Columna de Javier Sajuria: ¿De qué hablamos cuando hablamos de pensiones?
La discusión de pensiones no puede, por cierto, centrarse en las preferencias actuales de la ciudadanía sobre los detalles del sistema, sobre todo con los bajos grados de información. Pero sí debiese atender a los anhelos que se expresan de forma clara: mayores pensiones, mayor justicia, reconocimiento del esfuerzo individual y de las labores de cuidado.
Uno de los desafíos más complejos de medir la opinión pública es tratar, con preguntas, de comprender las verdaderas preferencias de la ciudadanía. Así, muchas veces, nos encontramos con que las preguntas que se hacen en encuestas no siempre logran responder lo que realmente se quiere saber. Probablemente, uno de los ejemplos más claros tiene que ver con las encuestas referentes a la reforma previsional.
Es común que se reporten preguntas sobre si las personas preferimos que nuestros ahorros se vayan a un fondo solidario o a uno de capitalización individual. Las respuestas, generalmente, han mostrado una preferencia por la capitalización individual, aunque cada vez con mayores elementos solidarios. Sin embargo, la gran mayoría de esas preguntas no discuten los principales problemas y beneficios de ambas opciones, sino que confían en los niveles de conocimiento por parte de quienes son encuestados. Eso es un problema.
En el reciente estudio de Espacio Público y el PNUD sobre la reforma a pensiones, vienen datos interesantes que nos permiten comprender un poco más sobre cómo se construyen estas opiniones y cuál es su importancia en términos de política pública.
En primer lugar, una mayoría se declara ignorante: un 76% declara tener poco o nada de conocimiento sobre la reforma a las pensiones. Ese dato debiera servir para moderar cualquier interpretación sobre las preferencias de la ciudadanía. Asimismo, independiente de la forma en que se pregunta, las personas encuestadas consideran que las futuras pensiones debieran estar cerca de tres cuartos del sueldo con que terminan su vida laboral. Esa cifra, por cierto, está en línea con las recomendaciones de la OCDE, pero muy lejos del 38% que se calcula en Chile.
Cuando uno pregunta a las personas si quieren que sus fondos vayan a uno u otro destino, sin proveer mayor información sobre qué implica eso, pueden ocurrir inconsistencias (sobre todo en un contexto con muy poca información). A pesar de eso, la encuesta muestra que un 54% está de acuerdo con algún grado de solidaridad cuando se le pregunta directamente por el destino del 6% adicional. Lo que es más interesante, en mi opinión, es cuando se pregunta sobre si debiese existir solidaridad intergeneracional (54% a favor) o entre personas de mayores ingresos a quienes tienen menores ingresos (52% a favor). Es decir, si bien las preferencias a favor de la cotización individual siguen siendo importantes, hay conciencia en la población sobre la justicia que existe en los criterios de solidaridad. Otro ejemplo claro es cómo las personas encuestadas valoran el trabajo doméstico no remunerado, promoviendo que obtengan una pensión más alta que el promedio para hombres (y qué decir para mujeres).
La discusión de pensiones no puede, por cierto, centrarse en las preferencias actuales de la ciudadanía sobre los detalles del sistema, sobre todo con los bajos grados de información. Pero sí debiese atender a los anhelos que se expresan de forma clara: mayores pensiones, mayor justicia, reconocimiento del esfuerzo individual y de las labores de cuidado. Pero principalmente, hay un anhelo de que esta no sea otra oportunidad perdida. La ciudadanía puede ignorar los detalles, pero no ignora la dificultad y la injusticia que implica tener pensiones indignas y que no se relacionan con un país que busca ser desarrollado.
