“Cobros por ser intermediarios” y “juegos didácticos”: dirigentes de campamentos de Atacama y Antofagasta revelan el quehacer de fundaciones investigadas

La fundación Democracia Viva está siendo investigada por el traspaso de más de $ 426 millones desde el Serviu de Antofagasta, en el marco de tres convenios firmados con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región. Fue en ese marco que la ONG, en octubre de 2022, abrió una convocatoria en sus redes sociales: “Buscamos a una persona con experiencia en el territorio para trabajar en la mejora en la calidad de vida de las familias de campamentos en Antofagasta, desde la sustentabilidad, democracia y el feminismo”, decía el afiche colgado en Instagram.

Los convenios en cuestión -dos suscritos en octubre de 2022 y uno en noviembre de ese mismo año- apuntaban a mejoras territoriales en los “asentamientos precarios”, tales como -ellos mismos destacaron en sus redes sociales- la instalación de una “red húmeda” en uno de los campamentos de Antofagasta para enfrentar, controlar o mitigar la amenaza de incendios. También debían instalar luminarias solares en otro asentamiento y procurar dar solución para abordar los microbasurales.

Los tratos fueron visados por la autoridad a cargo de la secretaría ministerial hasta ese entonces, Carlos Contreras, militante de Revolución Democrática. Pero el representante legal de la fundación es el también militante de RD Daniel Andrade, pareja de la diputada por Antofagasta Catalina Pérez (RD), a quien el Tribunal Supremo le suspendió su militancia hasta que aclaren los hechos.

¿Y qué hizo Democracia Viva en los asentamientos precarios? Mireya Ticona, dirigente del campamento Alto Irarrázaval, cuenta que la organización solo alcanzó a terminar tres redes húmedas para llevar agua para utilizar en caso de incendios y tres redes secas. Ticona dice estar agradecida de esas labores, pero destaca que una vez que conoció el monto que el Serviu de Antofagasta entregó a la fundación, se llevó una decepción.

“Se pudieron haber hecho cosas mejores o se pudo haber hecho más por el campamento, porque somos 23 comités de viviendas y ellos apenas hicieron tres redes húmedas y tres redes secas”, cuenta la dirigente.

Ticona dice que se llevaron otra sorpresa cuando supieron cómo habían obtenido los recursos: “Pensamos que eran una organización sin fines de lucro y que conseguían lo que necesitamos a través de postulaciones o patrocinios, no que les soltaban tanta plata como después nos enteramos”.

Otra dirigenta del sector sostiene que el trabajo fue insuficiente y que gran parte del tiempo, Democracia Viva realizó otro tipo de actividades: “Nosotros necesitamos otras cosas, no palabras ni historias ni juegos didácticos. Yo sé que son importantes, pero nosotros llevamos ocho años en el campamento y en ese sentido las organizaciones son una lata, y viendo las noticias me dan mucha rabia por lo que hicieron”.

A partir de las investigaciones, medidas y cuestionamientos que han surgido a partir de este caso, Ticona afirma que temen que la ayuda quede paralizada: “Nos da miedo que los compromisos que teníamos no se terminen. Esa es la duda y la pena que tenemos hoy”.

Casi en paralelo, la Fiscalía de Atacama inició la semana pasada una investigación por un millonario convenio entre la Fundación Comprometidos y el Ministerio de Vivienda. Los datos que se conocen señalan que la la entidad se adjudicó un convenio de colaboración con la Seremi del Minvu de la región para una colaboración para el plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”, por un total de $ 128 millones, en el marco del programa de asentamientos precarios, monto que en mayo se elevó a $ 190 millones.

El acuerdo fue plasmado el 19 de diciembre, lo que implicó que al momento de la suscripción de dicho convenio, Comprometidos no contaba con un giro relacionado a los temas relativos a los campamentos, ya que este último giro se actualizó ante el SII recién el 7 de marzo de 2023: pasó de realizar películas y administrar un servicio de veterinaria a hacer entrega de agua a personas en asentamientos precarios.

En su página web, Comprometidos informa que su presidente es Sebastián Duarte Vergara (otrora dirigente del Partido Progresista y en 2021 compitió como candidato a concejal en Quinta Normal por el PR) y señala tener una directora nacional de Hospital Veterinario (María José Obregón) y un director de El Vecino Normal (Pablo Gasc).

Ruth Collado lleva años en la zona y es la directora de la Agrupación de Campamentos Atacama. Cuenta que las alarmas se encendieron apenas se inició el convenio, pues las familias tenían que pagarle directamente a la fundación 12 mil pesos mensuales. ¿La razón? Collao explica que el Serviu de la región designó a la fundación como un “interlocutor” entre la empresa Aguas Atacama y las familias. “Siempre nos quedó la duda de por qué la fundación se iba a encargar y no lo hacía directamente la empresa. Y aún no hay respuesta clara respecto a eso”, agrega.

El modo les pareció extraño, pues cuando realizaron un proceso similar, esa vez para obtener la electricidad, los pagos se realizaban de forma directa o mediados por la municipalidad.

Además, Collado sostiene que el otro problema que había es que “desde un principio no hubo transparencia ni boletas, y eso generó que los demás dirigentes desconfiaran porque no había seriedad. Las familias pagaban, pero no había ningún documento o boleta que confirmara que esa empresa recibiera los pagos”.

A través de una declaración a La Tercera, la Seremi del Minvu de Atacama justificó que el convenio “se realizó en un contexto de urgencia para proveer de manera rápida una solución intermedia de entrega de agua potable a cuatro campamentos de la comuna de Copiapó, dado que, en un mes, estas familias quedarían sin entrega de agua potable”.

La dirigente de Atacama explica que la fundación también coordinaba la entrega de agua una o dos veces a la semana y que en una ocasión organizaron un taller de economía domiciliaria. Y en ese contexto, entre los dirigentes se encendió otra alarma: ¿para eso eran los $128 millones?

A finales del año pasado y principios de este, Collao cuenta que se reunieron con autoridades del Programa de Asentamientos Precarios, representantes de la Subsecretaría del Minvu y de la fundación, para que les especificaran en qué se gastaba el dinero, pero no hubo respuesta concreta. Incluso hasta hoy, aunque algún detalle ya les entregaron. A principios de esta semana se volvieron a reunir con las autoridades y algunas familias quedaron conformes, pues se les dijo que el dinero se utilizó para pagar los camiones del agua y los profesionales”.