Coletazos de un “no”: Defensa ordena a las FF.AA. no asistir al Senado a exponer sobre Reglas del Uso de la Fuerza

Era algo que se manejaba en estricta reserva -por el carácter secreto de la instancia- en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad de la Cámara de Diputados, donde se discute el proyecto que define las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que fue ingresado por el gobierno en abril de este año. Eso hasta el lunes.

Fueron cinco días, desde el miércoles 26 de julio, que la exposición de los representantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), los auditores de la FACH, el general Francisco Costa; de la Armada, el contraalmirante Francisco Figueroa, y el general del Ejército Eduardo Rosso, no se conoció, hasta que La Tercera PM reveló lo sucedido, principalmente el “no” de estas instituciones al grueso del proyecto del Ejecutivo con el cual busca regular su uso de la fuerza.

Su negativa, según expusieron en la instancia, tiene que ver con lo amplio del proyecto, donde no se diferencia su rol con el de Carabineros y la PDI, como tampoco se sabe con claridad la posición jurídica en que quedan los uniformados en caso de usar sus armas, las cuales, reconocieron, están destinadas a otro tipo de labores, ajenos al orden público.

En el gobierno, más específicamente en el Ministerio de Defensa, sabían de esta postura, pues han venido conversando y trabajando en eventuales indicaciones al proyecto que ha sido llevado principalmente por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El que se supiera públicamente su postura complicó a todos. Al Ejecutivo, a los parlamentarios y también a las FF.AA., pues exponía a los uniformados al “debate político y legislativo”. Además, les quedaba una concurrencia más al Congreso, ahora, para exponer su posición en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, donde se tramita otro proyecto sobre las RUF, pero impulsado por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Yasna Provoste (DC), Pedro Araya (Ind), Felipe Kast (Evópoli) y Kenneth Pugh (RN).

Los generales auditores -quienes analizan todo lo que tiene que ver con lo jurídico en sus respectivas instituciones- fueron citados hace ya varias semanas y debían concurrir con sus comandantes en jefe. El del Ejército, Javier Iturriaga; el de la Armada, Juan Andrés de la Maza, y el “número uno” de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez.

Todo se mantuvo así hasta la tarde del martes, cuando cada uno fue notificado de que había un cambio de planes. “Nos dijeron que no teníamos que ir y esperar una nueva citación”, confidencia uno de los tres uniformados. Un segundo consultado coincide con esa versión.

Consultados en el Ministerio de Defensa señalaron que se les pidió a los generales que no debían asistir para, primero, afinar las indicaciones que se trabajarían con el gobierno. Además, explican que no se les quiere “contaminar” con la exposición política que puedan generar sus observaciones al proyecto del Ejecutivo.

Sólo llegaron el martes 1 de agosto a la comisión la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la titular de Defensa, Maya Fernández. Las secretarias de gobierno expusieron, también a los senadores la necesidad de mantener fuera a las FF.AA. en esta instancia legislativa, y solicitar su concurrencia para después. El presidente de la instancia, Kenneth Pugh, estuvo de acuerdo.

Antes de entrar al debate de fondo del proyecto del Senado, y exponer la necesidad de buscar un punto en común entre las mociones de los parlamentarios y la del gobierno, la ministra Tohá lanzó una advertencia que también escucharon en el Ejército, la FACH y la Armada.

“Queremos dejar en claro que no por el hecho de que haya observaciones de las Fuerzas Armadas, el proyecto debe recogerlos. Estos son proyectos que rige el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. y Carabineros, que no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir ese estándar”, dijo en la comisión.

La ministra -quien encabeza esta iniciativa legislativa incluida en el “fast track”- insistió en el punto. “Por el tema de que se trata es que hay que ser muy prudente en considerar esas opiniones y también otras. Estamos regulando lo que hacen las Fuerzas Armadas, estamos poniéndoles límites a las FF.AA. y Carabineros. Las fuerzas de orden y seguridad son órganos regulados por la legislación que estamos discutiendo”, dijo.

La ministra Fernández, por su parte, explicó que se está trabajando con las FF.AA. en avanzar en las indicaciones que requiere el proyecto del gobierno, y que su posición es algo que ya se sabía. Durante las próximas semanas, el gobierno definirá las mejoras a la iniciativa, donde se considerará la opinión de los uniformados, pero no como algo vinculante ni decidor. La última palabra, dicen en el gobierno, la tendrá el Ejecutivo.