Cláusulas de confidencialidad, servicios y agua embotellada: Los contratos del Minsal con hoteles usados como residencias sanitarias

Bajo la pandemia, habilitar un hotel como residencia sanitaria no es una tarea sencilla. Sus dueños deben coordinar con el Ministerio de Salud (Minsal) una serie de obligaciones que incluyen proporcionar a los visitantes cuatro comidas diarias, habitaciones con teléfono y baño privado. El asunto se puede complicar si el personal manifiesta reparos por temor a la enfermedad y más aún si los pagos comprometidos no llegan.

Desde hace ya varias semanas, la utilización de residencias sanitarias es uno de los pilares de la estrategia del gobierno para contener la propagación del virus. En estas, se aíslan casos positivos y sospechosos, mientras los hoteles y residencias pueden levantar sus alicaídas arcas financieras, ya afectadas desde el 18 de octubre.

Al 22 de junio, 5.073 personas estaban realizando su cuarentena en residencias sanitarias a lo largo del país. Y hasta la semana pasada, quien firmaba los contratos era el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Estos incluyen cláusulas que van desde el detalle de los servicios prestados, sus costos, y confidencialidad absoluta.

Así lo demuestra el que Zúñiga firmó el 19 de mayo con el Hotel Nippon, ubicado en Providencia, al que accedió La Tercera PM.

El documento comprometió un pago total de $241 millones por 3 meses, con un valor por habitación de $3.058. A ello se suma el ítem alimentación ($29.000); servicios ($20.942) y lavandería ($4.000), sumando un valor total por día de $57.000.

Según el contrato, se trata de habitaciones individuales por cada huésped, independientes con baño privado. El trato incluye el servicio de alimentación a la habitación (4 comidas que incluyen: desayuno, almuerzo, once y cena), la provisión de cuatro litros diarios de agua embotellada en la habitación, mucama a diario, y cambio de sábanas o toallas a diario o cada vez que se requiera. También incluye el servicio de lavandería de ropa de cama y del huésped diariamente, además de ropa de cama y productos de aseo personal proporcionados por el hotel.

En el documento se obliga al proveedor a “mantener estricta reserva y a no comunicar, revelar, reproducir o poner a disposición de terceros parte de alguna de la información referida”.

“Toda información respecto del Ministerio y la función administrativa, de cualquier naturaleza que ésta sea, así como la identificación de datos personales de las personas a quienes brinde los servicios contratados, y que el proveedor o sus dependientes tomen conocimiento en virtud de la celebración o ejecución del presente acuerdo, tiene carácter de confidencial, estando prohibida su divulgación a terceros o su utilización para fines distinto de aquellos relacionados con la prestación de los servicios materia del contrato, durante la vigencia del mismo y después de su terminación en forma permanente”.

Entre las condiciones de la prestación del servicio fijadas por el contrato se establece que el “Ministerio de Salud no se hace responsable por daños, pérdidas o deterioros por el uso de mobiliario del hotel”. Sí atribuye al Minsal otras dos labores: “Es de responsabilidad del Ministerio de Salud el cuidado de las condiciones de salud del huésped/paciente, así como proporcionarle los elementos de protección personal”. Mientras que “es de responsabilidad del hotel proporcionar seguridad para los pacientes y evitar que deambulen fuera de su habitación”.

Las primeras residencias se abrieron por parte de la Subsecretaría de Salud Pública en febrero sin protocolo ni contrato de por medio. En marzo, el tema lo asuipo Redes Asistenciales y por instrucción del subsecretario Zúñiga, todos los hoteles quedaron en manos de cada servicio de salud.

A mediados de mayo, desde Presidencia se señaló que los hoteles serían una pieza clave para la contención del virus. Bajo esa lógica, a mediados de mayo comenzó un monitoreo directo del tema por parte del asesor de la Presidencia y ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Con su arribo, la subsecretaría de Redes Asistenciales incluyó a actores externos como apoyo, como Roberto Lewin (UDI), coordinador del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, y un funcionario del Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Incluso de personeros del Ministerio de Economía que ayudarían al levantamiento de hoteles en coordinación con la subsecretaría de Turismo.

