Muy desilusionado. Así se debe sentir el gobierno con los resultados que han arrojado los últimos sondeos de opinión pública. Al parecer, el amplio despliegue en terreno de la máxima autoridad y sus ministros no surtió efectos positivos en la evaluación del Presidente. Todo indica que las personas no valoran tanto la improvisación “oportuna” y autopromocionada frente a una emergencia, como sí las medidas de prevención para evitar -en la medida de lo posible- los desastres; aquello a lo que el gobernador del Biobío llamó “(estar) con la guardia en alto”. Tal vez esto molesta aún más, sobre todo si consideramos que el pronóstico de amenaza estaba a la vista.
Las desprolijidades que hemos visto deben haber torcido la mano a la deseada aprobación del Ejecutivo. No se entiende cómo, en plena emergencia, se llama a establecer una nueva regulación a las forestales, dando a entender por lo demás que es este sector (privado) el culpable del siniestro que afecta a parte de la zona sur de nuestro país. Qué aterrizaje más forzoso hizo el ministro de Agricultura con aquella errada conceptualización de un royalty forestal; ni coordinó con Hacienda, ni entregó una justificación y evidencia científica al respecto. Fue la ministra del Interior quien tuvo que arreglar el entuerto, y en el intento terminó por empañar el trabajo mancomunado que se venía realizando entre sociedad civil y el Estado.
En medio de toda esta catástrofe, se tentó a un alma del oficialismo que vio la oportunidad de desplegar su agenda ideológica. Esto no solo desvió la agenda gubernamental, sino también abrió el espacio para que -probablemente- parte del Frente Amplio y el PC comiencen a bombardear con iniciativas legislativas (sobre esta materia) la discusión sobre la reforma tributaria, lo que terminará por deleitarnos con un “nuevo” episodio de fragmentación entre estas dos irreconciliables coaliciones oficialistas.
Han muerto 25 personas; han sido quemadas cerca de 440 mil hectáreas (de las cuales, el 56% de la superficie afectada corresponde a plantaciones forestales, el 12% a bosque nativo y el restante 17% a terrenos agrícolas). En espacio, esta calamidad equivale al tamaño de 3 mil estadios nacionales juntos (como lo ilustró el gobernador de la zona). Nos acercamos a pasos apresurados a la magnitud de los incendios de 2017.
Mientras la ministra del Interior afirma que el 25% de los incendios son intencionales, el ministro de Vivienda rechaza la tesis de intencionalidad. Qué poca nitidez tienen al respecto. ¿No está claro acaso que nos encontramos frente a un evidente problema de orden público, que requiere actuar con decisión? Esperemos que en lo que a la reconstrucción respecta, sea específica por zonas, se actúe de forma ágil, y se fomente sobre todo la colaboración público-privada. Esta última es clave para levantar de los escombros a parte de nuestra sociedad que requiere un salvavidas con urgencia.
Sebastián Izquierdo R.
Coordinador Académico del CEP
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