Colegio de abogados acoge amparo contra Fiscalía por incautar documentos en ENAP violando secreto profesional

Una dura crítica recibió el actuar de la Fiscalía de Valparaíso luego que el Colegio de Abogados acogiera, en decisión unánime, un amparo profesional presentado en contra del Ministerio Público luego que tres asesores legales de ENAP denunciaran que la fiscal Ana María Aldana -en el marco de diligencias por la investigación penal en Puchuncaví y Quintero- incautó información que está resguardada por secreto profesional.

El 7 de noviembre el abogado de la empresa Cristián Muga hizo una presentación ante el consejo del Colegio de Abogados argumentando que a sus representados Lillyan Valdenegro, Marcelo Aguilar y Rodrigo Sánchez les afectó una entrada y registro que hizo el Ministerio Público en las oficinas de la estatal quienes procedieron a llevarse el computador de uno de ellos y la documentación con la que estaban asesorando legalmente a ENAP.

La diligencia, a la que refiere el amparo fue de fecha 12 de octubre cuando la fiscal Aldana junto a personal policial se constituyó en las oficinas de Enap refinerías junto a una autorización judicial emanada del Juzgado de Garantía de Quinteros. En dicha resolución se le autorizaba al Ministerio Público incautar documentos útiles para la investigación y computadores, servidores u otro sistemas de almacenamiento de datos, además de la incautación de  correspondencia electrónica de ejecutivos de ENAP que aparecían individualizados en la orden, ninguno de ellos referidos a los abogados.

Tras acoger el amparo, el Colegio de Abogados cuestiona que tanto la fiscal como la policía procedieron  mediante fuerza a incautar documentación y equipos desde las oficinas de los abogados, que Aldana no quiso esperar a que llegara el profesional a la oficina y explicara que dicha información estaba amparada por el secreto profesional entre abogado y clientes y que pese a la advertencia, la Fiscalía igual llevó a cabo la diligencia.

El Colegio de Abogados fue muy duro y junto con acoger el amparo sostuvieron que "no resulta justificada ninguna situación que pudiera alterar la conclusión que los documentos, computadores y disco duro incautados no estuvieran cubiertos por el secreto profesional". Alude además que ninguno de los abogados tenía calidad de imputado en la investigación que busca esclarecer a los responsables de la contaminación ambientan en la zona, y es tajante en que los abogados "no aparecían mencionados como sujetos de la orden de incautación".

Finaliza la resolución asegurando que "por tanto la incautación de documentos y elementos de que han sido objeto los recurrentes viola su derecho al secreto profesional que se alza como límite a las posibilidades legales de incautar en el marco de una investigación penal".

El documento finaliza fustigando el actuar de la fiscal Aldana al incautar dicha documentación, como así también al haber insinuado "que la defensa del deber de secreto profesional podría constituir el delito de obstrucción a la investigación, todo lo cual constituye un atropello al ejercicio profesional de los abogados recurrentes" y se insta a devolver todos los documentos que fueron objeto de la diligencia.