Cinco ejes para una “Constitución habilitante”: cómo el oficialismo se alejó del maximalismo y acordó sus “mínimos constitucionales”

La alianza de gobierno competirá en dos listas electorales distintas, pero compartirá cinco ejes con contenidos constitucionales de fondo para instalar en la redacción de la nueva propuesta de nueva Constitución que elaborará el Consejo.

Ese fue el objetivo de una mesa programática que convocó el oficialismo y que estuvo integrado por 19 personas, desde el PC hasta el PR. El trabajo de este grupo -dado a conocer por La Tercera a fines de diciembre- culminó su trabajo el 2 de febrero.

Ese día el caos de las listas electorales pasaba por su momento más álgido, pero en paralelo a todo el ajetreo y las pugnas políticas propias de una negociación electoral, los expertos constitucionalistas terminaban de escribir un documento en el cual el oficialismo, por primera vez, lograba consensuar sus puntos de encuentro.

A pesar de que algunos de sus integrantes -como Jorge Insunza (PPD)- querían elaborar un texto detallado con ideas de artículos, finalmente la alianza de gobierno optó por resumir sus mínimos constitucionales en grandes ideas y principios jurídicos.

El documento de ocho páginas lleva como título “Base de la propuesta constitucional oficialista” y contiene definiciones en base a cinco ejes a favor del Estado social y democrático de derecho, de la institucionalidad democrática, del desarrollo económico sustentable, de la igualdad de género y de una Constitución antiabusos que combata la corrupción.

Uno de los constitucionalistas de esta mesa programática, de uno de los partidos del Socialismo Democrático, afirma en privado que, a su juicio, el aspecto más positivo del documento es que “superó” los maximalismos que empujó el sector en el proceso constituyente anterior, el de la fracasada Convención Constitucional.

Esa idea es algo que ronda hace bastante tiempo en el Socialismo Democrático. Por ejemplo, en una entrevista publicada en La Tercera en diciembre, el exministro Insunza -quien integró esta misma mesa- abordó el tema. “El PC y del FA tienen que asumir el cambio de las condiciones y que su propio maximalismo ha generado una regresión conservadora en sectores importantes de la sociedad (...). Si el PC y el Frente Amplio mantienen el diseño que nos llevó a la derrota con la Convención están poniendo en peligro este proceso constituyente y el éxito del gobierno de Boric”, afirmó el también candidato a consejero por el PPD en Coquimbo.

Al analizar los mínimos comunes y compararlos con lo que fue la agenda política del oficialismo en la Convención, las diferencias son bien evidentes. Si en el proceso pasado algunos partidos de la alianza de gobierno defendieron la plurinacionalidad, las normas sobre recuperación de tierras indígenas o incluso el artículo que exigía consentimiento indígena, esta vez, los partidos de gobierno bajaron considerablemente el tono.

“Se deberá reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios y consagrar sus derechos colectivos, comunitarios y de consulta, de conformidad al Convenio 169 de la OIT. En concreto, la propuesta de nueva Constitución deberá incluir una adecuada forma de representación política, incluida su presencia en el Congreso Nacional, y demás derechos políticos, sociales y culturales”, se lee en el documento.

Respecto de los temas de sistema político, en la Convención hubo sectores del oficialismo que apoyaron las normas que dejaban de hablar de partidos políticos y se remitían a regular a las “organizaciones políticas”. En contraposición a eso, en esta ocasión, el oficialismo expresó que “la Constitución debe contener las bases de un régimen jurídico de los partidos políticos orientado a que cumplan su rol propio en la democracia representativa”.

En cuanto a la forma de Estado, atrás quedó el anhelo de defender un Estado regional, una de las innovaciones más controvertidas de la extinta Convención. “El Estado de Chile es unitario, descentralizado y desconcentrado funcional y territorialmente”, afirma el documento oficialista.

En cuanto al agua, los mínimos constitucionales de los partidos de gobierno se asemejan bastante a la regulación actual del Código de Aguas: deja atrás la concepción de este bien como “inapropiable” y no hace mención a los derechos de agua. “Se debe consagrar el derecho humano al agua. La regulación constitucional del agua debe establecer que, en cualquiera de sus estados, el agua es un bien nacional de uso público que pertenece a la sociedad toda. Es deber del estado garantizar el saneamiento, así como el acceso universal y continuo al abastecimiento de agua segura, limpia, accesible y suficiente, priorizando el consumo humano”, sostiene el texto.

Lo mismo pasó con el derecho a la propiedad. Luego de la constante polémica por la regulación por la que optó la Convención para efectos de la expropiación, ahora el oficialismo fraseó casi igual a la Constitución vigente. “Nadie puede ser privado de su propiedad, salvo mediante la expropiación autorizada por la ley, previo pago de una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado y por causa de utilidad pública o de interés general. La Constitución debe consagrar las debidas garantías y derechos al expropiado”, se lee en el documento.

En los temas de mujer y género, los partidos de gobierno mantuvieron su postura. Llegaron a consenso respecto de la paridad en todos los órganos colegiados, los derechos sociales y reproductivos, el derecho al cuidado y el reconocimiento al trabajo doméstico. “La Nueva Constitución debe sentar las bases de una sociedad inclusiva que erradique la discriminación de género y la desigualdad estructural, consagrando la igualdad sustantiva”, consignaron las colectividades oficialistas.

Lo mismo pasó con el Estado social y democrático de derecho. Fuentes de ambas coaliciones coinciden en que este punto es la piedra angular del sector. Pese a que está reconocido en una de las 12 bases institucionales, el oficialismo quiso “dotarlo de contenido político” para que tenga una bajada concreta.

En esa línea, el documento explica que este modelo de Estado “es una fórmula constitucional que estructura el pacto constitucional y constituye un compromiso con el Estado Social, el régimen democrático y el Estado de Derecho”. Además, añaden que “la Constitución debe reconocer el principio de solidaridad”.

Todo con un objetivo: “La superación del Estado subsidiario, pues se habilita constitucionalmente un sistema de servicios públicos basado en la solidaridad de las políticas públicas. El Estado social debe alcanzar progresivamente mayores niveles de bienestar, justicia social y ambiental, mediante la realización de los derechos sociales y las libertades fundamentales. Así, el Estado asume como tarea disminuir y corregir las desigualdades”.

Desde Apruebo Dignidad hacen un matiz respecto del texto. Fuentes de ese sector que integraron la mesa afirman que el ánimo de su redacción no estuvo en la lógica “minimalista o maximalista”, ya que ese es un “eje de análisis de la derecha”. Asimismo, comentan que se trata de un concepto más político que jurídico y que los mínimos constitucionales no se deben contraponer a lo que fue el trabajo de la Convención, sino que la vara de medida es la Constitución vigente.

En esa línea, agregan los expertos de esa coalición, “hay un aprendizaje político del proceso anterior” que se recoge y valora. Además, dicen estos expertos, los mínimos comunes más que ser un ajuste de expectativas “son un evidente progreso” respecto de lo que hay en la Constitución vigente, ya que son ejes que permiten tener una Carta Magna “habilitante para la democracia, que le abre las puertas al Congreso para que legisle y elimina los obstáculos y barreras constitucionales que existen en la actualidad”.

Aunque una versión en el oficialismo transmite que, en el marco de la redacción del texto, hubo diferencias entre las coaliciones de gobierno en algunas materias consideradas “más ideológicas”, varios lo descartan y aseguran que no entraron al fondo de esas discusiones.