Colegios en pie de guerra por denuncia del Mineduc que busca sancionarlos por haber realizado clases en periodo de elecciones

“Hemos iniciado un proceso de indagación sobre determinados hechos, con el fin de concluir con una solución que constituya una mejora y aporte a la calidad de los procesos educativos”.

De esa manera la Superintendencia de Educación informó a través de un oficio la recepción de una denuncia presentada por el Ministerio de Educación (Mineduc), a través de la Seremi de Educación, para que se investigue a los establecimientos escolares que “no habrían acatado el horario de funcionamiento para realizar las elecciones del pasado mes de octubre”, donde se votó para elegir a alcaldes, gobernadores, consejeros regionales y concejales.

Y es que según acusa la cartera liderada por el ministro Nicolás Cataldo, serían a lo menos cuatro establecimientos del sector oriente de la Región Metropolitana en esta situación. La denuncia estaría fundada en que según la resolución del 3 de octubre de dicho ministerio se dispuso la suspensión de clases, sin recuperación, para toda la región durante los días jueves 24, viernes 25 y lunes 28 de octubre.

La suspensión, en tanto, se extenderá por un día más para aquellos establecimientos que funcionen como sede de escrutinio de votos, donde volverán a clases el miércoles 30.

Lo anterior, según detalló en su momento el Mineduc, aplicó tanto para establecimientos públicos como particulares subvencionados y particulares pagados. En total serán 3.268 establecimientos educacionales los que funcionarán como locales de votación (el 29,58% de los establecimientos del país), y 491 establecimientos (4,44% del total nacional) que funcionarán como sede de colegio escrutador, es decir, para reunir las actas de las mesas receptoras de sufragios y sumar los votos.

“El Servicio Electoral, en cumplimiento del artículo cuarto transitorio de la Ley n° 21.693, acordó dictar instrucciones para la elección 2024 en dos días publicada en el Diario Oficial el 6 de septiembre de 2024. En ella se indicó que los establecimientos educacionales que fueran locales de votación, el Delegado de la Junta Electoral y la fuerza encargada del orden público, procuraran mantener su funcionamiento habitual de clases hasta las 14:00 horas del jueves 24 de octubre”, se lee en el documento.

Por lo mismo, la Superintendencia de Educación inició un proceso para recabar información y oficiar a los establecimientos involucrados para verificar la veracidad de lo que se consulta.

Aunque la medida ha levantado críticas entre los sostenedores, principalmente porque la denuncia levantada desde el Mineduc no tendría relación con la defensa a que todos los colegios y establecimientos educacionales deberían contar con las mismas herramientas y días para realizar clases y así no perder clases.

“Es impresentable que el Ministerio de Educación exija a la Superintendencia fiscalizar a los colegios que realizaron clases. Mientras TIMMSS muestra un retroceso de 12 años en aprendizajes, ¿cómo es posible que en este escenario se realicen investigaciones por continuar con el servicio educativo”, mencionó a este medio Teresita Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas.

Sumado a que solo días después de darse a conocer la medida establecida por el Mineduc, las comunidades educativas criticaron que no se les tomó en cuenta para esta decisión, sumado a que nunca se pensó en que habría tantos días sin clases. Según la Ley 18.700, “desde el segundo día anterior a un acto electoral o plebiscitario y hasta el término de las funciones de los colegios escrutadores, el resguardo del orden público corresponderá a las Fuerzas Armadas y a Carabineros”, por lo que los encargados del orden público se constituirán en los locales de votación a partir de las 9 horas del segundo día anterior a la elección o plebiscito -en este caso el jueves-.

Lo demás, sumado a la inquietud por el hecho de que la cartera de Educación no contó con un plan de recuperación de las jornadas académicas perdidas.

En referencia a lo denunciado, la Superintendencia de Educación solicitó a los establecimientos educacionales entregar -en un plazo de cinco días hábiles- informes acerca de los hechos denunciados, “adjuntando los respectivos verificadores de las acciones ejecutadas”, se lee en la misiva.

Asimismo, se solicitaron otros documentos que los establecimientos estimen pertinentes para esclarecer los hechos denunciados.