de Homicidio Simple en grado de ejecución consumado en contra de la víctima, Juan Abraham Pinto Vásquez. Además, pide que se le sumen cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por el delito de homicidio simple frustrado tras dejar herido a Mario Albornoz.

Para hacer frente a la acusación, la fiscalía presenta más de 14 pruebas documentales, entre las que destacan los informes del hospital Barros Luco, el día que se atendió al fallecido Juan Pinto y el reporte de la policía boliviana al momento de su captura, entre otros. También se agrega siete pruebas periciales y más de 28 testimonios, en su mayoría la del personal de investigaciones que ha participado en el proceso. Se sumarán doctores que atendieron a Juan Pinto, en su llegada al hospital Barros Luco.

No será todo lo que se exhibirá. También se darán a conocer más de 46 fotografías de la vista del sitio del suceso, tomada por la Policía de Investigaciones; 52 fotografías contenidas en informe pericial balístico y 23 fotografías de la víctima fallecida, entre otras imágenes.

La defensa de Lucho Pato, por su parte, también presentará sus descargos. El abogado Juan Hernández alegará en al juicio la falta de participación del inculpado y pedirá su absolución. Presentará cinco testigos, entre lo que destacan tres funcionarios de la Policía de Investigaciones que estuvieron en el sitio del suceso y dos personas que hoy están privados de libertad pero que sí estuvieron el día de los disparos.

En conversación con El Deportivo, Juan Hernández repasa el juicio oral que ya tiene fecha de programación. “Es lo que estábamos esperando hace tiempo. Esperamos que se haga justicia de acuerdo a los hechos que ocurrieron”, dice el jurista.

En relación a los testigos, Hernández justifica la presencia de dos presos como testigos. “Son compañeros de celda, están en el mismo lugar. Estuvieron presentes durante el delito y son importantes al momento de relatar lo que ocurrió ese día”, agrega.

Luis Núñez no solo centra su atención en el juicio que deberá enfrentar en pocos días. Jocelyn Azolas, su esposa, arriesga hasta cinco años de presidio mayor en su grado mínimo por falsificar documentos. La madre de dos hijas del exjugador de la UC es acusada de falsificar la firma de Luis Núñez para permitir la salida del país para que estas se reencontrasen con su padre en Bolivia. También está imputada Carolina González, quien habría ayudado a Azolas en su condición de funcionaria de la notaria en cuestión.

“El día 06 de septiembre de 2019, en horas del día, en circunstancias que la imputada CAROLINA ANDREA GONZÁLEZ TURRIETA se encontraba en ejercicio de sus funciones públicas de matricera, en la Notaria de Sergio Jara Catalán ubicada en Príncipe de Gales N° 5841, comuna de La Reina, procedió a falsificar el instrumento público, en el cual supuestamente participa Luis Patricio Nuñez Blanco -quién en ese momento se encontraba prófugo de la justicia en Bolivia- otorgando autorización para que las hijas de éste, menores de edad de iniciales RNZ e INZ, salieran del país. En dichas circunstancias la imputada GONZÁLEZ TURRIETA, siendo funcionaria de la Notaría N° 67, del Notario Público Sergio Jara Catalán, en ese entonces con la suplencia de doña Muriel Tapia, estampó su huella dactilar, suponiendo que era la huella de Nuñez Blanco, quien aparecía falsamente de ese modo como interviniente en el acto que se celebraba, para luego otorgarle a dicha escritura pública el Repertorio N° 2926, de fecha 06 de septiembre de 2019″, dice el escrito.

“Por su parte, el día 02 de diciembre de 2019, en horas de ese día la imputada JOCELIN KARINA AZOLAS FARIAS, junto a sus hijas las menores de iniciales RNZ y INZ, concurrió hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel, y al pasar por policía internacional junto a las niñas, con la finalidad de salir del país en dirección hacia España, presentó como autorización del padre de las menores, el imputado Luis Núñez Blanco, el instrumento público falsificado consistente en una escritura pública Repertorio N° 2926 del año 2019, otorgada con fecha 06 de septiembre de 2019, en la notaría N° 67 de Sergio Jara Catalán, en eso entonces bajo la suplencia de doña Muriel Tapia, conociendo o no pudiendo menos que conocer la falsedad del referido documento”,

“Asimismo, el día 03 de febrero de 2020, en horas de ese día la imputada JOCELIN KARINA AZOLAS FARIAS, junto a sus hijas menores de edad de iniciales RNZ y INZ, concurrió hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel, y al pasar por policía internacional junto a las menores, con la finalidad de salir del país en dirección hacia Bolivia, presentó como autorización del padre de las menores, el instrumento público falsificado, consistente en una escritura pública Repertorio N° 2926 del año 2019, otorgada con fecha 06 de septiembre de 2019, en la notaría de Sergio Jara Catalán, conociendo o no pudiendo menos que conocer la falsedad del referido documento..”, cierra la denuncia.