El Comité de Compras del Minsal es integrado por funcionarios de Redes Asistenciales y Salud Pública. Entre ellos figuran Patricio Herrera, presidente y Jefe de División de Finanzas; Jorge Hübner, Jefe Jurídico del Minsal; Jorge Acosta, Jefe de Gabinete de Redes Asistenciales; Lorenzo Bascuñán, abogado; Andrea Hidalgo, Jefa del Departamento de Finanzas y Presupuesto del Minsal, y Orlando Durán ex jefe DIVAP. Este último fue vinculado por un artículo de Interferencia con el propietario de la sociedad Hotel Clínico Spa, propietaria del Smart Apart, contratado como residencia sanitaria. A raíz de estos hechos, el subsecretario Zúñiga instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

El pasado viernes, en una reunión convocada por la Corporación de Desarrollo de la Intendencia Metropolitana, funcionarios del Minsal comunicaron a representantes de ChileSertur -organización gremial que representa a pequeños y medianos emprendedores del turismo nacional- y a la Asociación Gremial Hoteleros de Chile que requerían ampliar de manera drástica el número de residencias sanitarias.

“Nos llamaron de la Corporación de Desarrollo Metropolitano. Nos dijeron que buscan aumentar lo antes posible en 2.000 camas en la Región Metropolitana. Las regiones de Arica y Metropolitana son las que están mantienen las capacidades más ocupadas”, explicó Ari Furman, vicepresidente de Chilesertur.

El presidente de los Hoteleros, Andrés Fuenzalida aprovechó la oportunidad y señaló a las autoridades que ha sabido de casos en los que se han demorado los pagos a sus asociados. “Les dije: Si ustedes quieren ayudar en algo a la industria, tienen que ser muy responsables en el pago, porque hay un hotel por ejemplo que está prestando servicio desde marzo y hasta hace una semana no se le había pagado”, detalló a La Tercera PM.

En este grupo se encuentra precisamente el Hotel Nippon, de propiedad del matrimonio compuesto por Masamoto Saotome (71) y Patricia Vidal (62) y que hoy dirige su hijo Guillermo Bertiny (40). El problema es que algunos de ellos no han recibido los dineros comprometidos y frente a las dificultades económicas han solicitado créditos para continuar su operación y cumplir con los protocolos sanitarios.

El recinto ubicado al costado del Parque Bustamante -a pocos metros de la denominada zona zero-, comenzó a funcionar como residencia sanitaria a fines de marzo, pero solo el 19 de mayo formalizó su relación con la autoridad. Al hotel, el Minsal adeuda unos $150 millones y a la fecha desconocen cuándo recibirán sus pagos.

Otro hotel boutique con el cual el Minsal a la fecha mantiene deudas y que es utilizado como residencia sanitaria es Luciano K, ubicado en Barrio Lastarria. Ambos hoteles declinaron efectuar comentarios por este artículo, aduciendo el apego estricto a cláusulas de confidencialidad.

Pero no todos han tenido malas experiencias. A modo de ejemplo, el gerente general del Hotel Torremayor, Mauro Magnani -también vicepresidente de Fedetur- explicó que desde hace un mes dos de sus hoteles operan bajo la modalidad de residencia sanitaria, lo que les ha permitido nutrirse de mayor información en protocolos de seguridad. Añadió que el número de personas que permanecen en sus habitaciones fluctúa entre 60 a 100, de acuerdo a las cuarentenas. También aclaró que no han tenido problemas en los pagos.

Desde el Minsal explicaron que a sólo dos hoteles no se les ha cursado pagos. ¿La razón? Los hoteles en cuestión no han acreditado sus niveles de cumplimiento a través de un certificado y una vez hecho este trámite se les pagará por su servicio. Añaden que se trata de sólo dos de las 138 residencias sanitarias que actualmente están en operación. Y en cuanto a los motivos del por qué la diferencia en los precios acordados, no hay una respuesta clara, pero respondería a las comodidades y la ubicación del inmueble.