Clases diferidas y anuncio de detectores de metales en colegios: la crisis educacional de Lota a 40 días de la muerte por apuñalamiento de un estudiante

El 19 de abril de este año la comunidad de Lota, en la Región del Biobío, se conmocionó. Un estudiante de 17 años, de tercero medio del Liceo Bicentenario Carlos Cousiño Goyenechea de Lota, murió apuñalado en medio de una riña con 15 involucrados cerca de la Casa de la Cultura del sector. A raíz del acontecimiento, las clases fueron suspendidas en la semana siguiente en distintos establecimientos educacionales de la comuna, mientras que a menos de una semana de la tragedia antisociales vandalizaron las instalaciones del liceo donde estudiaba el menor fallecido.

La muerte de J.A.V.O. dejó al descubierto una problemática que preocupa hace meses a la comunidad educativa de la comuna, donde profesores y estudiantes eran amenazados y las riñas fuera de los colegios se convirtieron en un problema diario. Las situaciones de violencia, sumado al fallecimiento del menor, colmaron los ánimos y llevaron al cuerpo de docentes de la zona a una paralización por una semana exigiendo “garantías de seguridad” para quienes laboran en escuelas y liceos.

En el petitorio de nueve puntos se solicitaba a las autoridades garantías en materia de seguridad, las que consistían en la presentación por parte del Departamento de Educación Municipal (DEM) de una querella contra los involucrados en el asesinato y vandalización; mayor facultad para expulsión y/o cancelación de matrícula de estudiantes involucrados en delitos y hechos de violencia; instalación de cámaras de seguridad y mejora del sistema eléctrico e iluminación del establecimiento, que incluya también la iluminación en patios y alrededores, entre otros.

Pero a tres semanas desde el fin de la paralización y el retorno a clases, la situación pareciera no haber mejorado. En principio, según el Colegio de Profesores de Lota, porque no todos los puntos del petitorio han sido cumplidos por los sostenedores ni tampoco autoridades del gobierno central.

En consecuencia, hoy los docentes han aumentado la presentación de licencias médicas y dos de los 15 establecimientos educacionales de la comuna -el Liceo Bicentenario y el Liceo Industrial Rosauro Santana Ríos, de donde eran los estudiantes presuntos responsables de la muerte- se encuentran con clases en horarios diferidos para evitar riñas al término de la jornada.

“El Liceo Bicentenario termina sus clases cerca de las 14:15 horas y el Liceo Industrial sale alrededor de las 15:30. Así ha estado funcionando, y hasta el momento no hay fecha límite para su término. Tampoco los sostenedores han dado cumplimiento al petitorio que se comprometió. Solo han tomado acciones de infraestructura como instalación de cámaras en ambos liceos y reparaciones tras la vandalización, pero no se ha interpuesto la querella ni tampoco un recurso de protección que resguarde el derecho a la educación de las y los estudiantes. El problema de fondo continúa”, comentó a La Tercera el presidente del Colegio de Profesores de Lota, Gabriel Proboste.

Mientras que los docentes afirman que persiste un sentimiento de inseguridad entre el profesorado y los alumnos desde el retorno a clases. “No sabemos qué sucederá al llegar o salir del liceo, al menor ruido el entorno se exalta. Se ha hecho difícil poder realizar actividades y aprender”, mencionó uno de los docentes del Liceo Industrial.

A eso suma que a la fecha no han mantenido contacto con el municipio para abordar medidas de seguridad, pero que sí han hecho un llamado al Centro de Padres del establecimiento para acciones concretas, “pero solo se ha cumplido el 50%. Pedimos cámaras de seguridad en todo el establecimiento, pero vinieron a realizar un catastro y nada más. Como docentes hemos tomado acciones propias de cursos psicológicos, nos protegemos como podemos”, aseveró el docente.

En paralelo, las autoridades regionales han tomado acciones en medio de la crisis de seguridad. La Seremi de Educación de la región y la Municipalidad de Lota coordinaron, junto a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y la Universidad de Concepción, un trabajo de contención emocional a través del programa “Aprenda a Convivir”, dirigido a la comunidad educativa con medidas a corto y mediano plazo.

En lo inmediato, se trabajó en acciones de contención emocional para atender las situaciones urgentes, sumado a medidas en materia de seguridad y convivencia, como las coordinaciones multisectoriales con otras entidades, en la que participaron profesionales de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Seremi de Salud y el programa Habilidades para la Vida de Junaeb.

“Entendemos que esta situación necesita de la voluntad del intersector, por lo mismo no puede quedar ninguna institución afuera y se requiere que hagamos los esfuerzos entre todas y todos”, agregó en su momento el seremi (s), Matías Aravena.

Mientras que el alcalde de la comuna, Patricio Marchant (ind.), instaló la idea de dotar a los liceos con detectores de metales durante junio. Según explicó el jefe comunal, la implementación de estos detectores, en forma de paletas, se anunció como medida de seguridad para los estudiantes y profesores a fin de evitar el ingreso de armas al interior de escuelas o liceos.

“Son muestras aleatorias y estamos también dictando una serie de charlas con expertos en el tema de violencia escolar. Está Carabineros en los colegios, en la salida y entrada, más seguridad ciudadana y, por tanto, hay una sensación de que vamos avanzando paulatinamente”.

Aunque por parte del Colegio de Profesores “eso no quita que los estudiantes y colegas sigan con temor. La situación de alerta se mantiene presente”, afirmó Proboste. Y agregó: “Necesitamos medidas integrales desde las autoridades y de manera inmediata. Los funcionarios y las escuelas como instituciones no tienen por qué estar salvaguardando la seguridad en el espacio público, eso les compete a autoridades”, cerró.