Cobro de servicios básicos: Gobierno evalúa veto en medio de duras críticas oficialistas por no ir al TC

El martes, el Presidente Sebastián Piñera contactó a algunos parlamentarios de Chile Vamos, según afirman en el oficialismo, para recoger opiniones en un tema que complicó al gobierno: qué hacer con el proyecto que suspende el cobro de servicios básicos durante la pandemia, iniciativa que fue despachada del Congreso y sobre la que el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad, manifestando aprensiones a través del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa.

Son tres las alternativas que ha barajado La Moneda: ir al Tribunal Constitucional (TC), presentar un veto o simplemente promulgar. El plazo para la primera opción se venció ayer. Y el gobierno ya optó por no seguir ese camino, lo que desató duras recriminaciones desde Chile Vamos. En paralelo, el gobierno está enfrentando -además de los cuestionamientos de su propio sector- críticas de la oposición y emplazamientos públicos para que se promulgue luego la ley.

En medio de este escenario, en el Ejecutivo dicen que está evaluando seriamente presentar un veto, un idea que era resistida al inicio, pero que ha ido tomando fuerza. Para eso, aún hay un plazo de 30 días desde que el Congreso despachó el proyecto. En Palacio argumentan que si no hacen nada, se corre el riesgo de generar un precedente de que la oposición pueda impulsar medidas que son consideradas inadmisibles o inconstitucionales por ser de facultad exclusiva del Ejecutivo. Ese es, justamente, uno de los argumentos con los que salieron hoy desde Chile Vamos a cuestionar al gobierno, considerando -reclaman- que han sido los propios ministros los que le han pedido al bloque no apoyar iniciativas de ese tipo.

En el gobierno y en Chile Vamos dicen que la decisión de recurrir o no al TC generó un fuerte debate al interior de Palacio y diferencias entre las autoridades. De hecho, el Ejecutivo consultó la materia con varios abogados constitucionalistas, quienes -dicen las mismas fuentes- no tuvieron una postura unánime respecto a si los argumentos para ir al TC eran suficientemente sólidos para ganar.

En La Moneda explican que son varios los factores por los cuales terminaron optando por no ir. Uno de ellos es la opinión recogida en las consultas con abogados, quienes transmitieron que desde el punto de vista de la admisibilidad del proyecto de servicios básicos los parlamentarios podían impulsarlo. Asimismo, pesó el argumento de que si perdían ante el organismo se generaba un mal precedente para otros proyectos inconstitucionales que se están tramitando y ante los que, eventualmente, podrían acudir al TC: por ejemplo, el de créditos bancarios y el del posnatal de emergencia.

En segundo lugar, se tuvo en cuenta el costo político que significa para el gobierno ir a defender el tema ante el organismo. En Palacio dicen que aparecerían ante la opinión pública defendiendo las utilidades de las empresas, siendo que las mismas firmas afectadas podrían recurrir ellas al TC con un recurso de inaplicabilidad, como ocurrió en el caso de la ley de la jibia.

En La Moneda explican que, en caso de haber ido al TC, hubiesen tenido que apelar a los efectos económicos para las empresas, debido a que no se estableció en el proyecto una compensación para ellas por el no pago de los servicios, como se establece en la Constitución. Pese a esto, en Palacio hay algunas voces que dicen que eso era, justamente, un motivo suficiente para recurrir al organismo.

Otro elemento que les jugó en contra, reconocen en La Moneda, es que si bien durante la tramitación del proyecto el gobierno cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa, los equipos técnicos de Energía se involucraron en la moción e impulsaron algunos cambios, lo que -dicen- entregó señales confusas. Asimismo, señalan que la ministra de Transportes, Gloria Hutt, dio en algunos medios declaraciones que desdramatizaban la iniciativa.

De igual manera, en el gobierno recalcan que tampoco había consenso en Chile Vamos. La mayoría de los senadores del bloque se abstuvo en la votación de la moción, pero también hubo votos a favor. Por ejemplo, lo apoyaron los senadores RN Francisco Chahuán, Juan Castro y Manuel José Ossandón, además de los UDI José Miguel Durana y David Sandoval. Y en el caso de la Cámara, algunos se abstuvieron, mientras que el resto del oficialismo aprobó.

Por esta misma razón, según fuentes de gobierno, el ministro Claudio Alvarado (Segpres) pidió hace dos días que le hagan un informe con todas las mociones que contengan vicios de constitucionalidad. Esto, con el objetivo de que el gobierno entregue una postura clara desde el momento en que comiencen su tramitación. Esto, para que así también estén alineados todos en Chile Vamos.

“La señal del gobierno es nefasta”

En Chile Vamos, particularmente, en Evópoli y en la UDI, generó una profunda molestia la decisión del gobierno de no presentar un requerimiento al TC. De hecho, varios parlamentarios transmitieron durante esta mañana su malestar a ministros del comité político.

“La señal es nefasta. El gobierno debe actuar en consecuencia y defender la constitucionalidad de las leyes. No ir al TC o no presentar un veto habla de una profunda debilidad que nos preocupa en este y otros proyectos”, dijo la jefa de bancada UDI, María José Hoffman.

Los diputados gremialistas Javier Macaya e Issa Kort también cuestionaron la decisión del Ejecutivo. “Es un precedente complejo, que termina dando la razón a quienes cuestionan la existencia del TC, ya que cuando la Corte Suprema tenía ese control, tomaba decisiones que se alineaban con el cumplimiento de la Constitución y las leyes”, dijo Macaya. Kort, en tanto, sostuvo que “el Ejecutivo tiene la opción de volver al Congreso vía veto, el cual es absolutamente político y no jurídico, como el TC”. Y agregó: “Esta coyuntura es sumamente delicada, ya que se reafirma el riesgo de terminar con demandas en contra del Estado en el CIADI y que las instituciones clasificadoras de riesgo puedan observar esta situación en base a la certeza jurídica tan requerida y buscada por otorgadores de créditos o inversionistas internacionales”.

Desde Evópoli, en tanto, el diputado Luciano Cruz-Coke manifestó que “nosotros nos abstuvimos en la votación en el entendido que el gobierno iba a recurrir”, junto con señalar que “me parece que el precedente que se sienta es pésimo, dado que con la inacción del gobierno respecto a este tema vamos a tener una cantidad de proyectos inadmisibles, que es, precisamente, lo que se ha buscado desincentivar”. Y agregó: “En el gobierno deben ser los primeros en ser respetuosos de la Constitución y la ley”. En la misma línea, el senador Felipe Kast sostuvo que “el gobierno tiene que tomarse muy en serio el tema de respetar la Constitución, pues hemos visto cómo, incluso, parlamentarios de Chile Vamos han caído en empujar proyectos inconstitucionales”.

Pese a las críticas del oficialismo, en el gobierno se defienden argumentando que Chile Vamos también pudo recurrir al organismo. Y recordaron, en privado, que ninguno de ellos rechazó categóricamente la iniciativa.

En los partidos, además, Kast y otros parlamentarios como Iván Moreira insisten en la idea de que se elabore un reglamento interno en la coalición para evitar que algunos legisladores impulsen proyectos inconstitucionales, un tema que ha tensionado al oficialismo desde hace varias semanas. De hecho, ha sido un tema recurrente en las reuniones del comité político ampliado en La Moneda.