Coletazo de interpelación: oficialismo acusa que asesor del Ejército colaboró en interrogatorio de Longton a Tohá

A días de la interpelación, el pasado martes, a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), que volvió a agitar las relaciones políticas entre gobierno y oposición, el ambiente aún no decanta.

En la preparación del interrogatorio que desarrolló el diputado Andrés Longton (RN) a la secretaria de Estado, el abogado Pablo Urquízar fue uno de los que le brindaron colaboración al parlamentario interpelador.

Según la página de Transparencia, Urquízar (RN) es asesor externo de Longton desde abril de 2022. “Asesoría jurídica legal en materias legislativas de representación y fiscalización”, dice el detalle de su contrato.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, Urquízar fue, además, coordinador nacional de la Macrozona Sur, misión de confianza presidencial desde la cual supervisaba las labores de seguridad y orden público ante los estados de excepción decretados para La Araucanía y el Biobío.

Sin embargo, ese antiguo rol de Urquízar no es necesariamente lo que generó malestar en las fuerzas del oficialismo. El abogado -quien fue también jefe de gabinete de Alberto Espina (RN), en sus tiempos como senador y ministro de Defensa- ha sido asesor externo de la Comandancia en Jefe del Ejército.

Según el Portal de Transparencia -página oficial del Estado que aglutina información de todo el sector público-, actualmente Urquízar tiene un contrato de asesoría vigente, entre enero y agosto de este año, con la institución castrense. “Brinda asesoría externa especializada, en el ámbito legislativo, constitucional y de defensa, en aquellas materias que incidan a nivel institucional, en el Consejo Académico Consultivo de Estudios e Investigaciones Militares (CACEIM)”, dice el portal, lo que según el cuestionamiento oficialista debiera mantenerlo alejado de actividades de corte político.

De acuerdo a la estructura y organización del Ejército, el CACEIM es un órgano que depende directamente de la Comandancia en Jefe. Y si bien no existe mucha información de cuál es el rol de esta instancia, una nota de revista Qué Pasa, en febrero de 2011, informaba que este consejo consultivo fue creado en enero de 2006 durante la administración del Presidente Ricardo Lagos y su objetivo era “asesorar al Ejército para fortalecer las relaciones entre la sociedad civil y la institución”. Históricamente por ese órgano -que tuvo un rol clave en la normalización de relaciones cívico-militares- han pasado académicos y políticos de diversas corrientes, como el exministro Francisco Vidal (PPD), el exsubsecretario Gabriel Gaspar (PS) y el abogado y dirigente gremialista, Herman Chadwick, entre otros.

Hasta diciembre del año pasado, el abogado de RN, que paralelamente brinda apoyo a Longton, también tenía un contrato distinto al de hoy, ya que brindaba asesoría directa a la jefatura militar. “Brinda asesoría al comandante en jefe del Ejército, en el ámbito jurídico-legislativo institucional y de defensa, en aquellas materias de interés institucional”, dice el detalle de prestación de servicios que operó hasta fines del año pasado.

A través de una respuesta escrita ante una consulta de La Tercera, el Departamento Comunicacional del Ejército informó que “el abogado Pablo Urquízar Muñoz efectúa labores accidentales y no habituales a honorarios, brindando asesoría externa en el ámbito constitucional, legislativo y de defensa en materias del Ejército de Chile”.

Además, la versión institucional señaló que “el Consejo Académico Consultivo de Estudios e Investigaciones Militares (CACEIM), junto con la Auditoría General y la Contraloría General, son entidades que, a través de la Secretaría General, asesoran a la Comandancia en Jefe del Ejército”.

Precisamente esta situación causó profundo disgusto entre legisladores del oficialismo, debido al riesgo de flujo de información desde el Ejército al diputado opositor, que pudo haber usado algunos de esos antecedentes en su interrogatorio a la ministra, y también por el carácter político de la atribución legislativa.

El diputado independiente-PPD, Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, dijo que “el tema es delicado”. “El límite es muy difuso, sobre todo desde la perspectiva del Ejército. La interpelación es un acto eminentemente político. El Ejército debiera delimitar bien el rol que se juega en esa línea. Él es un asesor externo, en todos los casos, pero, en esto, fondo y forma van de la mano. Sobre todo, por la naturaleza de los temas que se tocaron en la interpretación, donde directamente estaba el tema de los estados de excepción constitucional en los que el Ejército es protagonista. Es bastante delicado”, agregó.

El diputado socialista Marcos Ilabaca, quien fue el que habló a nombre de su bancada en la sesión de interpelación en defensa de la ministra Tohá, dijo que “me parece impresentable la situación que ocurre con este señor”. “Es necesario que Renovación Nacional transparente la relación contractual que tiene Urquízar con la bancada y, además, el Ejército transparente las relaciones que tiene. Una persona que presta servicios a una institución del Estado como es el Ejército, en materias que son trascendentales, no puede estar siendo parte de una reyerta política y asesorando, por ejemplo, la interpelación en este tipo de materias a un sector determinado de la política nacional. Creo que es necesario la transparencia, ante todo. Vamos a oficiar solicitando los antecedentes respectivos en esta materia”.

La diputada independiente-Frente Amplio Lorena Fries, también integrante de la Comisión de Seguridad, expresó que “uno esperaría que no haya cruce de intereses, lo que se ve bastante seguido en la política. Además, (Urquízar) lo asesoró mal”. “Si (Longton) tiene asesores, que de alguna manera representan a sectores que en materia de seguridad pueden cruzarse, me parece poco prudente. Desde el punto de vista ético es reprochable”, comentó.

Frente a las críticas del oficialismo, el diputado Longton desestimó que Urquízar haya tenido un rol central en la presentación del martes pasado y que los antecedentes que usó en el interrogatorio provienen de fuentes abiertas.

“La interpelación a la ministra del Interior la preparé fundamentalmente con el equipo de la bancada de RN, liderada por el abogado Pablo Celedón. Toda la información ahí entregada es absolutamente pública, aportada ya sea por Transparencia, por el propio gobierno, sacada de los medios de comunicación social, pero principalmente de lo que nosotros hemos podido recabar de la propia ciudadanía que está viviendo las consecuencias de la crisis de seguridad que vive el país”, recalcó el diputado de RN.

“Toda la presentación, como se puede revisar, obedeció a un trabajo exhaustivo para ejercer la herramienta establecida en la Constitución y me parece extraño que se quiera enlodar y disminuir esta tarea o desviar el fondo de un problema real que se vive en todo el país, como es la delincuencia”, remarcó.

En defensa de Urquízar dijo que tiene una trayectoria conocida. “Es candidato a doctor y máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativo en la Universidad Complutense de Madrid y, por su experiencia, es asesor externo a honorarios en las materias de derecho parlamentario, colaborándome jurídicamente en dichas materias en las distintas comisiones, todas también públicas. Además, su prestación de servicios jurídicos externos a honorarios al Ejército es pública desde el primer día, no existiendo ninguna inhabilidad o incompatibilidad”, concluyó Longton.

Además del apoyo al diputado, Urquízar también presta simultáneamente servicios profesionales a los comités del Partido Republicano y de RN en el Senado.