¿Cómo y qué cambiar de la Carta Magna? Responden Atria, Bassa, Couso y Soto desde la oposición

De izquierda a derecha en el espectro político chileno, la mayoría está de acuerdo en algo: es necesario revisar y cambiar la Constitución. Sin embargo, el mecanismo y los ejes temáticos sobre los que deberían girar estos cambios aún no son tan claros.

Entre los abogados cercanos a la oposición hay algunos temas que suenan más fuerte que otros. Uno de ellos, la revisión del régimen presidencialista. "Reducir los poderes excesivos del Presidente de la República, porque tenemos un hiperpresidencialismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Congreso es el que define su propia agenda. Acá, hay un artículo de la Constitución que dice que el Presidente define las urgencias,y por lo tanto, el que define la agenda del Congreso es él", explica Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la UDP.

Con esto coincide Jaime Bassa, abogado constitucionalista cercano al Frente Amplio que propone también "avanzar hacia mecanismos de democracia participativa o directa. Hay varias instituciones que podían incorporar que podrían ser una base importante en la democratización del Estado". Pero también, a juicio de Couso y Soto, se deben revisar las atribuciones del Tribunal Constitucional, como el control preventivo.

La descentralización es otro punto importante en la lista de los académicos. "No solo la descentralización territorial, en el sentido de superar el Estado unitario, sino también el fortalecimiento de gobiernos locales. Regionalización, pero también fortalecimiento de los gobiernos locales en clave de autogobierno", explica Bassa.

La reconsideración de los deberes del Estado se suma a la lista. Soto afirma que la actual Constitución transforma el sentido que tienen los derechos fundamentales en el mundo, "muchas veces vinculados a deberes y garantías que debe entregar el Estado, y los transforma en libertades. Pasa en educación, en salud. Hay otros que no están reconocidos, como vivienda, que se debería integrar, existe un relativo consenso", indica. A esto adhiere Bassa, que sugiere que la Carta Fundamental debería ser más explícita en "los deberes del Estado, en orden de garantizar los derechos sociales de carácter universales, de modo que la satisfacción de esos derechos no dependa de la capacidad activa de cada ciudadano". Por ejemplo, en materia de derecho a la salud y a la seguridad social.

El reconocimiento a los pueblos originarios, y "el fin de las leyes de quórum orgánico constitucional y las leyes de quórum calificado es una cuestión que ha estado presente siempre", explica Couso. Que "todo lo que tenga que ver con educación, salud, todas las cosas que no sean propiamente constitucionales tengan quórum de ley simple, como en todo el resto del mundo, salvo algún caso excepcional". Así, terminar con las "supermayorías" de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio que piden las Leyes Orgánicas Constitucionales es otra de las temáticas que aparecen en la lista.

Fernando Atria, abogado constitucionalista y ex PS, difiere en la visión de determinar ahora puntos claves para el cambio. "Eso sería repetir el error de Lagos, de 2005, cuando hizo una reforma a la Constitución, no una nueva Constitución. El cambio constitucional no puede ser pensado como una lista de las disposiciones que tienen que ser modificadas y proponiendo redacciones alternativas. Eso podría haberse hecho así a principios de los 90, pero hoy día la Constitución creó una cultura política binominal que le causa daño al país, es necesario cambiar esa cultura", argumenta.

Anoche, el Gobierno se abrió a discutir una nueva Constitución, y el mecanismo que estableció -aunque sin dar mayores detalles- fue el del Congreso Constituyente. Para los abogados ligados a la oposición ello no es suficiente, y se debe aún definir la forma en la que se harán los cambios. Mientras el Frente Amplio, por ejemplo, apunta a una Asamblea Constituyente (AC), otros sectores apoyan la idea del Ejecutivo, mientras en sectores ligados a la DC respaldan una Convención Constituyente.

Patricio Zapata, abogado DC y quien fuera presidente del Consejo de Observadores del proceso constituyente de la expresidenta Michelle Bachelet, defiende que éste se realice mediante una convención constituyente. Hoy, en radio Cooperativa, explicó en detalle su propuesta. "Estoy convencido de que tenemos que tener que tener una elección de aquí a un año para que agreguemos al equipo que va a hacer este proyecto (el Parlamento) otros 50, 30 ciudadanas y ciudadanos que no quieren ser diputados o senadores. Personas que no tienen vocación política (...) que estén disponibles para dedicar parte de su tiempo a hacer un proyecto de constitución y que después vuelvan a hacer su trabajo. Tememos que insertarle esa ciudadanía al proceso para que no sean solo parlamentarios", declaró. Agregó que se debe construir este mecanismo "sin dogmas" sobre nombres y plazos, "más o menos rápido", con paridad de género, asegurando representación de regiones.

Soto añade que la Convención sería la salida más ágil. "La Convención tiene la virtud de que entremezcla representantes del Congreso, con representantes electos para este tema, que se vinculan a minorías, entonces no tendría el problema de esperar dos años, se podría integrar con actuales miembros", dice. Para él, el problema de realizar una Asamblea Constituyente, es que habría que definir "una serie de normas procedimentales de funcionamiento que el Congreso ya tiene ultra trabajadas", explica. Por lo tanto, el proceso podría demorar mucho tiempo.

Según Fernando Atria, aún no es claro qué significa cada uno de esos mecanismos. "Una AC es un órgano especialmente elegido para discutir una nueva Constitución, ahora, qué relación hay entre eso y un Congreso Constituyente, no tengo idea. No sé si el Congreso Constituyente es una AC con otro nombre o es el mismo congreso actual que puede cambiar o dictar una reforma constitucional", señala.

"Lo más desfavorable del Congreso Constituyente es la eventualmente baja incidencia de la ciudadanía en la decisión, pues participar no es lo mismo que decidir, y someter una decisión constituyente a las reglas de reforma constitucional de la Constitución vigente, lo que afectará seriamente la posibilidad de generar una Constitución efectivamente nueva", dice Jaime Bassa. En este proceso, la clase política "se aseguraría un control importante en el proceso y el contenido de la decisión".

Soto agrega a esto que "el problema del Congreso Constituyente es que hay que nombrar a un nuevo congreso, para que tenga un mandato constituyente. Este congreso actual no podría elaborar una nueva Constitución", explica. Por lo tanto, recién a partir de las próximas elecciones se podría abordar este proceso.

La AC, por su parte, es "un órgano representativo que se elige específicamente para dictar una nueva Constitución", por lo que tiene la virtud de la especialidad, dice Soto. "Una AC podría generar una instancia de legitimación democrática del sistema, desde una apertura radical a la participación de la ciudadanía", agrega Bassa.

Además "requiere de actos y voluntades políticas de la actual institucionalidad, lo que hace más difícil avanzar en ese sentido", dice Bassa.