Por estos días dos batallas lleva adelante Clínica Las Condes (CLC) en la Corte de Apelaciones de Santiago. Por un lado sigue discutiendo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por una millonaria demanda por no pagos en atenciones médicas durante la pandemia y, por otro, litiga contra uno de sus médicos por el tratamiento que recibió por el cáncer de médula ósea.

Se trata del ginecólogo Mario Montoya (66), quien recibió medicamentos genéricos en su quimioterapia y presentó un recurso de protección en contra del recinto de salud y la isapre Masvida. La acción fue declarada admisible y el pasado domingo, Clínica Las Condes contestó solicitando que sea rechazado “con una ejemplar condena en costas”. Es decir, que el paciente pague los honorarios de los abogados que la representan en el litigio, en el caso de perder.

En su respuesta, la empresa presentó un informe redactado por Rodrigo Mardones, director médico de CLC, en el que concluyó que “las quimioterapias se han realizado según protocolo y recetas prescritos y firmados por el tratante”. Además, explicó que “a la fecha de este informe, el paciente ha presentado muy buena respuesta con disminución del 77% del peak monoclonal y continúa con su tratamiento en Clínica Las Condes”.

Agregó que, “a su vez, el paciente solicitó las prefacturas de los ciclos de quimioterapia, en las que, por un error involuntario, aparece el cobro de un medicamento de marca comercial. Cabe señalar que Clínica Las Condes no ha cobrado al paciente las cuentas asociadas al tratamiento de quimioterapia y que las prefacturas están corregidas”.

Todo comenzó cuando el miércoles 18 de julio el médico tratante de Mario Montoya, Hernán López Vidal (40), especialista en hematología, presentó su renuncia a CLC luego de enterarse que sus pacientes estaban recibiendo medicamentos genéricos en tratamientos de quimioterapias contra el cáncer, pese a haber acordado el pago de remedios originales.

Su salida se produjo a pocos días de que el presidente del recinto médico, Alejandro Gil Gómez (73), se aplicara una tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BionTech, provocando una ola de críticas en su contra y un sumario por parte de la autoridad sanitaria. Además, las subsecretarías de Salud y Prevención del Delito interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Oriente por “apropiación indebida” en contra del mandamás de la compañía.

En su presentación, CLC sostuvo que “el uso de medicamentos genéricos estaba autorizado”.

Igualmente la compañía -representada por el abogado Sebastián Oddó- cuestionó las pretensiones del médico Mario Montoya, asegurando que éste solicita que “la clínica mute su naturaleza de prestador de servicios de salud y pase a ser una institución de salud previsional”. Ello en alusión al requerimiento planteado por el facultativo de que su isapre (Nueva Más Vida) y Clínica Las Condes coordinen de manera “urgente y a la brevedad posible” la continuidad del tratamiento prescrito por el hematooncólogo Hernán López Vidal en Clínica Santa María con todas las atenciones necesarias y las más amplias coberturas”.

En sencillo, según CLC, lo que pretende el facultativo es que la compañía adopte la naturaleza de isapre, gestionando las redes en que él debe atenderse y financiando sus tratamientos médicos en otro recinto asistencial. “Esto es una situación que escapa y contraviene toda la regulación nacional”, recalcó.

Sin embargo, el pasado 31 de agosto, el tribunal de alzada hizo eco de la petición del paciente y concedió la Orden de No Innovar solicitada. Es decir, que CLC se haga cargo de los costos y atención médica de Mario Montoya en Clínica Santa María.

Según el documento redactado por Mardones “en su segundo ciclo, día 23 de junio de 2021, para garantizar continuidad del tratamiento debido a quiebre de stock de lenalidomida del laboratorio Gador, se le entregó al paciente una caja de lenalidomida del laboratorio LKM (el cual cuenta con registro del ISP y validación según el informe de evaluación científica basada en la evidencia del Minsal para mieloma múltiple)”.

Esto se contrapone con el informe médico del 17 de agosto que entregó el médico tratante Hernán López al paciente. Según él, “la lenalidomida en su presentación genérica no cuenta con dicha evidencia, además de presentar una eventual mayor toxicidad clínica”.

A raíz del caso, 10 días después la Superintendencia de Salud ofició a CLC en el marco de una investigación por una eventual infracción a la Ley de Derechos y Deberes del Paciente.

En su requerimiento, la intendenta de Prestadores de Salud, Carmen Monsalve, solicitó al recinto médico copia de la ficha clínica del paciente identificado previamente, con todos los antecedentes clínicos pertinentes a las hospitalizaciones y atenciones ambulatorias derivadas del evento de cáncer de médula ósea. Asimismo, solicitó las cuentas y facturaciones generadas con ocasión del tratamiento efectuado. Además de los consentimientos informados y cualquier otro documento firmado por el paciente.

El caso es que el 27 de agosto, la entidad fiscalizadora emitió una Resolución Exenta Nº 3867, la cual consigna que “en el análisis de los antecedentes presentados por el prestador, que constan en el informe de fiscalización emitido por el Subdepartamento de Fiscalización en Calidad, no se evidencia que haya existido una eventual vulneración de los derechos del paciente”.

“En cuanto al tema del uso de medicamentos de marca para el tratamiento de Lenalidomida 25 mg, denunciado por el médico tratante, esta información no se observa en ninguna indicación o plan en la ficha clínica del paciente, como tampoco en la recomendación del Comité Oncológico del prestador”, añadió el mismo documento.

“En relación al cobro del medicamento de marca para Lenalidomida 25 mg, se observa en la prefactura el cobro de este medicamento con su nombre genérico, por un monto total de $ 3.577.637, en dos fechas, 23 de junio y 14 de julio 2021. Por lo tanto, tal como lo afirma el director del prestador, fue un error y ya fue corregido en una prefactura anterior”, remató el informe.