A nivel nacional, los gobiernos regionales destinan el 6% de sus fondos a programas que fomentan la cultura y actividades al aire libre. En la Región Metropolitana, tal fondo asciende a cerca de $ 7.000 millones, y a éste postulan juntas de vecinos, centros de madres y equipos de fútbol, entre otros.

El uso de estos recursos -anhelados por una serie de agrupaciones sociales- es hoy materia de investigación, luego de que el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), y su equipo detectaran una serie de eventuales irregularidades.

El pasado 2 de diciembre, la gobernación regional presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República en la que detalló, entre otras cosas, la detección de costos extraordinariamente altos por sobre el valor de mercado -una de las organizaciones cuestionadas explicó que el costo de creación de una página web ascendía a $18 millones- y actividades masivas que no se realizaron bajo el contexto de pandemia.

Los tres programas denunciados corresponden a clases de zumba, spinning y entrenamiento que suman en total $ 500.589.808 y las asociaciones cuestionadas son: ONG RCKLT; Corporación Patrimonial Historias Nuestras y Asociación Deportiva Regional de Halterofilia la Florida, respectivamente.

La acción apunta a la asignación de montos que se realizó durante la administración del intendente Felipe Guevara. Entre los antecedentes que se denunciaron ante la Contraloría está el que el 25 de abril de 2021 el gobierno regional, bajo su administración y estando vigente el estado de excepción constitucional y la alerta sanitaria producto de la pandemia, aprobó un convenio de transferencia por un monto superior a $ 500 millones a la ONG RCKLT para capacitación, talleres y certificación de personas privadas de libertad como recicladores. La entidad beneficiaria ya ha recibido más de $ 250 millones, de los cuales tiene un saldo por rendir de $ 157 millones y los 92 millones rendidos fueron objetados y no han sido aprobados por el gobierno regional.

La misma ONG recibió este año $ 200 millones para realizar clases de zumba con cargo a recursos del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y junto a entidades relacionadas por vínculos de parentesco ha sido adjudicataria de otros $ 300 millones en proyectos que -según denuncian en el gobierno regional- no se han realizado.

“Nos dimos cuenta que si bien eran tres organizaciones distintas, eran casi la misma familia. Es decir, el tesorero era el mismo en dos de ellas y él mismo era presidente de la tercera. Había varios directores que eran hermanos en distintas corporaciones. Aquí más que un organigrama había un árbol genealógico. Después descubrimos que esta persona que tenía nexos con las tres organizaciones con otra entidad en abril se había adjudicado otro proyecto por $ 500 millones del gobierno regional sin licitación para hacer capacitación de reciclaje a los reos de la Región Metropolitana”, explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a La Tercera.

El exintendente metropolitano explicó que ONG RCKLT “tiene muchos problemas, tanto así que le vamos a pedir la restitución de los fondos”. “Aquí con sólo una consulta de un consejero regional, hemos detectado una gran cantidad de irregularidades que nos han significado ir dos veces a la Contraloría y evaluar ahora una acción ante el Ministerio Público”.

“Nunca había visto proyectos de zumba de $ 200 millones. En toda mi vida pública como alcalde, concejal e intendente, nunca vi una cosa tan desproporcionada y vergonzosa”, concluyó.

Por ahora la Gobernación de la Región Metropolitana está a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República para saber si es factible legalmente dejar sin efecto los contratos con dichas organizaciones. En caso de ser afirmativa la respuesta, la autoridad solicitará la restitución de los dineros.

“Si los dineros fueron gastados, a pesar de nuestra instrucción de no hacerlo, nos querellaremos en contra de los responsables por fraude al Fisco”, aclaró Orrego, añadiendo que “esto es igual que tirar una hebra, nadie sabe dónde vamos a terminar”.

El consejero regional Claudio Pardo (UDI) se mostró sorprendido con las acusaciones de presuntas irregularidades en los programas. “Estos programas tienen que pasar por una revisión para que sean presentados ante el consejo regional en la que hubo una evaluación con jefes de división y analistas, y si están mal, entonces en ¿qué estamos? Todos los proyectos que hemos aprobado han estado malos”, añadió.

Por su parte, Paulo Cañas (Comunes), también consejero regional, sostuvo que “los responsables de esto son las unidades técnicas que tienen que haber visado el proyecto y que nosotros no vemos los antecedentes y cuando solicitamos conocer mayor detalle sobre los proyectos aprobados, lo que se busca es la fiscalización, que es parte del trabajo”.

Frente a los cuestionamientos, Manuel Zapata, miembro de ONG RCKLT, rechazó las acusaciones de irregularidades denunciadas por el gobernador regional. “Todos los proyectos cumplieron los trámites de evaluación. Hoy las clases de zumba no se han realizado porque se nos pidió que no lo hiciéramos. El proyecto que sí está en ejecución es el de reciclaje con Gendarmería”, acotó.

¿Se inflaron los precios? “No, para nada, porque estos proyectos están desde antes que comenzara la pandemia. Entonces, tú no postulas con proyectos de un día para el otro. Esos proyectos pasaron por una revisión en la que se hicieron objeciones y correcciones”, acotó.

El programa de reciclaje beneficia a 270 internos que se divide en dos áreas, de acuerdo a lo que establece el Servicio Nacional de Capacitación (Sence). “Estamos trabajando con internos y funcionarios. Es un proyecto que está ad-hoc de todas las normativas ambientales, donde entregamos la trazabilidad. Estamos trabajando para que exista una red de recolección de residuos al interior de lo penales”, añadió.

“Con este tema están manchando el proyecto”, aseguró Zapata. También explicó que el proyecto está ligado a la Dirección General de Gendarmería, incluyendo los penales de Colina I, Colina II, entre otros penales. Según él, la cuestionada ONG mantiene un convenio desde 2017 con la institución a cargo de resguardar la seguridad al interior de los recintos penitenciarios.