Cómo se orquestó y quiénes participaron en la decisión de Santiago de comprar la exclínica Sierra Bella
La polémica compra por parte de la comuna encabezada por Irací Hassler sigue instalada. Mientras la inscripción del negocio se encuentra paralizada por orden de Contraloría, el fiscal Patricio Cooper busca reconstruir cómo fue el paso a paso de la adquisición a fin de determinar si hubo o no ilícitos. Lo mismo han intentado hacer concejales de la comuna, advirtiendo cuáles han sido los puntos del proceso que generan dudas y que, finalmente, los llevó a rechazar la compra. Entre estos destacan las conexiones del director jurídico con el PC, así como los negocios con un abogado acusado por delitos de estafa y negligencias médicas.
Hasta mediados de noviembre del año pasado, la Municipalidad de Santiago tenía todo preparado para cerrar el trato -con la empresa Inversiones Las Malvas Spa- que les permitiría contar con su primera clínica municipal. Sin embargo, como indicó la administración dirigida por la alcaldesa Irací Hassler (PC), todo se derrumbó tras conocer que los dueños del inmueble lo habían traspasado a otra entidad, Inversiones Angosturas Spa. Ese fue el momento, comentan quienes fueron parte de las tratativas, en que comenzaron a evaluar otras opciones y llegaron a las dependencias donde operaba la exclínica Sierra Bella, que estaba en manos de Inmobiliaria San Valentino. Eso los llevó a hacer una millonaria oferta y, de paso, desencadenó una ola de críticas y cuestionamientos en contra de la jefa comunal, quien incluso es apuntada por parlamentarios republicanos como presunta autora del delito de estafa.
Pese a la serie de reproches, y a que el Ministerio Público ya ha instruido una serie de diligencias para determinar la veracidad de las acusaciones, desde Santiago son claros en descartar cualquier ilícito o anomalía administrativa. Todo comenzó, recalcan, porque canceladas las conversaciones con Las Malvas, lo que ocurrió formalmente el 9 de diciembre, debían seguir en búsqueda de otro espacio que les permitiera ampliar su red de salud. Y en ello, insisten conocedores de las negociaciones, fueron clave los titulares y funcionarios de la Dirección de Salud, de la Unidad Jurídica y de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan).
El fiscal Patricio Cooper, de la Fiscalía Metropolitana Norte, será el encargado de reconstruir cómo fue el paso a paso de la adquisición que hoy se encuentra paralizada por orden de Contraloría, y si se configura o no el delito de estafa que acusan querellantes. La Tercera PM analizó una serie de documentos referentes al proceso y que fueron entregados a los concejales.
La búsqueda
Como sostuvo en conversación con La Tercera Sábado la directora de Salud, Beatriz Chamorro, la primera en ver una oportunidad en la edificación que antes funcionaba como clínica fue una profesional del Cesfam Padre Orellana, el cual precisamente se buscaba reponer e instalar en el nuevo lugar que debía adquirir el municipio. “Aunque parezca anecdótico, fue así como la directora Chamorro se enteró de ese lugar y comenzó con los procesos”, sostuvo una fuente que estuvo al tanto del procedimiento.
De acuerdo con lo que sostienen desde la actual administración, las primeras diligencias realizadas por la profesional llevaron a que el jefe de la Unidad Jurídica, el abogado Jean Pierre Chiffelle, comenzara a recopilar los antecedentes necesarios para formalizar una oferta. O sea, el estudio de título, la justificación requerida para hacer la compra directa, las tasaciones y las respectivas aprobaciones de los concejales de la Comisión de Salud y del Concejo en pleno.
Lo primero en esa etapa fue que la Secretaría Comunal de Planificación, encabezada por el administrador municipal Luis Mayorga, solicitara las tasaciones correspondientes. Así, se encargaron a Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha, mismos profesionales que habían valorizado el inmueble ofertado por Las Malvas, según argumentan desde el municipio.
El 13 de diciembre ya estaban presentadas las tres tasaciones, por lo que ahí Chiffelle sacó el promedio y le entregó a la alcaldesa una propuesta de carta de oferta, dándole cuenta de las características del espacio a adquirir, del valor que tendrían, y de la serie de pasos que restaban para que la compra pudiese ejecutarse. Como advierten desde Santiago, Hassler y el administrador municipal aprobaron la carta propuesta, y el martes 26 de diciembre Mayorga envió la oferta a San Valentino, quienes aceptaron al día siguiente.
Modificaciones necesarias
Considerando que la oferta había sido aprobada y que a juicio de los profesionales que estaban evaluando espacios la exclínica era la mejor opción -por el poco tiempo que tardarían en habilitarla y como ya tenía resolución sanitaria para operar como centro de salud, como mencionan- a principios de enero Secplan y la Dirección de Salud requirieron la modificación presupuestaria que se necesitaba, pues se necesitaban poco más de $ 5.700 millones por sobre lo ya aprobado para reponer el citado Cesfam. Lo que se aprobó, como da cuenta un certificado firmado por Luis Mayorga, el 4 de enero.
Por lo mismo, el 6 de enero, Jacqueline Maramolí, jefa de Finanzas, emitió el certificado donde confirmaba que la municipalidad contaba con los fondos “para el financiamiento de los bienes y/o servicios adquiridos mediante: Trato directo, ‘Adquisición Inmueble Sierra Bella’”.
Así las cosas, el 10 de enero, en Comisión de Salud, se puso la información a disposición de los concejales. Esto incluyó, de acuerdo a uno de los presentes, el estudio de título que había elaborado Chiffelle, las tasaciones, los fundamentos de la compra y los antecedentes de vendedor. Todo, como habría certificado el secretario municipal subrogante, Mauricio Oros, se habría hecho llegar vía correo electrónico.
