“Comisión de Implementación”: La propuesta del gobierno para una hoja de ruta que aterrice los cambios de la nueva Constitución

Hoy, a las 17.00, la mesa directiva de la Convención Constitucional planea hacer entrega a la comisión de Normas Transitorias, coordinada por Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales) y Eduardo Castillo (Colectivo del Apruebo), de una serie de documentos que han recogido hasta ahora para el trabajo de esa instancia, entre ellos, el documento entregado por el gobierno para enfrentar esta nueva etapa del proceso constituyente, que hoy comenzó su trabajo.

El hito se concretará a través de una sesión “simbólica” del pleno, en que se presente el borrador de nueva Constitución, que fue concluido el sábado tras agregar las últimas normas permanentes que serán parte de él -resultando en un total de 499 artículos. Esto se producirá, además, luego que la mesa se reuniera el domingo con el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien llegó hasta la sede del ex Congreso en Santiago.

En la cita se hizo entrega en las manos de la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), una copia física de un informe de recomendaciones para la formulación de normas transitorias, la que fue analizada por los presentes, entre los que estuvieron la coordinadora de la División de Estudios de la Segpres, Camila Astorga; el vicepresidente, Gaspar Domínguez, (No Neutrales), y los vicepresidentes adjuntos Tomás Laibe (Colectivo Socialista) y Yarela Gómez (Frente Amplio).

En concreto, el documento presentado por Jackson consta de un “pequeño preámbulo” sobre la importancia de los artículos transitorios para el desempeño y ejecución de una Constitución y un marco teórico enfocado en apoyar el trabajo de los 33 convencionales que integran la comisión de Normas Transitorias, con el fin de identificar aspectos cruciales para definir la entrada en vigencia de las distintas normas.

Aunque aún no se publica oficialmente, La Tercera tuvo acceso a parte del documento. En la página 12 del texto hay una propuesta que el propio ministro Jackson, según cuentan presentes, destacó en la reunión que mantuvo con la mesa directiva. Se trata de la creación de una comisión para la implementación de la nueva Constitución, que tendría por objetivo elaborar una “hoja de ruta” que identifique las propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas que deberán desplegar en los años siguientes a la aprobación de la nueva Carta Magna los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Así, se plantea que ésta, en caso de que gane la opción del Apruebo en el plebiscito de salida, se conforme una vez que concluya el trabajo del proceso constituyente y que se haya realizado el plebiscito, es decir, después del 4 de septiembre. “La experiencia comparada contemporánea demuestra que contar con órganos independientes que apoyan y lideran la implementación de las normas constitucionales son de gran utilidad durante el proceso de transición constitucional”, se argumenta en el texto.

La comisión tendría una responsabilidad no menor, pues los cambios propuestos serían sustanciales. Bajo el modelo de sistema político que se modeló al interior de la Convención, la función legislativa recaería en el Congreso de Diputadas y Diputados -que reemplazaría a la actual cámara baja- y en la Cámara de las Regiones -que ocuparía el lugar del Senado-. Por otra parte, le correspondería a la presidencia concurrir a la formación de las leyes y promulgarlas, como también proponer la Ley de Presupuestos, dictar decretos con fuerza de ley y ejercer la potestad reglamentaria.

Bajo esa premisa, en el informe se argumenta que la creación de comisiones con permitiría “asegurar la efectiva e imparcial implementación de normas constitucionales, facilitando el control y el equilibrio entre los poderes del sistema político y el principio de cooperación interinstitucional”.

Aunque no se especifica quiénes las integrarían, el informe detalla que la disposición transitoria que mandataría la creación de la “Comisión de Implementación” debiese cumplir con el principio de paridad, representar a las regiones y los pueblos originarios, como también incluir a expertos y a distintos sectores de la sociedad civil. Además, se aclara que las personas que la integren serían nombradas por el Ejecutivo, en base a los mecanismos y requisitos que la Constitución disponga.

Desde la Segpres sugieren que debiese ser la propia Convención la que mandate la creación de comisión, fijando los lineamientos para que el presidente proceda con el nombramiento de sus integrantes, estableciendo un plazo acotado para su mandato.

De todas formas, de manera informal se comentó que podría evaluarse que sean algunos convencionales -que dejarán de ostentar este cargo tras el 5 de julio de este año- los que pasen a formar parte de esa instancia. Sin embargo, algunos convencionales reconocen, en privado, que no sería lo óptimo que los constituyentes se sumen a la comisión. “Necesitamos una implementación responsable, no una transacción de intereses individuales”, argumenta uno de ellos.

Otro cuestionamiento que surge es cuál debería ser la extensión de esta comisión. Sin embargo, y aunque no se incluye en la propuesta, distintos convencionales hablan de un escenario de seis meses. No obstante, en la Segpres también transmiten que eso debería ser decisión de la Convención.

Para evitar que la comisión caiga en “potenciales conflictos competenciales con otros actores vinculados al proceso de transición”, según se dice en el texto, la Segpres sugiere “delimitar claramente el rol encomendado explicitando las tareas exigidas”.

Esta idea se suma a la propuesta que se hizo pública ayer del Ejecutivo respecto a que la reelección del presidente aprobada por el pleno de la Convención no corra para esta administración. “Es recomendación del Presidente de la República y del gobierno que (...) la norma que permite la reelección del Poder Ejecutivo no se aplique a la actual administración. Creemos que para que exista confianza pública, las actorías que podrían estar eventualmente interesadas en estas materias también tienen que hacer públicas sus posturas”, sostuvo ayer el ministro Jackson.

De esa forma, en caso de aprobarse en el plebiscito de salida el proyecto de nueva Constitución, la reelección ocurriría con los gobiernos que se elijan desde 2025.

Frente a la propuesta, la presidenta Quinteros aclaró que estas gestiones se originan gracias a un acuerdo de la mesa directiva que tuvo como objetivo “abrir estos espacios de recepción de sugerencias, feedback, y todos estos documentos que van a ser sistematizados por la Secretaría Técnica son incidentes en la discusión”. Por lo mismo, durante las últimas semanas, la mesa ha mantenido reuniones con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, la Corte Suprema, la Contraloría y el Banco Central, entre otros.

La propuesta llega a la Convención luego de que se revelara que el convencional Jaime Bassa (Frente Amplio), en nombre de la mesa directiva, sondeara la semana pasada a un grupo de abogados y académicos para conformar un grupo técnico que asesore el trabajo de las comisiones de Normas Transitorias y de Armonización.