En paralelo, el 12 de enero, el Comité Técnico Administrativo del municipio, encabezado por María Angélica Barra, determinó acoger la recomendación del Departamento de Finanzas y de la Dirección de Salud y dio su visto bueno a la transacción, acción que quedó plasmada en su memorándum n° 7 de 2023.
Con esos documentos, entonces, el 13 de enero Elizabeth Díaz, Directora de Administración y Finanzas, remitió el memo 56 al secretario municipal, Patricio Ossa, para que se incluyera la discusión sobre la compra del inmueble en sesiones del Consejo. Tras ello, el martes 17 del mismo mes, en Comisión de Salud se pre aprobó la adquisición de Sierra Bella, lo que fue visado por la mayoría del Concejo en pleno al día siguiente, el 18 de enero.
En esa sesión, como recuerdan quienes estuvieron presentes, Chiffelle explicó que si bien San Valentino compró el recinto por mucho menos -pues privados podría establecer precios que estimen convenientes, como habría explicado el abogado-, ellos debían regirse por lo que indicaban las tasaciones, como se exige en compras públicas.
El comienzo de los cuestionamientos
Si bien dentro de los documentos de compra-venta de la exclínica Sierra Bella confluyen distintos actores del mundo jurídico, miembros del concejo municipal destacan a tres funcionarios municipales que fueron claves al momento de gestionar la compra del inmueble: la directora de Salud, Beatriz Chamorro; el director Jurídico, Jean Pierre Chiffelle y el director de la Secplan, Luis Mayorga.
Según constatan fuentes cercanas al municipio, fueron ellos quienes trabajaron de forma activa informando sobre las dudas del proyecto, así como gestionando las tasaciones y los procesos administrativos de la compra-venta. Nada anormal por lo demás, puesto que en cada proyecto que requiera fondos municipales deben estar presentes el área jurídica y de planificación.
Pero lo que llamó la atención de los concejales fueron las conexiones que estos tres funcionarios municipales -designados por Hassler al comienzo de su administración- mantienen con la izquierda, principalmente el PC. En principio, Chiffelle trabajó como abogado del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, mientras que Mayorga mantiene un pasado dentro de los partidos de la Concertación.
Para la concejala Camila Davagnino (PC), tales vinculaciones no tienen incidencia dentro del proyecto de compra de Sierra Bella. “En general, todos los cambios de administración implican este tipo de ajuste. Todos los alcaldes lo hacen y el administrador del área jurídica siempre es clave para estas gestiones. Por ende, nosotros trajimos a quienes considerábamos de nuestra confianza. No veo lo malo en aquello”, recalcó.
Pese a los planteamientos y defensa que ha hecho del proceso la jefa comunal, lo expedito y lineal del mismo son otro de los factores que se suman a las dudas de miembros del concejo, principalmente la aprobación del nuevo presupuesto que permitiría la adquisición del inmueble de Sierra Bella.
Rosario Carvajal (Ind.) indica que luego de que fueran notificados del cambio presupuestario notaron que “había algo turbio” dentro del proceso porque dentro de los documentos de compraventa existían incongruencias sobre quiénes eran los dueños del inmueble.
“Cuando ellos nos entregaron parte de los documentos el 3 de enero, ahí se nos indicaba que los propietarios era la Sociedad Médica Sierra Bella y ahí me preocupé porque nos enteramos por la prensa de que ellos estaban metidos en una querella por lavado de activos. Ahí es donde el director del área jurídica interviene y nos dice que no nos preocupemos, porque de forma paralela se había efectuado un cambio de propietarios y que ahora el dueño era la Inmobiliaria San Valentino. Yo me tengo que basar en los documentos que nos entregaron. Eso es una falta de rigurosidad enorme, sumado a que tampoco en el cambio presupuestario se adjuntaban las tasaciones para el nuevo inmueble”, sostiene la concejala.
Un punto que su par, Juan Mena (Ind.), también destaca. Es más, el concejal explica que el cambio de propietarios fue un elemento que complicó al municipio en su momento y que incluso se señaló como algo “perjudicial” para la administración debido a que tal movimiento había sido gestionado con fines de “operación tributaria” más que un cambio común de sociedad.
“Me parece muy raro el hecho de que el municipio no haya querido hacer trato con personas que estaban metidas en líos judiciales, pero aun así después concretaron la compra con Felipe Sánchez, el actual vendedor de Sierra Bella y que está acusado por la muerte de una mujer en diciembre. Es una situación fuerte, sobre todo viniendo de una alcaldesa que dice ser tan feminista; finalmente descartan la adquisición de una propiedad porque hay un traspaso de propietarios, pero, sin embargo, le compra a una persona que está con problemas judiciales por muerte y otros juicios por procedimientos en clínicas administradas por él”, recalcó.
Llama la atención de los ediles, asimismo, que en el contrato de compraventa un abogado que trabaja en la Municipalidad de Huechuraba, Pablo Casanueva, aparezca como representante de San Valentino y, que en una modificación de las escrituras efectuada el 13 de febrero pasado en la 41° Notaría, apareciera representando tanto a la inmobiliaria como al municipio.
Si bien en dicha modificación se corrigieron errores menores y se agregó que en el caso que la operación estuviera afecta al pago de IVA este correría por cuenta de la vendedora, abogados expertos en la materia aseguran que es sumamente extraño que la municipalidad le confiriera poder al abogado que representa a la contraparte en este tipo de diligencias.
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